La ley puede emanar teóricamente de un solo monarca autócrata, pero en realidad, aún en los regímenes más absolutistas, las leyes en vigor representan los intereses o las concepciones de la camarilla que rodea al trono o de los partidarios del grupo considerado como dirigente. Bien que los privilegiados influyentes del Estado sean sacerdotes, como en las antiguas teocracias, en las que la ley tenía fundamentos místicos, o bien sean aristócratas y oligarcas, como en las Repúblicas italianas de la Edad Media, lo cierto es que la ley siempre ha sido destinada a concentrar en algunas manos la gestión gubernamental, a conservar la dominación política y económica de unos cuantos ambiciosos, cuya obra consiste en hacer admitir por revelación divina o por razón de Estado la necesidad de continuar la autoridad. Las democracias pretenden que la ley por ellas mantenida es la expresión de la soberanía popular, e igual dicen las monarquías constitucionales y las Repúblicas. Pero bien se ve el engaño, pues dada la educación de las masas en nuestras colectividades contemporáneas, éstas no pueden reflejar sino las ideas y los intereses de las clases dirigentes de la burguesía.

La jugada es la siguiente: siendo admitidos ciertos principios cívicos, morales, económicos, etc., que rigen a las sociedades, se trata de formular una regla de aplicación que determine las circunstancias en que el ciudadano afianza o atenta a dichos principios. Sea, por ejemplo, el principio de propiedad, piedra angular del derecho civil. La ley en él consistirá no sólo en confirmar los derechos de los poseedores, sino en protegerlos contra todo ataque; determinará las condiciones en que la propiedad se adquiere, se pierde y se trasmite; las infracciones y castigos, o la significación jurídica de los hechos calificados de violencia, estafa, fraude, dolo. No irá más allá; no se ocupará de saber si es justo o no que la propiedad o el capital estén concentrados en unos cuantos y si de este acaparamiento no nace precisamente toda la materia penable.

Otro ejemplo: las leyes constitucionales decretan el disfrute de lo que se denominan derechos civiles y políticos en la mayoría de edad, pero no se preocupan de la capacidad moral del ciudadano, que desde ese momento puede ya elegir a los legisladores, ejerciendo el sufragio, aunque no posea la más ligera noción de la gestión gubernamental. Puede ser un pícaro, un cobarde, un hipócrita, un alcohólico, poseer las ideas más retrógradas, las más perversas, ser analfabeto o ignorante… la ley se desentiende en absoluto.

Consideremos el matrimonio, que juega un importante papel en el derecho actual. Por él, dos seres se unían toda la vida y no existía el divorcio y, siendo éste vigente, por un periodo más o menos largo. Pues bien, siempre resultará que el marido ejercerá una autoridad de la que la mujer raramente puede librarse. La ley no se inquietará por saber si es una unión de amor o un desposorio de conveniencias, un acoplamiento arreglado por familias más atentas a los intereses que a los afectos. No indagará si hay engaño, disimulo de carácter y temperamento; si los que van al tálamo nupcial pueden cumplir sus naturales funciones; si, en fin, les guía la inspiración de una profunda y mutua simpatía o bien se dejan arrastrar por un entrenamiento sensual y pasajero. Una vez más la ley es inflexible y ciega. Se limita a decretar, pero no quiere discurrir sobre sus designios.

Un criminal, por un delito cualquiera, comparece ante el tribunal. Mecánicamente, un juez, generalmente de origen y educación burguesa, le infligirá la pena prescrita por el Código. Solamente, en algunos casos, y gracias al juego de las circunstancias atenuantes, arbitrariamente y con frecuencia erróneamente aplicadas, disminuirá el castigo. Embutido en su lujosa toga, el defensor de la sociedad y de la ley no inquirirá la educación, las influencias hereditarias, las peripecias de la vida del acusado; no se preguntará sí, antes de caer en las mallas legales el delincuente, resistió a muchas tentaciones, ni si la misma sociedad fue quien le impulsó al delito imputado. La ley condenará. Tal es su misión.

Nuestra aglomeración de hombres -dicen los legatarios- no puede subsistir sin leyes escritas, regulando los deberes y los derechos de cada uno, fijando las infracciones, determinando los castigos. A las leyes, a la ley, expresión ideal, el ciudadano debe obedecer como el creyente religioso obedece a la divinidad. A los comentadores de la ley debe la misma respetuosa deferencia que los fieles a los intérpretes de la voluntad divina. Se reconoce, pues, al ciudadano modelo por la conformidad de sus actos externos con la ley, estando siempre dispuesto a sacrificar estúpidamente por ella su independencia, sus aspiraciones personales, las más legítimas y hasta sus afecciones.

Dura lex, sed lex.

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