Quién parte el bacalao en la pocilga política española

No hay mayor ni más sutil ladrón que el doméstico;  y así mueren más de los confiados que de los recatados; pero el daño está en que es imposible que puedan pasar bien las gentes del mundo, si no se fía y se confía. (Miguel de Cervantes).

Las mayorías, alienadas y embrutecidas por el descerebramiento o descalabro mediático, creen con normalidad que “el poder” son los presidentes y los gobiernos de turno.

En esa concepción masificada, alimentada por los propios analistas de la prensa convencional,  un “Presidente” es algo así como una entidad supra independiente que toma decisiones autónomas por encima de la trama estructural del poder económico y empresarial. En sus análisis (y así es como hacen desaparecer la dinámica de las relaciones capitalistas) los comunicadores del sistema (el País, El Mundo, La Razón, El ABC, el Confidencial, etc.) presentan un escenario de conflictos cuyo eje sólo pasa por las competencias y las guerras entre políticos y partidos.

Este enfrentamiento, entre políticos con otros políticos por el posicionamiento electoral, por un  lado, y las peleas del gobierno de turno con la “oposición”, por otro, nunca se asocia con el establishment económico (el poder detrás del trono moviendo los hilos) y marca la dinámica de la “información”  que a diario consumen las mayorías. Para el nivel promedio estadístico masivo (incluida mayoría de los intelectuales) el poder de decisión es una área de exclusiva competencia de la “clase política” y del gobierno de turno, en perpetua lucha por el sillón presidencial y por el resto de los gobiernos provinciales y comunales y sus áreas legislativas. Y aquí, se produce la primera distorsión reduccionista: La estructura gerencial (los políticos) es confundida con los patrones (el poder empresarial que controla el Estado capitalista y todo el sistema económico productivo).

Lo que la prensa presenta como lucha de los políticos por el poder, es en realidad una guerra de los grupos económicos por los mercados y por un mayor posicionamiento en las áreas de decisiones del Estado capitalista.
En este juego, los políticos son sólo intermediarios institucionales en esa guerra, tomando posiciones según su vinculación dentro de la red empresarial para la cual prestan servicios como “lobbystas” en los niveles gubernamentales, legislativos y judiciales traicionando a los votantes que con su voto los legitiman y a la postre con su voto mantienen al verdadero poder donde éste quiere estar.

En el Ejecutivo nacional, en los gobiernos autonómicos, en el Congreso, los políticos son sólo la polea de transmisión y de ejecución  de los intereses de los grandes grupos económicos que se reparten el comercio interior, el comercio exterior, y toda la estructura económica productiva del país.

O sea que, la función específica de la “clase política” no es la de detentar el poder de decisión económica (el poder real del Estado), sino la de cumplir funciones gerenciales (cuando están en puestos gubernamentales) o de hacer lobbies  (impulsando leyes favorables a sus representados) cuando están en la cámaras legislativas.

Así que, todo el desarrollo de la carrera  de un político (sin excepción alguna) está marcado por su condición de lobbysta de algún grupo económico. Relación que comienza cuando inicia su carrera en el escalón más bajo de la pirámide política, pasando por distintos puestos, desde concejal, diputado, hasta Presidente, según la suerte que le toque en el negocio. Las empresas y bancos pagan de dos maneras por los “servicios” institucionales de un político: Financian sus campañas y lo habilitan con un porcentaje de los contratos que consiguen con el Estado. Si llegan a los puestos más altos, sirven al poder colocando a los operadores de los grupos económicos como funcionarios o asesores claves en los gabinetes gubernamentales.

Esta dinámica es la que permite a los políticos transformar la gestión de “cosa pública” en una empresa comercial que camina paralela a la realizada con el control del Estado. Esta actividad privada (utilizando al Estado como herramienta) es lo que permite al político convertirse en un próspero millonario y manejar cuentas secretas en los paraísos fiscales.
En definitiva, que al amparo de la representatividad institucional que le otorga el “voto popular”, el político construye su propio negocio capitalista haciendo lobby y gestionando la  “cosa pública”, no para los ciudadanos que ahí lo han puesto, sino  para los pulpos económicos y financieros que controlan y se reparten áreas de influencia en el Estado.

Si las mayorías tomaran conciencia de esta macro- estafa con el Estado dejarían de legitimar a los políticos con su voto en las urnas. Pero eso no sucede por una sencilla razón: Porque los medios de comunicación (guardianes y protectores del sistema) imponen y nivelan la idea de que si la gente no vota el régimen se vendría  abajo y el caos arruinaría sus vidas cayendo a un vacío sin fondo.

Todos están en ello: El País, El Mundo, El ABC, La razón, El Confidencial y cualquier medio periodístico que dependa  de una licencia para existir. Todos comprados y todos al servicio de un régimen fascista al que adoran, pues los mantienen ahí sermoneando con una mano y con la otra ingresando grandes cantidades de euros a cambio de anuncios en sus medios.

Lo que no tiene ningún sustento lógico, dado que el Estado de las corporaciones económicas funciona al margen del formalismo de las instituciones que le otorgan barniz  “democrático” al macro-robo capitalista de trabajo social y de recursos naturales. Y donde el “voto popular” solo cumple el papel de legitimación social de la estafa institucionalizada con las elecciones y la participación masiva.

Los que toman las decisiones estratégicas (a través de los políticos) son los factores del poder económico que hacen lobby de presión e influencia sobre el gobierno y los parlamentos. Esta estrategia (de presentar al gerente como si fuera el patrón) está orientada a hacer desaparecer la estructura del poder real que controla los hilos del Estado por encima de los gobiernos y los sistemas parlamentarios y jurídicos. Por encima del poder político se sitúa un supra poder (de naturaleza oculta) fundamentado en un  trípode: Las  grandes cámaras empresariales, las embajadas extranjeras y los monopolios de medios de comunicación..

Las embajadas extranjeras (principalmente las de EEUU y la UE) cumplen la función de “lobbystas” de sus bancos y empresas en el país en que se encuentren. Las grandes cámaras empresariales, a su vez,  nuclean a los grandes bancos y empresas multinacionales que mantienen la hegemonía y el control de toda la actividad económico productiva, y al mismo tiempo manejan el mercado interno y el comercio exterior (las áreas clave de la economía).

Los grandes consorcios mediáticos, aparte de integrar el sistema como una corporación más, son ultra dependientes de los grandes bancos y empresas que pautan el grueso de sus facturación con la publicidad comercial. A su vez, presionan al gobierno de turno para el otorgamiento de licencias, que complementa su facturación y su rentabilidad por ingresos publicitarios.
Este trípode estratégico constituye el centro del poder que controla cualquier estado.

Cuando la prensa otorga el poder de decisión a los políticos y a los gobiernos de turno, lo que hace es diluir la comprensión y sacar al poder real de la vista de las mayorías. Los políticos no son nada más que un fusible que, como hemos dicho, además de su función gerencial al servicio de los grandes grupos económicos, están para preservar el anonimato de los centros de decisión que controlan el poder real.
M.F.