Aún cuando,a la fecha, no existe pronunciamiento genérico sobre la legalidad del Sistema Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones (SITEL), la confirmación de sentencias condenatorias en las que el órgano jurisdiccional ha aceptado su resultado operativo como medio de prueba válido, es una realidad. El triunfo de la voluntad política se impone inexorablemente en el Estado de poderes inseparados cuando la cúspide de los órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo) y parajurisdiccionales (Tribunal Constitucional) se encuentran directamente sometidas al poder político.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha acogido la validez de la prueba de intervención telefónica a través de SITEL avalándolo jurídicamente. Sólo los Magistrados D. Manuel Marchena y D. José Manuel Maza, en voto particular discrepante en un asunto referido a la condena de cinco imputados por delito contra la salud pública, sostienen que la legalidad de SITEL se desmorona por el carácter incontrolado del volcado de los datos de las escuchas telefónicas en los DVD que han de aportarse materialmente a los autos para ser escuchados por el Tribunal.

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Garzón no comprende lo que le está pasando. Su engolamiento no le permite alcanzar a entender que ha dejado de ser útil. Sería insultar a la magnífica Gloria Swanson de “El crepúsculo de los Dioses”, pero el alejamiento de la realidad, el enrocamiento frente a un mundo que la situó en lo más alto para luego dejarla caer, y la imposible aceptación del final sin perder nunca la pose, tienen algo de parecido con la actitud del Magistrado.

Los GAL han pasado y el caso Gürtel se ha convertido en un asunto de segundo grado político. Nuevos astros amanecen en el panorama judicial como promesas juveniles. Si el magistrado lograra atisbar si quiera que investigar al régimen anterior le llevaría irremisiblemente a inculpar penalmente a los máximos responsables del presente, protagonistas de la Santa Transición, e incluso al propio rey, de no haber protegido su responsabilidad penal por vía constitucional, quizá conseguiría tocar tierra su elevada persona. Todo se conjura contra el en un instante.

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Tras la aprobación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de la sociedades mercantiles (“LME”), a quienes trabajamos en la empresa nos informan, diligentes, las Newsletters de los despachos externos sobre las novedades que comporta este flamante juguete legislativo. Hay una que me duele en el alma: la vieja “aportación no dineraria”, que llevábamos quince años ejecutando con celeridad y simplicidad, ahora denominada “segregación”, se sujeta a la parafernalia de una escisión. No acepto esa solución simplista: dependerá del caso, en mi opinión. En particular, las que yo suelo hacer (acordadas por unanimidad de los socios de ambas Sociedades y sin pretender sucesión universal) seguirán ejecutándose por la vía tradicional, la de las aportaciones no dinerarias. Mas lo interesante del caso es que nos da ocasión para recordar algunas cuestiones de Teoría del Derecho: qué es el espíritu de la Ley, cómo se aplica la analogía, para qué sirve un concepto jurídico… El tema tiene incluso mayor calado. Habría querido adornarlo mencionando el cuento de Cenicienta (de gran valor epistemológico, aunque choque) y con un pequeño estudio sobre el significado jurídico (lo tiene, aunque choque) de la teoría de la relatividad de Einstein. El espacio no me da para tanto, aunque el lector avezado advertirá que dejo sentadas algunas claves…. Pero vayamos al grano.

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La permanente presencia monolítica del Estado de poderes inseparados, su sola realidad y el aliento constante en la nuca de su fuerza omnímoda es suficiente por sí misma para impedir la acción independiente de la Justicia. Si bien los mecanismos y resortes del control político sobre la vida judicial son múltiples, variados y eficaces, en gran número de ocasiones tan siquiera es necesaria su puesta en marcha ante su sólo conocimiento. Suerte de terror en ocasiones ante la posibilidad de estancamiento en el escalafón, y otras, las más, girasoleo inconfesable al sol que más calienta, legitimando al poderoso con papel de oficio en la seguridad de la futura recompensa.

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¿Qué pasará con todo este lío? La historia judicial española no se ha caracterizado precisamente por haber perseguido a los culpables de delitos de abuso del poder hasta la última responsabilidad, por lo que no podemos tener demasiadas esperanzas de que esta vez será una excepción.

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Debería causar vergüenza a todo jurista mínimamente prudente y recto oír como la casta política utiliza la vara de atizar del Estado como instrumento recaudador de votos. Al fin y al cabo se trata de algo tan importante como configurar los límites de punibilidad, de la intensidad y extensión del monopolio estatal de la violencia. La alegría con que se oye formular y contestar a cualquier propuesta sin un mínimo rigor técnico es escandalosa.

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ELEVACIÓN A PÚBLICO DE DOCUMENTO PRIVADO SIN FECHA FEHACIENTE: NECESIDAD DE ACREDITAR LOS MEDIOS DE PAGO.

Resolución 6 de Julio de 2.009 (B.O.E. de 3 de Septiembre de 2.009). Ir a la Disposición.

Se trata de una escritura actual de elevación a público de un documento privado anterior a la Ley 36/2.009 de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal. El Registrador suspende su inscripción porque no consta el medio empleado para verificar el pago.
La Dirección General, después de hacer una extensa exposición sobre la reforma de la Ley Hipotecaria y del Reglamento Notarial en esta materia tras la citada Ley 36/2.009, entiende que la escritura calificada formaliza un acto que tiene como consecuencia no sólo la exteriorización de una relación representativa de la que se deriva una modificación en la titularidad registral del dominio del inmueble, sino que comporta la declaración sobre un pago: el que los beneficiados con el reconocimiento realizaron al comprador que aparece como titular registral. Por ello, es indudable que a este acto debe aplicarse la normativa vigente respecto de la identificación de los medios de pago empleados, según resulta no sólo de la letra sino también del espíritu de las disposiciones de los artículos 24 de Ley del Notariado, 21.2 de la Ley Hipotecaria y 177 del Reglamento Notarial.

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El proceso de reforma de los planes universitarios conocido como proceso de Bolonia puede suponer para los estudios de derecho en nuestro país un paso atrás, seguramente irreversible, que determinará la degradación de las profesiones jurídicas y el empequeñecimiento de la aportación de los juristas a la organización de la convivencia y la estructuración de la sociedad española del siglo XXI. El daño que tal retroceso ocasionará a la construcción de las instituciones y la articulación de las relaciones entre ciudadanos y poderes públicos no puede ser pasado por alto. Nos sentimos por ello en el deber de hacer una seria advertencia a la comunidad universitaria y a la autoridad educativa, y solicitar con toda firmeza que los estudios jurídicos sean excluidos del proceso de Bolonia y tratados con el rigor que su importancia requiere.

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Sin contrapesos entre los poderes del Estado que garanticen el control de los poderosos, el monopolio estatal de la violencia se utiliza, o para los fines propios de quienes ostentan su mando bajo la excusa última de la Razón de Estado, o directamente para la brutalidad arbitraria. Para que el control judicial de la actividad criminosa del poder político sea real y no mero papel mojado o simple declaración de buenas intenciones, se hace indispensable la existencia de una auténtica Policía Judicial dependiente tan sólo de Jueces y Magistrados para la investigación judicial del delito, sufragada por el presupuesto de un Órgano de Gobierno de los Jueces separado del resto de poderes del Estado tanto económica, como organizativa y funcionalmente.

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Recientemente dos personas han venido andando de Elche a Madrid para protestar que el banco les embargaba su piso, sin darles la oportunidad de renegociar el préstamo hipotecario que tenían. La prensa informa que la moratoria concertada por el Gobierno y los bancos en beneficio de los deudores en paro, apenas ha recibido aplicación: no llegan a sesenta las concedidas. Sin embargo, no siempre los intereses de las entidades y los de los prestatarios se oponen. Hay un punto en el que convergen, la necesidad de facilitar el cumplimiento de los préstamos y por tanto de evitar la mora con las onerosas provisiones que representa para los bancos acreedores y las peores consecuencias que arrastra para los deudores. En este punto creo haber encontrado una solución que merecería la pena y habría de contribuir grandemente a la evitación de la morosidad, de manera que las familias prosigan en sus casas y puedan aliviar el coste de su deuda.

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Comencemos estas líneas recordando el artículo 383 del RH, a cuyo tenor “no podrá practicarse a favor de la sociedad mercantil ninguna inscripción de aportación o adquisición por cualquier título de bienes inmuebles o derechos reales, sin que previamente conste haberse extendido la que corresponda en el Registro Mercantil”. Es este un precepto que se vincula  a la concepción que niega personalidad jurídica a las sociedades anónimas o limitadas mientras no se inscriban en el Registro Mercantil.

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La judicialización de la política se produce siempre que los partidos políticos tienden a resolver sus diferencias mediante la desviación a procesos judiciales de cuestiones cuya solución es política. La politización de la Justicia es el fenómeno inverso, desembocando en el imperio de la Razón de Estado. Si mediante la reflexión inteligente fácilmente se puede llegar a comprender que ambos fenómenos no son sino lógica consecuencia y caras distintas de la misma moneda de inseparación de poderes, por muy poco riguroso que se sea en la observancia de las sanas costumbres de toda sociedad que se reclame democrática, cualquiera los contemplaría como resultados no deseados de la actuación tanto política como judicial, es decir y en suma, como corrupción institucional.

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