Según el real Diccionario de la Lengua española, HURTAR ES “Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas.”

Y ROBAR ES “Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.”

De forma que, necesariamente, debe existir siempre un ladrón que hurta o roba y una víctima a la que se roba o hurta.

Bien, teniendo en cuenta ya estos conceptos,sabiendo ya de lo que se trata, os vamos a poner un ejemplo claro de cómo se roban un billón y medio de dólares.

La víctima es el pueblo libio, esté o no esté Gadafi al frente. Y el ladrón, los EE.UU. de Norteamérica. Si esa gran democracia. Ese pueblo de más de 300 millones de habitantes. Quien roba no es solo el gobierno de turno de los Estados Unidos, quien roba es cualquier norteamericano que se pasee por las calles de New York o cualquier parado de Detroit, pues son sus representantes legítimos los que realizarán el acto criminal. Lo mismo que son los españoles los responsables de las acciones del gobierno de turno cuando deciden mandar tropas a Afganistán en defensa de la libertad y la democracia aunque estos conceptos se desconozca en España.

Pues bien, pasemos a describir el modus operandis de la acción delictiva.

Sabemos que Libia tiene en diversas entidades la cantidad de 1,5 billones de dólares. En concreto en las siguientes entidades:

· Banco Central de Libia

· Autoridad de Inversiones Libia

· Banco exterior de Libia

· Cartera de inversiones de Libia en África

· y la Compañía Nacional de Petróleo de Libia

Bien, sabido esto, debemos decir que los Estados Unidos pretendieron apoderarse el lunes 8 de agosto de esos 1,5 billones de dólares de Libia, de propiedad estatal, de todos los libios,¡vamos!.

Asi el Martes, 09 de agosto 2011, , la secretaria del Comité de Sanciones Sana Khan, (Comité establecido por la resolución 1970 del Consejo de Seguridad) transmitió a la Comisión una notificación de Susan Rice, Embajadora, Representante Permanente de los Estados Unidos en las Naciones Unidas.

En dicha carta, cuyos documentos aportamos abajo en formato pdf para que se vea mejor, Washington informa a la Comisión de su intención de descongelar los 1,5 billones de dólares pertenecientes al Banco Central de Libia, a la Autoridad de Inversiones Libia, al Banco exterior de Libia, la cartera de inversiones de Libia en África y la Compañía Nacional de Petróleo de Libia.

Argumentando la laegalidad de este movimiento cuando los fondos están destinados a acciones humanitarias o civiles (artículo 19 de la Resolución 1970), indicando que Washington, unilateralmente, asignará esta cantidad de la siguiente manera:

500 millones de dólares a las organizaciones humanitarias de su elección “para hacer frente a las actuales necesidades humanitarias y las que se puede anticipar, en línea con el llamamiento de las Naciones Unidas y sus actualizaciones previsible”;

500 millones de dólares a “empresas de suministro de combustible y suministros humanitarios necesarios”;

500 millones de dólares para el Mecanismo Temporal Financiero (TFM) para “pagar los sueldos y gastos de operación de los funcionarios libios, gastos, comida, electricidad y otras compras de carácter humanitario”. De esta cantidad, 100 millones de dólares será aprovisionado para posteriormente ser asignados a las necesidades humanitarias de los libios en zonas no controladas por el Consejo Nacional de Transición (CNT) .

Es evidente que la intención de los Estados Unidos es apoderarse de $ 1500 millones para atribuirlos a sus propios servicios humanos (USAID …) otra tercera parte a sus propias multinacionales (Exxon, Halliburton, etc.), y los restantes de TFM, una oficina de LIEM, que es un organismo informal creado por Washington y respaldada por el Grupo de Contacto para administrar Libia.

Washington dijo que iba a considerar la posibilidad de la aprobación tácita del Comité de Sanciones en el plazo de cinco días de su recepción.

Desafortunadamente, Libia no pudo oponerse ya que no está representado en este comité. De hecho, el ex embajador ha desertado, y en violación del l’Accord de siège, el Departamento de Estado no ha emitido una visa a su nuevo embajador. Qué casualidad.

Asi que, aprovechando esta circunstancia,Washington, es decir, el pueblo norteamericano, tiene la firme intención de aprovechar esta ausencia forzada para quedarse con el botín.

( Por otra parte, Francia ya realizó un robo similar de $ 128 millones en las mismas condiciones. )

Además de la rapacidad de los Estados Unidos, este episodio increíble confirma que la auto-proclamada “Libia libre” Misrata Benghazi no se rige por el Consejo Nacional de Transición (CNT). Esta es sólo una fachada, además poco avenida. El este de Libia, controlado por la OTAN, es administrado por el Mecanismo de Intercambio de Información de Libia (LIEM), un organismo informal sin personalidad jurídica, creada en Nápoles por los Estados Unidos únilateralmente y a toda prisa, aunque algunos de sus empleados son italianos.

El dinero se presenta como asignado a la CNT en realidad son entregados a LIEM que se utilizan para los salarios a los miembros de la CNT y sus funcionarios. La diferencia es el tamaño: el Consejo Nacional de Transición no tiene una política específica, que se conforma con ejecutar la política de los Estados Unidos. Y eso es normal cuando se sabe que la CNT no se formó durante los sucesos de Bengasi, sino en Londres como un gobierno provisional en el exilio.

Por lo tanto, la acción militar de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN o el Consejo de Cooperación del Golfo no tiene la intención de aplicar la protección de los civiles en la resolución 1973, por no hablar de la “la liberación de los libios”, para la solución del país.

Pero como al ladrón no siempre le sale la jugada a pedir de boca, en última instancia, el Representante Permanente de Sudáfrica, Embajador Baso Sangqu, está dificultando la operación.

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Los documentos producidos en este episodio, muestran que los miembros de la CNT y su personal están directamente empleados por un organismo EE.UU..

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Los orígenes políticos de Estados Unidos surgieron de la lucha revolucionaria contra una aristocracia empeñada en mantener el status quo. Hoy la clase trabajadora se enfrenta a un enemigo no menos determinado: la clase financiera, los bancos, la cual sólo sabe reaccionar a la crisis que ella misma ha creado con ataques cada vez más feroces contra las condiciones de vida de la gran mayoría de la población estadounidense y de todo el mundo.

A la cabeza de esta clase dirigente se encuentra el gobierno de Obama, quien, con la ayuda de la prensa estadounidense y de los ámbitos políticos en general, insiste en que las reducciones presupuestales, valoradas en US$2.4 trillones (US$2.400.000.000.000) y consecuencia del último acuerdo sobre el presupuesto, representan solamente el “primer paso”, o sea, “el pago inicial” del ataque histórico contra los derechos sociales de la clase trabajadora, desde la atención médica para la salud hasta la educación pública.

Las reducciones al presupuesto se formularon en comunicación íntima y constante con un puñado de ejecutivos banqueros que hoy, puede decirse con claridad, tienen la última palabra en cuanto a la dirección política de EE.UU. Durante los seis días que precedieron al voto del Congreso esa semana, el jefe del personal de la Casa Blanca, William Daley, quien anteriormente había sido ejecutivo de JP Morgan Chase [institución bancaria], se unió a otros funcionarios del gobierno para conversar por teléfono con banqueros y otros ejecutivos de las empresas principales, tales como American Express y Honeywell.

El Wall Street Journal, a vísperas del voto en el Senado de Estados Unidos, informó que el ministro del Tesoro, Timothy Geithner, había llamado a Jamie Dimon, ejecutivo principal de JP Morgan, “para informarle acerca del acuerdo final”. Geithner bien sabía que si Dimon se oponía al acuerdo, éste iba a fracasar.

Muy lejos de postrarse ante el “chantaje” de los Republicanos—tal como los apologistas liberales e “izquierdistas” de Obama han pintado las acciones del mandatario durante los acontecimientos de la semana pasada—el presidente actuó como representante de los bancos al formular el acuerdo para reducir el presupuesto.

Los dos partidos políticos de Estados Unidos ya no pueden llegar a ninguna decisión importante sin que la clase dirigente banquera lo apruebe primero. Luego de haber pasado los tres últimos años saqueando el Tesoro de Estados Unidos para pagar las deudas irresponsables que Wall Street incurriera debido a la recesión del 2008, el gobierno de Obama trató de obtener el permiso de los bancos para poner en práctica el plan que obligaría a la clase trabajadora a pagar por ello.

Los bancos ejercieron presión—y lanzaron una carta abierta que advertía que sucedería una calamidad si el Congreso fracasaba en llegar a un acuerdo—y aparentemente convencieron a varios Republicanos recalcitrantes que se subscribieran al acuerdo de último momento. Pero una vez que la clase dirigente logró este fin, inmediatamente comenzó a abogar por ataques aún peores contra la clase trabajadora.

Las agencias que valoran la solvencia crediticia de las empresas, tales como Moody’s y Fitch, advirtieron que era muy posible que bajaran de categoría la deuda de Estados Unidos si el Congreso fracasaba en aprobar enseguida las medidas para reducir la deuda. Esta advertencia siguió los pasos de otra que Standard & Poor’s había hecho la semana anterior: que todo acuerdo que no redujera la deuda en por lo menos US$4 trillones (US$4.000.000.000.000) pondría en peligro su valoración de la deuda de Estados Unidos.

A medida que los temores acerca de una recesión de doble fondo en cuanto a la crisis de la deuda en Estados Unidos y Europa afectaría en la caída estrepitosa de los mercados los analistas de las finanzas y comentaristas de la prensa formularon una nueva narrativa. También se presentaron ciertas inquietudes debido a que Washington no tenía la “fuerza de voluntad política” para reducir drásticamente los antiguos programas de ayuda social y que, por lo tanto, estaba agravando la “incertidumbre del mercado”.

Aludiendo a la liquidación de acciones en el mercado, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, puntualizó que el acuerdo sobre el presupuesto debería enviarle al mundo entero un “mensaje tranquilizador ”: que el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una actitud bien seria en cuanto a la calibración del presupuesto.

El hecho es que las nuevas reducciones sólo han de intensificar la crisis mientras las espectaculares reducciones a las estampillas para alimentos, al seguro de desempleo, a la atención médica y a la educación eliminarán programas que hoy día son más necesarios que nunca para sobrevivir.

El gobierno de Obama ahora ha establecido el siguiente precedente: si la deuda del gobierno aumenta un dólar, los gastos sociales serán reducidos igualmente. Pero aún si en el 2021 los gastos discrecionales para fines no militares se redujeran radicalmente en un 33%—lo que terminaría en reducciones bestiales en las becas Pell, los programas de estampillas para la comida y otros programas—el techo de la deuda tendría que subir a US$ 6 trillones (US$6.000.000.000.000), según el Centro de Prioridades Presupuestales y Políticas.

Añade este informe que el esfuerzo por equilibrar, dólar por dólar, la deuda a través de los aumentos y las reducciones de los gastos requeriría la destrucción de una gran porción del programa de la Gran Sociedad y hasta del Nuevo Orden, lo que abriría paso a un gran aumento de la pobreza y la privación.

Y ahora, con millones de desempleados que no tienen la menor esperanza de encontrar trabajo, el gobierno, tanto a nivel federal como estatal, ya está en pos de reducir los beneficios de desempleo. El acuerdo sobre el presupuesto de Obama deliberadamente omitió toda extensión de beneficios federales para los más de tres millones de trabajadores desempleados a largo plazo. Estos podrían sufrir la desaparición total de su única fuente de ingresos para principios del 2012.

Según un informe nuevo del Departamento de Agricultura, hay una señal que subraya la crisis social: la cantidad de estadounidenses que reciben estampillas para la comida aumentó a casi 48.5 millones en mayo, lo que representa un15% de la población y bate el récord. El desempleo, las reducciones salariales y otros factores económicos resultaron en un aumento de 12% en el uso de las estampillas desde el año pasado. Desde mayo, 2009, el aumento ha sido en un 34%.

El jueves pasado, el New York Times reportó que, a medida que los gastos de los consumidores han declinado, las ventas de productos de lujo a los ricos casi llegan a niveles anteriores a la recesión. Estas ventas—inclusive cremas para la cara marca Crème de la Mer en US$1.650; botas de cuero Louboutin en US$2.495; abrigos Gucci en $11.950; y sedanes Mercedes Benz en US$200,000—aumentaron en un 11.6% en julio, o sea, el mayor aumento mensual en más de un año.

La reanudación de estos excesos se debe principalmente a la subida de la bolsa de valores luego de que el rescate del gobierno de Obama resucitara a los bancos y pusiera en manos de los ricos lo que casi puede llamarse el crédito gratis. Aún después de las ventas de acciones esa semana, el Dow Jones ha aumentado en un 80% desde su peor caída en el 2009.

La clase banquera gobernante preside sobre un sistema económico—el capitalismo—que sólo se dedica a un principio: la defensa de la riqueza de la clase gobernante y las ganancias de los bancos y las empresas principales.

Los sucesos de esta semana han dejado bien claro que la clase trabajadora internacional se está viendo cara a cara con la posibilidad de una depresión económica y ataques incesantes contra sus derechos sociales más básicos. A medida que las consecuencias de las reducciones presupuestales comienzan a dejar sus huellas, la clase trabajadora, abrumada por el peso de una crisis económica sin fin, comenzará a dar batalla. No lo duden

El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) rechaza los límites dentro de los cuales todo debate oficial acerca de la reducción del déficit toma lugar. El 1% más rico de Estados Unidos controla la mayor porción de la riqueza nacional como nunca antes.

Las ganancias de las empresas y de los jefes ejecutivos ya han rebasado los niveles que tenían antes de la quiebra. El problema no es que falta dinero, sino que las necesidades humanas son subordinadas irracional y destructivamente a las enormes fortunas personales de una clase dirigente parasítica.

Los trabajadores no son responsables de la crisis. El PSI llama a todos los trabajadores y a la juventud a que rechacen toda exigencia para que se sacrifiquen y a que movilicen su inmenso poder social para ponerle paro a las reducciones y defender sus derechos sociales.

Insistimos en que toda resolución de la crisis tiene que partir de su piedra angular: la expropiación de la riqueza de la aristocracia banquera y empresarial y quitarle control de la economía. Las enormes sumas de dinero que este sector ha monopolizado tienen que ser embargadas y ser puestas a disposición de la sociedad en general.

No es posible llevar a cabo la reestructuración de la sociedad para satisfacer las necesidades sociales sin que la clase trabajadora se apodere de, y controle, las fuerzas económicas principales. Ello significa la transformación de los bancos y de las empresas mayores en industrias públicas bajo control democrático, que es parte íntegra de la reorganización de la toda la economía.

Este programa sólo se puede lograr por medio de la lucha política. El gobierno de los bancos, el cual tanto los Demócratas como los Republicanos fielmente representan, tiene que ser reemplazado por un gobierno de la clase trabajadora. A saber, de norteamericanos.

Para poder entablar una lucha contra las bestiales reducciones adicionales que ya se asoman, la clase trabajadora tiene que romper decididamente no sólo con Obama, sino también con los dos partidos de las empresas y así emprender la lucha por el socialismo. Le instamos a todos los trabajadores y a la juventud que se unan al PSI y establezcan la dirigencia revolucionaria de la clase trabajadora.

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Ya ven, esto que ocurre en los Estados Unidos sería impensable en España, donde una democracia real nos protege absolutamente a todos. Y ello porque los partidos políticos son estatales, los Sindicatos son estatales. Hemos logrado establecer 17 autonomías que amortiguan el golpe. Los representantes de la ciudadanía española se sabe quiénes son y todo el mundo sabe a quién dirigirse para pedirle responsabilidades, efectivamente. La justicia es completamente independiente y no está influida por gobierno alguno.Punto clave en toda democracia que se quiera llamar tal.

Esto en España jamás ocurriría.

El marketing empezó con Jesús, hace ya 2.000 años. Empezaron en un humilde portal y ahora son una de las mayores multinacionales del mundo. Con larga y reputada experiencia en la venta de intangibles como la vida eterna, la jerarquía católica, por fin apegada a una cruz, la de la declaración de la renta, continúa dando lecciones de su insaciable voracidad por los bienes terrenales.

Si señores, con base en un oscuro regalo hecho por el gobierno del PP en 1998, los obispos españoles están apropiándose de miles de bienes comunales y municipales: viñedos, olivares, casas rectorales, atrios, iglesias, ermitas, garajes, solares, pisos, frontones, basílicas, concatedrales, pabellones polideportivos, cementerios y monasterios que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron y que ahora la pía Conferencia Episcopal comandada por el truhán Rouco está expoliando al conjunto de los españoles. Maricones o no se están petando de lo lindo a vuestra costa, capullos.

El marketing eclesiástico consiste en decir una cosa y hacer justamente la contraria, como los bancos pero sin letra pequeña. En su mensaje a la juventud europea, Ratzinger D, ese alto funcionario vaticano de rostro siniestro que se frota las manos como el Burns de los Simpson , llama a «rechazar los ídolos modernos del dinero, el poder, del tener e incluso del saber, para volver a la relación con Dios y buscar la verdadera felicidad». Con el mayor desparpajo, el opusino  Papa, máximo responsable de Instituto para las Obras de Religión, perifrástica y piadosa denominación del poderosísimo holding financiero del Vaticano, abrió el último Sínodo de Obispos contrastando la volatilidad, fantasía e incoherencia del capitalismo con la estabilidad y solidez de la palabra de Dios.

Mientras millones de seres humanos  desesperados ven cómo el Estado de bienestar que les ampara se desvanece, mientras se hunden las bolsas llenando los bolsillos del Instituto para las Obras de Religión –paraíso fiscal y tapadera de algunos de los mayores fondos especuladores del mundo y único Edén que puede garantizar el Vaticano-, el Papa aleccionó a las mitradas huestes:

«Vemos que en el derrumbe de los grandes bancos el dinero se desvanece, no es nada, y que todas esas cosas que parecen la única verdad con la que se puede contar, son en realidad de segundo orden». Reflexionando sobre la metáfora de la casa construida «sobre la arena o sobre la roca», el Papa, cubierto de armiño y rica pedrería, a salvo siempre el oro convertido en copones, miró por encima de sus gafas también de oro y explicó que aquellos que «construyen sólo sobre cosas visibles y tangibles, como el éxito, la carrera, el dinero», deben recordar que «en apariencia, estas cosas son la realidad, pero todo eso un día pasará».

Y mientras el futuro santo anuncia una cosa, hacen su opuesta, contradiciendo por lo demás la doctrina del galileo que dicen seguir pero del que se olvidaron hace tiempo. «Arraigados y edificados en Cristo», rezan los carteles que anuncian el Magical Mistery Tour pontifical con que nos obsequiarán el próximo mes de agosto monseñor Rouco y sus fans. Y para “arraigarse y edificarse” en condiciones, la Iglesia española se dedica a la rapiña de bienes raíces. Como tantos otros preceptos constitucionales convertidos en papel mojado (¿qué me decis del derecho a la vivienda de todos los españoles?), la separación entre Iglesia y Estado no cuenta para la legislación hipotecaria.

Valiéndose de su mayoría parlamentaria y haciendo bueno lo que recomendaba el Conde de Romanones para la tarea de gobierno -«Dejad que ellos (los diputados) hagan las leyes, que yo haré el reglamento»- el Gobierno presidido por José María Aznar, Legionario de Cristo consorte y deudor de la jerarquía católica que había hecho campaña para él desde púlpitos y micrófonos, lejos de acabar con el anacrónico privilegio registral otorgado a los obispos, lo amplió, modificando de tapadillo algunos artículos del Reglamento Hipotecario que, como el que no quiere la cosa, han transformado a los obispos en remedos de registradores o de funcionarios del catastro, autorizándoles a emitir unilateralmente certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos, lo que incluye los de culto, ermitas, catedrales y otros bienes que forman parte del patrimonio cultural de España, pero también todos los bienes raíces que no estén registrados por las administraciones públicas o por particulares. Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar: tres razones evangélicas, como cualquiera sabe.

Si nadie lo remedia, y nadie lo remediará,  miles de bienes raíces pasarán a engrosar las cuentas de Rouco y sus compinches, administradores terrenales de una Iglesia cuyo reino, según su padre fundador, «no es de este mundo». El dinero, algo tan prosaico y poco pío como el dinero, la encarnación del materialismo condenado de boquilla desde Roma por quien, olvidando que «el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza» (Mateo 8,20), viste sedas y brocados y calza zapatillas de Prada, se ha convertido en la atención preferente de nuestros prelados. Nada nuevo bajo el Sol. «¿Quién hace de piedras pan sin ser el dios verdadero…? El dinero», decía el católico Quevedo: la santa alianza entre la fe y el capital saca dinero a destajo de las piedras del común para hacer caja con la banca vaticana.

En su versión aznariana, la legislación hipotecaria no solo atribuye a los obispos el carácter de funcionarios públicos como en los mejores tiempos del franquismo, sino que permite a la Iglesia proceder a una desamortización inversa de la llevada a cabo por Mendizábal en el siglo XIX. Desde aquella modificación pepera, la Iglesia española ha encontrado por fin su Verbo: la inmatriculación, término legal con el que están esquilmando el dominio público. Dejándose de zarandajas tales como ocuparse de las víctimas de la pobreza que está generando la crisis, los prelados se han puesto manos a la obra en una frenética operación de recuperación de un patrimonio del que dicen ostentar su posesión sin más prueba fehaciente que su real gana, para desesperación de alcaldes y vecinos que cuestionan esa propiedad, costeada en muchos casos con dinero público.

Al Gobierno de este Estado aconfesional, que en sus relaciones con la Iglesia semeja un buen cristiano siempre presto a poner sus mejillas (y las nuestras) cuando le arrean, que cumple sumiso todas las penitencias económicas que le impone la Conferencia Episcopal para hacerse perdonar su laicidad, conviene recordarle ahora que si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, los obispos no pueden equipararse a funcionarios públicos y que no se pueden confundir fines públicos con fines religiosos ni a la Iglesia con una corporación de derecho público. Debemos recordarle también que el uso no determina la propiedad. No reconocerlo sería tan absurdo como decir que el guarda del Palacio Real puede inmatricularlo a su nombre simplemente porque los reyes ya no residen en él. Ni los reyes ni la Iglesia han puesto jamás un solo maravedí, doblón, duro, euro, peseta, céntimo o real para la construcción de su patrimonio. Todos ellos fueron construidos con dineros extraídos de las arcas del Estado, de los gremios, los concejos y las juntas vecinales que representaban al Estado. Así que, por mucho que se usen para fines religiosos, son y deben ser propiedad del Estado. El hecho de que el Estado y el gobierno hayan mudado a lo largo de los siglos su forma de organización no implica que hayan hecho dejación de sus derechos con respecto a terceras partes por influyentes en el otro mundo que estas sean.

Seguid votando y manteniendo así un régimen reaccionario que siempre camina bajo palio. La ruina no la trae el ladrón, sino quien se deja robar, quien permite o posibilita el robo con su pasividad.

Manuel Peinado