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Política

zorrón

A estas alturas, sólo los sordos y los ciegos pueden creer que el poder se halla en los gobiernos. Los amos del mundo no son los políticos, sino los banqueros. Un estudio realizado en 2011 por tres investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich reveló que 737 corporaciones transnacionales controlan el 80% de la economía mundial mediante una red de inversiones  que abarca el sector farmacéutico, la biotecnología, la farmacéutica veterinaria, el mercado global de pesticidas y el comercio mundial de alimentos. Dentro de esas 737 corporaciones, hay un “súper-núcleo” de 147 transnacionales que controlan el 40% de la actividad económica del planeta. Tres compañías monopolizan el 53’4% del mercado de la alimentación: Monsanto (26%), Dupont (18’2) y Sygenta (9’2), lo cual les permite especular con los precios de los alimentos. En los últimos años, se ha incrementado el precio del maíz (73%), los lácteos (83%), los aceites vegetales (60%) y el azúcar (20%). Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge & Born y Archer Daniels Midlands/Töpfer ejercen un control absoluto sobre los cereales y la producción de granos del mundo. También controlan casi todo el mercado de la carne, la leche, los aceites de mesa y grasas, frutas, azúcar y las especias, así como los medios de transporte que posibilitan su distribución. Las maniobras especulativas de estas empresas han empujado a la pobreza extrema a 44 millones de personas, sumando nuevas víctimas a esos 1.000 millones de seres humanos que padecen (y mueren) de hambre.

Detrás de estas transnacionales, se hallan las grandes entidades financieras, que diversifican sus inversiones para aumentar sus beneficios. Eso explica que las tres empresas financieras más grandes del mundo (JP Morgan, ICBC, HSBC) posean unos activos de 6’85 billones de dólares, rozando el PIB de China (7’9 billones). En España, el PIB del Banco de Santander (1’6 billones) supera el PIB nacional (1’3 billones). Todos estos datos pueden resultar tediosos, pero muestran la verdadera faz del poder. El mundo del capital ha sometido al mundo del trabajo, especialmente desde que se permitió la desmaterialización del dinero mediante la ruptura del patrón oro y se propició el endeudamiento de las naciones y los ciudadanos en sucesivas burbujas especulativas. En 2008, el volumen total de las transacciones financieras fue 60 veces superior al PIB mundial, pues los bancos privados crean dinero ex nihilo (mediante una simple anotación contable) y los bancos centrales protegen sus intereses, socializando sus pérdidas con rescates millonarios procedentes del dinero público. ¿Es posible acabar con esto? ¿Pueden los ciudadanos y las ciudadanas subvertir una trama que se está apoderando de la sanidad, la educación, las pensiones, el agua y las diferentes fuentes de energía (gas, electricidad y petróleo), mientras destruye los derechos humanos y laborales de un mundo cada vez más desigual e injusto? En España, se han endurecido las leyes represivas (reforma del Código Penal), se ha recortado la libertad de expresión (Ley Mordaza) y se mantiene una legislación antiterrorista, que ampara y promueve la tortura. Las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo prueban. España se encuentra en las posiciones más bajas del planeta en independencia judicial. La separación de poderes se ha convertido en un eufemismo. Podríamos decir que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial se han aliado en un frente común. Los grandes medios de comunicación mantienen un discurso unánime que recuerda la prensa del Movimiento. Sólo en las redes digitales puede encontrarse información honesta y creíble, pero no sabemos cuánto tiempo durará este privilegio, amenazado por la reforma del Código Penal de Ruiz-Gallardón.

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Invertirla

Debemos lamentarnos de que las nuevas generaciones hayan perdido el idealismo de los jóvenes que acudieron a España para luchar contra el fascismo, alistándose en las Brigadas Internacionales e inmolando su vida en el campo de batalla. Sin embargo, sería una injusticia no reconocer la existencia de infinidad de jóvenes que en la actualidad han sufrido los golpes de la policía o las abusivas multas de la Administración por luchar contra los desahucios, la corrupción de los partidos políticos, la privatización –abierta o encubierta- de los servicios sociales, la pérdida de derechos laborales, las obscenas desigualdades y el saqueo cometido por la banca, disfrazado de necesaria recapitalización para garantizar la solvencia y la liquidez de la economía española. Estos jóvenes represaliados han utilizado la desobediencia civil no violenta, pero su actitud pacífica no ha evitado que muchos acabaran con una brecha en la cabeza. No han sido tan desafortunados como los miles de jóvenes vascos que han soportado el régimen de incomunicación, cinco días infernales con torturas como la bolsa, simulacros de ejecución, vejaciones sexuales, privación de sueño y golpes por todo el cuerpo. No hablo del pasado, sino de la España de 2013. Vivimos un tiempo de barbarie y el derecho de resistencia parece la única alternativa capaz de producir un verdadero cambio político y social, pero tal vez olvidamos algo esencial. Las revoluciones no son posibles sin pegar un tiro.

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rebeld

Acogiéndome al preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y al Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, me declaro en rebeldía. Me proclamo desafecto al régimen de explotación e imposición de unas leyes injustas que atentan contra el pueblo, lo someten a un estado de indefensión y esclavitud y lo despojan de todos los derechos y la dignidad conquistada a lo largo de los siglos. Todo ello en favor de una clase cuyo poder se eleva sobre el sometimiento de millones de personas, y cuya riqueza se levanta sobre la miseria y la desesperación del pueblo. Una clase que ha constituido a su imagen y semejanza un modelo de Estado y un sistema económico que sirve única y exclusivamente a sus intereses. Contra éste, me declaro insurrecto. Contra éste, me declaro disidente. Contra éste,  me proclamo rebelde.

Dijo Juan Negrín que en España se demostró que los hombres podían ser derrotados a pesar de tener razón. Y sobre las cenizas de esa razón se erigió en España el régimen de la sinrazón. Un régimen cuyas leyes fueron escritas por manos asesinas, unas manos que durante cuarenta años siguieron matando, y manos que tras esos cuarenta años escribirían nuevas leyes para constituir un régimen de libertades ficticias donde el poder seguía recayendo en quienes todo lo tienen frente a los que cada vez han tenido menos. Frente a quienes sólo tienen sus manos: los trabajadores.

Hoy día, los herederos de la sinrazón escriben nuevas leyes contrarias a los derechos del pueblo, por lo que no deben ser consideradas como leyes en modo alguno, sino como imposiciones que deben ser derogadas por el pueblo y ante las que únicamente cabe una respuesta: la rebelión pacífica y la insumisión. Y para cumplir ese sagrado deber, me conjuro.

Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793

 “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurreción es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

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Lo de Garzón se llama cara dura: ese atributo mayor de la política española

«¡Estoy escandalizado! ¡Qué vergüenza! ¡Acabo de descubrir que aquí se juega…!». La escena persiste en la memoria del aficionado al cine. Casablanca. El pícaro capitán Renault debe cerrar el bar que un tal Richard Blaine —sublime Humphrey Bogart— regenta en la ciudad y que ha acabado por mosquear al coronel nazi Strasser. «¡Qué escándalo, qué escándalo, acabo de descubrir que aquí se juega!». El croupier se le acerca, obsequioso: «Sus ganancias en la ruleta señor». Renault toma el fajo de billetes con displicencia. Lo agita en dirección a la puerta: «¡Todo el mundo fuera! ¡Qué vergüenza, acabo de descubrir que en este local se juega!».

Garzón, la semana pasada, jugó a mimar el gesto del elegante corrupto al cual daba vida enCasablanca Claude Rains. Pero le falta clase al iletrado juez para dar ese toque de señorío en lo pútrido que era atributo del venal oficial francés. Renault ponía en el espectador una tenue sonrisa amarga. Garzón provoca la carcajada. Que es lo menos elegante en esta vida.

Porque Garzón acaba de hacer un descubrimiento. Fastuoso. Que en España no existe división de poderes. Si lo sabrá él, que pasó del judicial al legislativo y al ejecutivo, en ida y vuelta, sin más que suplicárselo al señor González, por aquel entonces omnipotente jefe máximo del Gobierno cuyo ministro del Interior acabaría en presidio como jefe de los GAL, grupo terrorista cuyo procedimiento él instruía. «¡Qué escándalo, qué escándalo…! ¡Acabo de descubrir que en este país no hay división de poderes!».

Lo que Garzón ha descubierto es que el presidente del Tribunal Constitucional estaba ligado a un partido político. O sea, lo mismo que todos sus miembros. No por azar, ni por maquinación. Por ley. Puesto que cada miembro del Tribunal Constitucional es consensuado entre los partidos parlamentarios, en aplicación de una exacta cuota. Y no es que cada uno de los sujetos que forman el Constitucional esté contaminado. Ni siquiera todos ellos en su conjunto. Está contaminada la norma que establece su nombramiento. Y la definición de su estatuto.

El Tribunal Constitucional no es instancia jurisdiccional. No es, pues, poder judicial. Es, en tanto que intérprete último de la Constitución, poder político. Pero su estatuto es ambiguo. Tanto como para funcionar como instancia de revisión del Supremo. Con lo cual, el Supremo deja automáticamente de serlo y todo el sistema judicial español queda deslegitimado. Eso y el nombramiento por los partidos del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, invalida la plenitud democrática de la democracia española, al vulnerar la división y autonomía de poderes, «sin la cual», escribía Sieyès, «no hay Constitución».

Lo de Garzón se llama cara dura: ese atributo mayor de la política española. Porque toda su carrera se alzó sobre esta invasión de lo político en la magistratura. Hasta que fue expulsado como delincuente. Exhibe ahora el plácido cinismo de Renault: «¡Estoy escandalizado!» Pero le falta clase.

Gabriel Albiac.

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En España, la unidad de la oposición a la dictadura, como medio de acabar con ella creando una alternativa viable de gobierno democrático, era una aspiración de los elementos sociales que, sabiéndolo o no, tenían necesidad de libertad política para desarrollar sus potencialidades o, simplemente, para vivir con decencia pública. Pero la realidad realizada (realismo) hace parecer utopía, en la cuestión del poder, a la realidad realizable. Mucho más que el miedo y los intereses creados, lo que da consistencia y duración al poder arbitrario constituido en el Estado, sea como dictadura o como oligarquía de partidos, es la debilidad del entendimiento para percibir la dimensión no realizada de la realidad actual. La idea de realismo opera en la conciencia intelectual al modo como el cinismo lo hace en la conciencia moral. Dos reacciones de una misma impotencia para valorar la parte virtual de lo real. Por realismo chato se aceptó la dictadura, se despreció a sus opositores y se fundó la cobardía nacional. Ante este crudo sentido del realismo, que los niños no tienen, la inteligencia adulta se refugia en los dos hábitos que digieren el mal actual. En la hipocresía, si es obtusa. En el cinismo, si es aguda. Dos vicios de la madurez realista.

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Para probar la inconsecuencia de los partidos cuando decidieron abandonar la «ruptura democrática» y acogerse a la hospitalidad «a mesa y mantel» de la Reforma, no basta con demostrar que la democracia era posible. Pues entre la posibilidad y la necesidad se abre un espectro de expectativas que ofrece siempre un sitio, «entre la copa y los labios», para frustrar lo probable. Y lo que importa, en la Transición española, es la total arbitrariedad de la causa que frustró la ruptura democrática de aquella legalidad dictatorial, cuando el proceso de liberación estaba realizado en lo más difícil. El Referéndum autoritario a final de 1976 aumentó la credibilidad de la Reforma liberal de la dictadura. Que de ser algo posible, con Arias, se convirtió de repente, con Suárez, en algo probable. Los partidos integrados en la Platajunta, salvo el PC, fueron demasiado tibios en la campaña por la abstención. Al comenzar el año 1977, el futuro político estaba pendiente de un hilo. El grado de probabilidad de triunfo de la Reforma estaba empatado con el de la Ruptura.

Por ser dos procesos de carácter voluntario, promovido uno por un Estado dictatorial predispuesto a otorgar libertades, y otro por la Sociedad civil dispuesta a conquistarlas, todo dependía de la firmeza y determinación de los dirigentes de ambos en la persecución de sus objetivos antagónicos. No se trataba de dos caminos diferentes para llegar a la misma meta. La Reforma no podía permitir que el pueblo eligiera la forma de Estado y de Gobierno, ni que los hombres de la dictadura se apartaran del poder estatal. Mientras que la Ruptura exigía la apertura de un período constituyente de la democracia. Tampoco se trataba de elegir entre Reforma o Ruptura, pues las concesiones liberales dependían exclusivamente de la voluntad del Estado. Nada impedía que, con la legislación reformista, la Ruptura continuase su proceso con más facilidad. Y es absurdo pensar que alguien se opusiera a conseguir mediante un pacto con el Gobierno lo mismo que hubiese obtenido con el enfrentamiento. Pero era contrario a la lógica política, al buen sentido, al respeto de sí mismo, al deber de coherencia y a la necesidad de lealtad con los demás, que la alternativa Reforma o Ruptura se resolviera con una mera elección entre una de esas probabilidades. Un tipo de elección, propia del probabilismo, que no puede hacerse sin que medie la traición.

La elección probabilística, en la que se inspiró la casuística del jesuitismo, sacrifica los principios a la situación, no «el caso» a los principios. Su justificación moral la inició un dominico de Valladolid, Bartolomé Medina (1525-1580): una opinión probable puede admitirse incluso en el caso de que la opinión opuesta sea probable. Sobre todo si se hace más probable («probabilior») con el paso a ella de la opinión adversa. Éste ha sido el fundamento doctrinal de la traición en todas las éticas de la situación, tan consustanciales a la filosofía mundana -desde el prudencialismo de Gracián y el circunstancialismo de Ortega al situacionismo de Aranguren-, y a la triste tradición del pactismo político. Que se hace siempre sobre las espaldas del pueblo. Llamo traición al acto de sacrificio de la democracia que realizaron los partidos ilegales, en aras de su legalización y de su participación en un sistema oligárquico de poder estatal. Una traidora violación del compromiso público de abrir una fase constituyente de la forma de Estado y de Gobierno mediante elección popular, que todos los partidos perpetraron tan pronto como fueron invitados a entrar en Palacio, un año después de firmar ese compromiso y gracias a la elevación política que de ellos hizo el movimiento social por la ruptura democrática. No los llamo traidores por el mal gusto de usar palabras fuertes, cuando son gratuitas, sino porque no hay otra que defina mejor la felonía probabilista.

AGT

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Pocas veces tendremos ocasión como hoy día para demostrar la falsedad social del mundo político. Para tomar la medida a una Constitución de la fantasía donde se garantiza la orientación al pleno empleo y la irretroactividad de las leyes restrictivas de derechos. Para desnudar una sociedad política que legisla, casi en pleno, contra la «sociedad social». Para revelar el grado de aislamiento social de un Gobierno donde prevalece, contra el interés de los gobernados, la ambición de una jefatura de la mediocridad al servicio doméstico de los poderosos. Para ver la pornografía de una oposición que planea el asalto al poder por etapas de crítica o colaboración programadas, contra el orden de apremio de los problemas, según necesidades de imagen. Para comprender, en fin, que la corrupción y la incompetencia de la clase gobernante provienen del juego institucional del Estado de partidos. Es la lección magistral que la sociedad civil puede dar a la sociedad política.

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peter-dale-scott
 
El investigador y ex diplomático Peter Dale Scott compara los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el asesinato de John F. Kennedy y el atentado de Oklahoma City. Y demuestra así la permanente existencia de un Estado profundo, más allá de las apariencias.

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 django

Coincidiendo con la segunda investidura de B. Obama el aparato de propaganda y adoctrinamiento del imperio ha presentado dos películas cuyos contenidos y mensajes son el etnicismo pro-negro, el enfrentamiento entre las razas y, sobre todo, el militarismo. Se trata de “Lincoln”, de Steven Spielberg, y “Django desencadenado”, de Quentin Tarantino.

 Parece evidente que las dos cumplen un mismo objetivo, azuzar el victimismo de la gente negra, expandir el racismo anti-blanco y, como resultante, hacer de la población negra de EEUU los nuevos centuriones del capitalismo norteamericano. La una y la otra se proponen, en definitiva, llevar más y más personas negras, varones y mujeres, a las filas del ejército y la policía del imperio.

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