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September, 2010 Monthly archive
No hay nada más difícil de predecir que los cambios políticos. La ciencia política no ha sido capaz de encontrar una respuesta plausible a este fenómeno. Ello se debe a la espontaneidad de la acción política que hace posible el cambio. Los cambios políticos para ser verdaderos no pueden sustentarse, como hacen con palmaria falsedad los propagandistas de la Transición, en el tránsito de un régimen autoritario a otro democrático bajo el paraguas legal del régimen al que trata de sustituir.
 
Resulta así que el régimen democrático se construye con la legalidad de un régimen autoritario. Este absurdo que es perfectamente comprensible por cualquier estudiante de primero de Derecho, es lo que viene sosteniendo contra el sentido común el régimen partitocrático.
 
Es perfectamente comprensible que los autores intelectuales del engaño e intoxicación masiva de la sociedad española y sus herederos defiendan a capa y espada esta aberración que haría sonrojar al que la sostuviera en un país serio.
Es normal que este delito continuado contra la más elemental regla de la acción política encuentre sus cooperadores necesarios en los aparatos financieros y mediáticos interesados en el mantenimiento del régimen que los ampara y enriquece.
 
Es normal que la propaganda oficial encuentre acomodo en las aulas universitarias donde miles de estudiantes se vean obligados a estudiar textos políticos que establecen como verdad absoluta lo que jamás se hubiera pensado.
 
Es normal que los aparatos de propaganda oficial y los grandes grupos mediáticos perviertan el lenguaje hasta hacerlo irreconocible.
 
Lo que es anormal es la extrema ingenuidad en la que se encuentra sumida la sociedad española ante el régimen de partidos, al que siguen confundiendo con la democracia, a pesar de la extrema degradación a la que ha llegado la vida pública.
 
Y mientras eso ocurre, la España ilusa espera un cambio de partido en el gobierno para recobrar nuevas esperanzas, sin entender que España camina a pasos agigantados hacia el abismo. Sin comprender que España se define por un régimen político que niega a sus ciudadanos el derecho a elegir y deponer libremente a sus representantes.
 
Nadie como García-Trevijano ha sido capaz de explicar que, para salir de la crisis económica, hay que pagar el precio de entrada en la crisis política, antes de la que la causa general de los aparatos de partido termine por arruinar la causa general de España. Unas nuevas elecciones podrán cambiar el gobierno pero dejará intacto el régimen político, que sólo puede ser cambiado por la sociedad civil. Será la toma de conciencia de la sociedad civil el verdadero factor del cambio, que cristalizará sin predeterminación y a la menor oportunidad.
 
La espontaneidad de la acción que conduce al cambio político explica que no resulte sorprendente que no aparezcan signos evidentes de esa toma de conciencia ni siquiera en este Diario que es refugio de millares de españoles decentes. Tampoco resulta extraño que la propuesta de Rebelión Cívica y la convocatoria de una Asamblea con diez puntos programáticos para el debate, sólo haya sido objeto de atención por dos o tres comentaristas.
 
Ignoro cuál será la acción determinante que derribe los aparentemente sólidos e infranqueables muros de la partitocracia, pero el reguero de pólvora que va soltando este régimen hipócrita y caduco va preparando la mecha para que prenda la chispa que lo haga saltar por los aires.
 
Tony Díaz
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El concurso de acreedores de particular o quiebra familiar, es la última fase de un proceso de negociaciones iniciada por la familia con dificultades financieras, con sus acreedores, (normalmente compuesto por Bancos), con o sin ayuda de expertos “Negociadores de deuda”.
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En 1933 se estrenaba en el Teatro de Montecarlo el ballet El Danubio Azul (Le Beau Danube), con música de Johann Strauss hijo  arreglada por Roger Désormière y coreografía de Leonide Massine. La partitura, que es la que ahora importa, contiene una serie de temas musicales straussianos seleccionados por Déssormière para dar vida a una historia de amores entre un húsar y una joven aristócrata.


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Schumann’s Phantasiestucke Op 73, No 1 to 3 for Cello

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Estado de normalidad
Cuando comience el minué del 29 de septiembre –portando los danzantes estatales sus respectivas rosas rojas, la del PSOE ya un tanto marchita-, las dificultades para ir al trabajo y desempeñarlo, y el tira y afloja con los servicios mínimos (a pesar de la voluntad de pactarlos acreditada por los sindicatos y el Gobierno, con el fin de minimizar los daños mutuos y volver a la mesa de negociaciones “desde el diálogo”) los guardianes del orden volverán a poner en circulación la reclamación de una ley que ponga límites a la excepcionalidad de una huelga general. En la fuerza de la ley encontramos el fundamento místico de la autoridad.
Este sintagma, “fuerza de ley”, proviene de una tradición que se remonta al derecho romano y medieval, en la que significaba de manera general “eficacia, capacidad de obligar”. Sin embargo, en la época moderna, cuyo punto de inflexión hallamos en la revolución francesa, dicha expresión empezó a designar y reverenciar el valor supremo de las resoluciones adoptadas por la asamblea representativa del pueblo. La doctrina de la soberanía popular apela a un pueblo entero, pero, ¿cómo representar al pueblo en su totalidad?
Las aporías y falacias sobre las que descansa la vigente teoría de la representación son señaladas en este Diario de manera ejemplar, pero lo que nos interesa recalcar ahora es que desde el punto de vista técnico el significado de “fuerza de ley” no se refiere a la propia ley sino a los decretos que tienen, como dice precisamente la expresión, fuerza de ley, es decir, esos decretos que el poder ejecutivo (donde en realidad se halla la inmaculada concepción de la soberanía) está autorizado a promulgar en determinados casos, y en particular, en el estado de excepción.
El concepto “fuerza de ley”, como término técnico del derecho, define la separación entre la eficacia de la ley y su esencia formal. De esta manera, los decretos y medidas que no son formalmente ley adquieren, no obstante, la fuerza que a ésta le corresponde. Y en un régimen donde no hay separación de poderes no representación política, es decir, en un estado de normalidad antidemocrática (que eso es el Estado de partidos), la palabra directriz del jefe del ejecutivo, si dispone de mayoría absoluta en el parlamento, o las palabras consensuadas de los oligarcas, si hay necesidad de pacto, tienen fuerza de ley, como decía Eichmann acerca de las de Hitler: “las palabras del Führer tienen fuerza de ley”.

M.V. (MCRC)

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Antes de final de año quedará claro que no va a haber ninguna reactivación de la economía española. Eso sí, el futuro dejará de ser incierto: aquí no hay ningún futuro, España está ya en quiebra técnica. Por eso, los Presupuestos Generales del Estado, por primera vez en su historia, se han reducido un 8% respecto al año anterior. El PIB se hunde a fuerza de cierres de empresas, y la deflación de ciertos productos de lujo no engaña a nadie: la inflación de bienes de primera necesidad (la factura eléctrica ha subido un 7,5% en un año) es, y lo será más aún, galopante.

El Gobierno del Estado, y los diecisiete infra-gobiernos de las saprofitas autonomías, han de lidiar con una primera Huelga General el 29 de septiembre. Pero ésta, tan amañada como las primarias del PSOE de Madrid, no es nada comparada con lo que se les viene encima después. Con más de seis millones de parados (cifra real), habiendo perdido ya dos millones de puestos de trabajo netos —y sustituido otros dos millones de empleos fijos por precarios—, con un empleo en caída libre, con los valores de los millones de pisos adquiridos bajando en correlación con el empleo, con el consumo paralizado, la confianza general por los suelos y con los cierres de empresas creciendo como una riada monzónica, las condiciones para una revolución violenta están sobre la mesa.

El Gobierno, acostumbrado a tratar con acomodaticios e incultos borregos, ha venido comprando hasta ahora su silencio —la “paz social”— con cuantiosos sobornos a los sindicatos nacionales y prórrogas de mini-subvenciones de 420 euros para desempleados sin subsidio. Pero se le ha terminado el dinero. No ya el de este año, sino del próximo medio siglo. De modo que la cólera social paralizará el Estado en el primer semestre de 2011, en cuanto se produzcan insostenibles retrasos en el pago de las nóminas de los funcionarios.

España va a entrar, lo quiera o no, en una era de ascética frugalidad sin precedentes.

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