En su fervorosa defensa del ínclito Garzón, don Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, alude en “El País” a la generosidad de los bancos y cajas de ahorro con las distintas asociaciones de jueces y fiscales a la hora de organizar congresos de magistrados y procurarles toda clase de comodidades. Así pues, la estrecha relación entre don Baltasar y su querido don Emilio Botín no debería llamar la atención, salvo que se tenga animadversión hacia el ejemplo universal que representa la estrella del firmamento judicial español. Es también sobradamente conocida la inmensa y “oscilante” deuda bancaria que soportan el PSOE y el PP, columnas de la Monarquía de Partidos.

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Como el Tribunal Constitucional (TC) es un órgano político, elegido por políticos e integrado por políticos disfrazados de jueces, es imposible que sus decisiones se guíen por el Derecho. Los criterios decisorios son pura y simplemente de oportunidad política según el juego coyuntural de mayorías. Tal evidencia perdura sin ser discutida institucionalmente porque esa es precisamente su función, servir de último filtro de una justicia de por si sometida y controlada desde la sociedad política. En el Estado de poderes inseparados, sus actores protagonistas, los partidos, no aspiran a una justicia independiente sino a ser ellos quienes la controlen, esperando impacientes a que llegue su turno.

El empresario de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) al que le ha sido confirmada la multa de 800 € por rotular su negocio sólo en castellano, presentará un recurso de amparo ante el TC según informó ayer su letrado, D. Ángel Escolano. El recurso, según el abogado, se fundamentará en los artículos 14 y 20 de la Constitución, que garantizan la igualdad de todos los españoles ante la Ley y a la libertad de expresión. El recurso llega tras la confirmación por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Barcelona de la sanción que le impuso la Generalidad por rotular su negocio inmobiliario sólo en castellano.

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Existe un or­den moral que precede a los dictados de la legisla­ción positiva, pero a pesar de ello, los altos ideales de la legalidad han sido arrasa­dos por la política, la democracia irrestricta y el efecto contagioso de las ideas equivocadas.

La vida pública dejó de ser atractiva a los profesionales honestos y válidos, que reniegan de la gran mentira de este Estado de poderes inseparados. Unos sucumben al tedio, fruto de la resignación avinagrada, en una función pública cuyos usos les asquean. Otros se refugian en una carrera personal a la que dedican por entero sus fuerzas sabedores de la inanidad de su talento en el rumbo del reino de la corrupción. A todos ellos los escrúpulos les impiden otro medio de participación en la vida pública que no sea su activa inhibición.

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1. La inutilidad de la Jurisdicción Contenciosa en cuestiones urbanísticas: la inejecución de Sentencias como forma habitual de proceder contra la Administración cuando se la condena

1.a) Durante muchos años serví la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura. Y allí, en Cáceres, pude contemplar, como precisamente enfrente de la Facultad, en una montaña hasta entonces sagrada para los extremeños, comenzaban a agujerearla y, como topos excavadores de túneles que desarrollan especializaciones morfológicas para hurgar galerías, las excavadoras y grúas hacían  madrigueras que comenzaban a tomar forma de trampas en las que escarbaban el alcor sin cesar, originando montículos de escombros, arañando y haciendo irreversible lo que durante millones de años la naturaleza había regalado a Extremadura…Mientras, un pleito pretendía ingenuamente, mediante una acción jurídica, ahuyentar aquella plaga sobre la Umbría, en que se encuentra además la Patrona de Cáceres y que, para colmo, era zona ZEPA (Zona Especial Protección Aves).

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Finalmente el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado 25 de Febrero la tercera querella contra el Juez de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón Real. Esta vez se trata de la interpuesta por el abogado de un imputado en el caso “Gürtel” acusando de prevaricación al Magistrado por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus letrados. Tras la oposición del Ministerio Fiscal (siempre más Ministerio que Fiscal) a la continuación de la causa, el Alto Tribunal concluye que las “hipótesis incriminatorias” planteadas por el querellante D. Ignacio González Peláez, “no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser sin más desestimadas”. De esta manera se rechazan los argumentos de la Fiscalía que interesó el archivo de las diligencias al considerar que intervenir las conversaciones de un preso con su abogado, al menos en ese caso, no constituye ilícito, y que la querella tan sólo es, en palabras de su propio escrito interesando el sobreseimiento, “una maniobra procesalmente fraudulenta con la que se pretende hurtar a los Tribunales competentes la decisión sobre la licitud o no de esta prueba”. El Tribunal Supremo, si bien rechaza esta argumentación del Ministerio Público la califica no obstante de “nada desdeñable” pero insuficiente para evitar la investigación judicial de unos hechos tan flagrantes como son los descritos en la querella.

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La guerra sucia por el control político de lo judicial desatada en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado el nerviosismo de las asociaciones judiciales y sus padrinos en el Estado de poderes inseparados. Esta situación, fruto del bloqueo de la voluntad consensual, ha servido para que las asociaciones “profesionales” de jueces, siempre colaboradoras y hasta ahora silentes ante el pasteleo de vocalías y puestos de responsabilidad en la cúpula judicial, pongan sobre la mesa una situación de control político de la que nunca antes se habían quejado por encontrarse satisfechas con el reparto. Como la pareja que en su ruptura saca a la luz las miserias del contrario, los parasindicatos judiciales airean ahora sin rubor la perversión de un sistema en el que se sitúan como catalizadores de voluntades políticas y frente al que hasta ahora no habían dicho ni pío. Jueces por la Democracia (JpD) no vacila para defender la autonomía del CGPJ que debe asumirse sin escándalo que el llamado órgano de gobierno judicial se trate “sin duda de un órgano de naturaleza política”, poniendo además de manifiesto negro sobre blanco en su último comunicado, que “resulta dudoso que la judicatura esté necesariamente más legitimada que el Parlamento para dicha elección”. Tras esta afirmación, JpD ruega que tal reconocimiento no suponga desconfianza por la ciudadanía, entendiendo sin embargo que pueda crear cierta “confusión”.
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Cruz de navajas en los parasindicatos judiciales. Las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente critican públicamente los últimos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en materia de nombramientos de presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Sorpresivamente rechazan ahora cualquier sistema de cuotas o intercambios en la designación de cargos judiciales. La caída del caballo se escenifica a través de un comunicado en el que estas dos agrupaciones refieren que el régimen de nombramientos de cargos judiciales discrecionalmente por el CGPJ se encuentra agotado, y que debe articularse otro que debe obedecer a criterios de solvencia profesional y capacidad de los elegidos.

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Ser portavoz de una cúpula judicial elegida por los partidos y hacer comulgar al común con las ruedas de molino de la neutralidad y separación del llamado Poder Judicial del político, es un papelón. Doña. Gabriela Bravo primero nos toma por retrasados mentales y luego encima afea el anhelo de una Justicia separada en origen que garantice su independencia. A preguntas de periodistas sobre las críticas de las asociaciones de jueces al sistema de elección de cargos judiciales, manifestó que no cree que el órgano que representa “esté politizado” y mantuvo que “no se puede criticar continuamente de forma peyorativa a la justicia” porque eso “desprestigia” al sistema judicial.

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Aún cuando,a la fecha, no existe pronunciamiento genérico sobre la legalidad del Sistema Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones (SITEL), la confirmación de sentencias condenatorias en las que el órgano jurisdiccional ha aceptado su resultado operativo como medio de prueba válido, es una realidad. El triunfo de la voluntad política se impone inexorablemente en el Estado de poderes inseparados cuando la cúspide de los órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo) y parajurisdiccionales (Tribunal Constitucional) se encuentran directamente sometidas al poder político.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha acogido la validez de la prueba de intervención telefónica a través de SITEL avalándolo jurídicamente. Sólo los Magistrados D. Manuel Marchena y D. José Manuel Maza, en voto particular discrepante en un asunto referido a la condena de cinco imputados por delito contra la salud pública, sostienen que la legalidad de SITEL se desmorona por el carácter incontrolado del volcado de los datos de las escuchas telefónicas en los DVD que han de aportarse materialmente a los autos para ser escuchados por el Tribunal.

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Garzón no comprende lo que le está pasando. Su engolamiento no le permite alcanzar a entender que ha dejado de ser útil. Sería insultar a la magnífica Gloria Swanson de “El crepúsculo de los Dioses”, pero el alejamiento de la realidad, el enrocamiento frente a un mundo que la situó en lo más alto para luego dejarla caer, y la imposible aceptación del final sin perder nunca la pose, tienen algo de parecido con la actitud del Magistrado.

Los GAL han pasado y el caso Gürtel se ha convertido en un asunto de segundo grado político. Nuevos astros amanecen en el panorama judicial como promesas juveniles. Si el magistrado lograra atisbar si quiera que investigar al régimen anterior le llevaría irremisiblemente a inculpar penalmente a los máximos responsables del presente, protagonistas de la Santa Transición, e incluso al propio rey, de no haber protegido su responsabilidad penal por vía constitucional, quizá conseguiría tocar tierra su elevada persona. Todo se conjura contra el en un instante.

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La permanente presencia monolítica del Estado de poderes inseparados, su sola realidad y el aliento constante en la nuca de su fuerza omnímoda es suficiente por sí misma para impedir la acción independiente de la Justicia. Si bien los mecanismos y resortes del control político sobre la vida judicial son múltiples, variados y eficaces, en gran número de ocasiones tan siquiera es necesaria su puesta en marcha ante su sólo conocimiento. Suerte de terror en ocasiones ante la posibilidad de estancamiento en el escalafón, y otras, las más, girasoleo inconfesable al sol que más calienta, legitimando al poderoso con papel de oficio en la seguridad de la futura recompensa.

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¿Qué pasará con todo este lío? La historia judicial española no se ha caracterizado precisamente por haber perseguido a los culpables de delitos de abuso del poder hasta la última responsabilidad, por lo que no podemos tener demasiadas esperanzas de que esta vez será una excepción.

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