Como elementos decisivos para optar por un candidato u otro están el fracaso militar y la crisis financiera. Y la oligarquía estadounidense ya ha tomado una decisión: claramente renuncian al choque de civilizaciones y al proyectado rediseño de Oriente Medio, siendo Obama quien les sirva para renovar la politica exterior, aguantar la crisis y anunciar la bancarrota del país soportando las revueltas sociales que se avecinan en Estados Unidos.

Hablemos del sistema electoral norteamericano, que es un verdadero rompecabezas que la mayoria de los ciudadanos no alcanzan a entender muy bien. La Constitución de los Estados Unidos se concibió como reacción a la Declaración de independencia y su objetivo era detener un proceso potencialmente revolucionario y crear una oligarquía nacional que sustituyera a la aristocracia británica. Alexander Hamilton concibió un sistema que impidiera toda forma de soberanía popular: el federalismo.
Hamilton, no concibió el sistema de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No federó comunidades locales para crear un Estado sino que dividió el Estado utilizando comunidades locales. Esa ambigüedad fue lo que dio lugar a la Guerra de Secesión, sobre la que hay que recordar que no tuvo nada que ver con la esclavitud, que fue abolida por el norte durante la propia guerra para poder reclutar masivamente a los negros.
Para Alexander Hamilton, el miedo al «populacho» y el deseo de crear una oligarquía estadounidense equivalente a la gentry británica eran obsesiva. Con el tiempo su corriente política concibió todo tipo de barreras para mantener al pueblo lejos de la política. Es sabido que cada Estado dispone de sus propias leyes, una locura. En general, el objetivo de esas leyes es limitar la posibilidad de creación de un partido político y la presentación de candidatos a las diferentes elecciones. En la mayoría de las elecciones locales está prohibido presentarse como candidato sin la investidura ( por el tamiz) de un partido. En la práctica es imposible crear un nuevo partido.

Por ejemplo, en Nueva Jersey hay que reunir al 10% de los electores para poder crearlo, condición que –como todo el mundo sabe– es irrealizable e impide definitivamente que los pequeños partidos estadounidenses puedan abrir hueco en el Estado de Nueva Jersey. Nos encontramos pues ante un sistema totalmente cerrado sobre sí mismo en el que, en definitiva, la vida política se ve confiscada por los responsables de los dos grandes partidos políticos a nivel de cada Estado. Es impensable poder desempeñar cualquier papel si no se logra antes ser cooptado por esa gente.

Hay que entender que Estados Unidos no es, ni ha sido nunca, ni quiere serlo un Estado democrático. Es un sistema oligárquico que concede gran importancia a la opinión pública pero para prevenir cualquier intento revolucionario. Salvo raras excepciones, como Jessie Jackson, ningún político estadounidense pide ni pedirá jamás que se reforme la Constitución y que se reconozca la soberanía popular. Por eso resulta comico oir decir al payaso de Bush que va a «democratizar» el mundo en general y el Gran Medio Oriente en particular.

En Estados Unidos los electores y los grupos de poder que copan los partidos no son lo mismo. Quien realmente elige al presidente de Estados Unidos es un «Colegio de Electores» de 538 miembros y cada Estado dispone de una cantidad de colegiados similar a la cantidad de escaños que le tocan en el Congreso (entre diputados y senadores). Y como resulta lógico, las colonias, como Puerto Rico o la isla de Guam, están excluidas de ese proceso.

Cada Estado establece sus propias reglas para designar a los grandes electores. En la práctica se trata de armonizar esas reglas entre sí. Hoy en día todos los Estados , menos los de Maine y Nebraska que han inventado sistemas complejos, consideran que los grandes electores representan a la mayoría de la población.

En caso de que los grandes electores no arrojen una mayoría de votos y se produzca un empate entre dos candidatos, es la Cámara de Representantes quien elige al presidente y el Senado elige al vicepresidente. Tanto las primarias como las convenciones cumplen dos objetivos. Desde el punto de vista interno, permiten tomar el pulso de la opinión pública y evaluar hasta dónde se la puede “forzar”. En el plano externo, consiguen ofrecer al resto del mundo la ilusión de que esta oligarquía es una democracia.

Se suele pensar que las primarias permiten evitar amaños y posibilitar a los militantes de base de los grandes partidos escojer al candidato. Se eso nada, pues, no son los partidos políticos los que organizan las primarias sino el Estado local. Están concebidas, conforme a lo que quería Hamilton, para garantizar el control oligárquico del sistema y cerrarle el paso a las candidaturas disidentes.

Cada Estado tiene sus propias reglas para la designación de sus delegados a las Convenciones federales de los partidos. Hay hasta seis métodos principales junto a otros métodos mixtos. En algunos hay que tener un carnet de miembro del partido para poder votar, a veces los simpatizantes pueden votar junto a los militantes, a veces todos los ciudadanos pueden votar en las primarias de los dos partidos, a veces todos los ciudadanos pueden votar solamente en la primaria del partido que ellos mismos escojan, a veces los dos partidos realizan una primaria común de una sola vuelta, otras veces son a dos vueltas. Existen todas las combinaciones posibles de todos esos métodos. Cada primaria, en cada Estado, tiene por tanto un sentido diferente.

Y , por supuesto, también hay Estados que no tienen primarias sino caucus. Por ejemplo, en Iowa se organizan escrutinios totalmente distintos en cada uno de sus 99 condados, donde se eligen delegados locales, que a su vez realizan primarias de segundo grado para elegir a los delegados que irán a las Convenciones nacionales. Es exactamente lo mismo que el sistema del supuesto «centralismo democrático» que tanto gusta a los estalinistas. Tradicionalmente este circo comienza en febrero y dura 6 meses. Pero este año el Partido Demócrata modificó su calendario. Adelantó el comienzo del proceso y quiso repartir las fechas para que la diversión durara durante todo el año. Esa decisión unilateral no fue fácil de aplicar y provocó un gran desorden ya que, repito, no son los partidos los que organizan las primarias y los caucus, sino los Estados.

Al final del proceso, los delegados se reúnen en la Convención de su partido. En ese momento se unen a ellos los superdelegados, que –contrariamente a lo que esa denominación parece indicar– no son delegados de nadie. Son miembros por derecho propio, o sea notables y cuadros dirigentes partidistas. Los superdelegados representan a la oligarquía y son lo suficientemente numerosos como para inclinar la balanza en un sentido o en otro, pasando por alto el resultado de las primarias y los caucus. Serán el 20% de los participantes en la convención demócrata y casi el 25% en la convención republicana (aunque esta última no será más que una formalidad ya que McCain es el único que queda).

Como se ve las primarias en los caucus no sirven para nada, por lo menos en lo tocante a la designación de los candidatos. Pero ese gran show permite reducir casi a cero la conciencia política de los estadounidenses. Los grandes medios de prensa mantienen en vilo a personal con el conteo de delegados y de donaciones. Ahora se habla de la «carrera» por la Casa Blanca y de records, como si fuera un maratón televisivo o la Star Academy.

Se mantiene artificialmente un «suspense» para poder captar la atención de la multitud y repetir el mismo mensaje el mayor numero de veces. ¿No ha observado la cantidad de veces que los grandes medios de prensa nos han anunciado que tal dia es decisivo? Pero cada vez se produce un resultado inexplicable que permite que el candidato en apuros se mantenga en la competencia para poder continuar con el show. En realidad el espectáculo está amañado.

En 17 Estados se instalaron máquinas de votar que no ofrecen ninguna posibilidad de verificar los resultados del voto electrónico. Sería preferible no votar y dejar que los candidatos se las arreglen ellos solos para inventar los resultados. Todo eso se acompaña de mensajes subliminales dudosos. Por ejemplo, McCain escogió como slogan la «defensa de la libertad y de la dignidad», que él expresa como la libertad religiosa y la abolición de la esclavitud. Lo cierto es que cuesta trabajo creer que sean esas las preocupaciones fundamentales del ciudadano de a pie. ¿A quién se dirige entonces ese slogan?. La señora Clinton proclamaba «Cada uno en su sitio», lo que quiere decir qu si ella estuviera en el poder nadie quedaría abandonado. Pero también significa que la gente tiene que mantenerse en su lugar y que no debe tratar de aspirar a nada o meterse en asuntos que no les compete, que dejen en paz a la oligarquia.

Obama, por su parte, escoge el slogan «Change». Lo que quiere decir que Estados Unidos necesita un cambio, pero también recuerda un cambio de buró. No debe olvidarse que en inglés la palabra «change» designa la moneda que le devuelven a uno. En plena crisis financiera eso distrae bastante.

Ocurre que como los tres candidatos, ahora ya dos, son afines al complejo industrial-militar, en definitiva se trata de una subasta. Los tres principales candidatos en disputa están dando cada vez más señales de lealtad al complejo militar-industrial. Es una subasta en la que, efectivamente, McCain no necesita probar nada, pero sus competidor no se quedan atrás. Tal es así que pudimos oír a Obama ofrecerse para bombardear Pakistán y, hace unos días, Clinton amenazó a Irán con «borrarlo» del mapa mediante el fuego nuclear. ¿Quién da más?.

El consenso entre candidatos es absoluto sobre las principales cuestiones de politica exterior y de defensa:
- Ambos consideran que la defensa de Israel constituye un objetivo estratégico de Estados Unidos;
- Ninguno tiene un plan de salida de Irak;
- Y los dos presentan a Irán y al Hezbollah libanés como amenazas importantes para la estabilidad internacional.

Sin embargo, existe una diferencia entre los dos candidatos y reside en el debate que acaba de cerrarse en el seno del complejo militaro-industrial. McCain y su consejero Kissinger sostienen el principio de enfrentamiento directo mientras que Obama y su consejero Brzezinski proponen un dominio [estadounidense] a través de representantes. Y es precisamente de ese debate que depende la designación del próximo presidente. Clinton y su consejera Albright encarnan un imperialismo normativo que ya resulta obsoleto. Y su temática o posición ya no le interesa a la industria del armamento. está fuera de juego por tanto.

Por otro lado no cabe que la gente se deje llevar por las problemáticas y miedos que imponen los grandes medios de prensa, pues no cambia gran cosa saber si Estados Unidos mantendrá, con McCain como presidente, 100 000 soldados y 200 000 mercenarios en Irak o si, con Obama, disminuiría la cantidad de soldados y aumentaría la de mercenarios. Lo importante es saber si Estados Unidos cuenta todavía con los medios que exigen sus ambiciones y si puede gobernar el mundo –como aún pretenden los neoconservadores– o si están minados desde adentro y tienen que renunciar a su sueño imperial para evitar el derrumbe –como ya explicó la Comisión Baker-Hamilton.

Lo cierto es que la vertiginosa caída del dólar marcó el fin del imperio. Hace 10 años, con 8 dólares se compraba un barril de petróleo. Ahora se necesitan 135 dólares y dentro de dos meses probablemente se necesitarán 200. Además, la desbandada de las milicias del clan Hariri, que huyeron dejándole el campo de batalla al Hezbollah –en pocas horas y tirando sus armas a la basura–, demuestra que ya no es posible recurrir a los subcontratistas para garantizar los servicios de policía del imperio. En esas condiciones, McCain no ofrece ya ningún interés para la oligarquía. Obama y Brzezinski son los únicos portadores de un proyecto alternativo: salvar el imperio privilegiando la acción secreta (poco costosa) por encima de la guerra (demasiado onerosa). Es muy sorprendente ver que Barak Obama, quien afirma querer un cambio en la sociedad estadounidense, ha escogido como consejero a Brzezinski, cuando se sabe que este es un ideólogo que implicado en sórdidas operaciones secretas: golpes de Estado, sabotajes y otras acciones criminales. El elegido por la oligarquia Norteamericana, Barak Obama, tendrá que enfrentarse a la suspensión de pagos de varios Estados, que no podrán seguir pagando los salarios de sus propios funcionarios ni garantizar los servicios públicos. Estará demasiado ocupado con el caos interno como para poder realizar los planes de Brzezinski.

Una teoría que ha identificado la verdad política con la libertad de acción colectiva, comienza a ser activa con ese descubrimiento. A diferencia del efecto contemplativo causado por las verdades puramente teoréticas o estéticas, el conocimiento de la identidad verdad-libertad produce al instante una verdadera con-moción, es decir, un impulso instantáneo de moverse hacia los demás, en busca de compañía para vivir en la verdad con la acción colectiva de la libertad.

Una conmoción mental y espiritual que se traduce en determinación para la acción, en estar dispuestos a la libertad. Esa determinación es, por sí misma, una acción espontánea y horizontal, distinta de las acciones basadas en la verticalidad de las relaciones organizativas. El impulso para la acción colectiva que haga obrar a la libertad política, no proviene de tendencias altruistas carentes de otros campos de satisfacción. Ni lo causan sentimientos de culpabilidad sublimados en un deber social. Tampoco responde a la aspiración existencialista de una vida auténtica, creyente de que hacer “algo” es hacerse a sí mismo. Pues si ese algo es libertad colectiva, todos se hacen a sí mismos y a los demás. El ímpetu del nuevo saber, el de la verdad-libertad, sale de una inspiración intuitiva. La de que es posible realizar lo tanto tiempo deseado, y que parecía imposible: una creación cultural y política, donde se disuelva la servidumbre voluntaria y se resuelvan los conflictos sociales, en la polaridad opositiva Estado-Sociedad.

Pero nuestra teoría de la verdad-libertad, y la propia naturaleza democrática de la República Constitucional, son incompatibles con cualquier tipo de acción que se proponga la conquista del Estado, pues su único objetivo es la conquista de la sociedad civil o, mejor dicho, la conquista de la hegemonía política en todos los ámbitos culturales de una sociedad plural y moderna. Por ser pública, continua y gradual, la acción república se separa abismalmente de las acciones secretas, repentinas, discontinuas y técnicas, que Malaparte consideró típicas de los golpes de Estado. Por ser ciudadana, se distingue ontológicamente de la praxis marxista, que pretendió dar conciencia de clase al movimiento obrero, frente a la identificación de la clase burguesa con el Estado.

Una conciencia unitaria de clase autosuficiente que el movimiento sindical no podía dar, al estar basado en la obtención paulatina de mejoras laborales, mediante huelgas parciales y pactos con el enemigo patronal, a quien legitimaba en tanto que parte contractual propietaria de los medios de producción. Y por ser coherente con la teoría de la que se desprende, la acción república combinará el principio de individuación con el de individualización, para hacer del distrito electoral la mónada de coordinación del movimiento ciudadano por la libertad política.

Al no observarse por ningún lado la voluntad de regenerar la moral profesional y la ética política, no consiguen devolver al ánimo público un panorama de trabajo y de honradez. En cambio, como novedad evolutiva de la “democracia juancarlista” se ofrece dinero a cambio de votos. Por eso, es natural que las esperanzas de un cambio en las condiciones morales y materiales de la vida cotidiana, con un sistema económico que confía al Estado más de la mitad de la renta nacional, se pongan en la sociedad política antes que en la sociedad civil.

En la circunstancia española resulta ridículo recurrir a lo que los ciudadanos pueden hacer por el Estado y no a lo que éste debe hacer por ellos. Bastante mal hemos hecho, entregándoselo a una oligarquía de incompetentes aprovechados, como para pedir a los ciudadanos una renovación de su confianza sin un cambio institucional que lo justifique. La necesidad de cambiar el sistema de poder no la determina el desengaño de la sociedad civil ante una sociedad política de carácter irremediablemente antidemocrático.

Los desengaños sociales legitiman los cambios políticos pero no los producen. Por muy grande que sea el descontento y la frustración de los ciudadanos en el Estado de partidos, esta forma arbitraria de dominación política durará mientras las clases ricas mantengan sus perspectivas de crecimiento y las clases pobres, sus derechos de asistencia social.

Por triste que parezca, no es la falta evidente de libertad política la que está provocando la necesidad de un cambio democrático en las formas de Estado y de gobierno. El final de la ilusión del Estado de partidos es consecuencia de la desilusión de las clases ricas en su porvenir europeo, por el lastre del Estado corrupto de las autonomías, y de la inseguridad de las clases pobres, por la incertidumbre que se cierne sobre el Estado de Bienestar.

Son los problemas acuciantes, y no los grandes ideales, quienes exigen imponer soluciones políticas. La naturaleza del cambio que necesitamos está condicionada por la de los problemas que sufrimos, y no por la de las ideas o intereses que profesamos. Pero sucede que la democracia formal, no siendo en sí misma solución para ninguno de los problemas sociales, salvo el de la lucha por el poder, es el único método de que disponemos para resolver de modo pacífico esos problemas, con distintas y libres opciones de gobierno.

Los tres obstáculos que nos impiden tener opción a un buen Gobierno son: la constricción política de la conciencia nacional; la corrupción de la clase dirigente; y la incompetencia de la clase gobernante. La solución adecuada es la transformación del Estado de autonomías en Estado nacional descentralizado; cambio del régimen parlamentario por un sistema presidencial con separación de poderes; y sustitución del criterio electoral de diputados de lista por el de diputado de distrito.