Los aires del Ranc

Durante el reinado de Alfonso XIII, la nobleza española formó parte de la élite económica, social y política de su reinado, a la que se sumaron algunos grupos de la burguesía y las clases medias, estructurando, en parte la denominada aristocracia financiera. En relación con las explotaciones agrícolas, existieron miembros de la nobleza interesados en la modernización de sus fincas, pero siempre y cuando ese cambio e inversión se tradujera en un aumento de sus beneficios, naturalmente.
Frente a ese grupo innovador, se situó una aristocracia latifundista instalada en el tradicionalismo patriarcal, cercana al conservadurismo de la burguesía terrateniente de Castilla, Galicia, Extremadura y la Mancha. Al respecto podemos decir que, en 1919, el duque de Peñaranda( hermano del Duque de Alba) poseía más de 51.000 hectáreas, algo menos que el duque de Medina Sidonia, don José María Álvarez de Toledo, que, no obstante, superaba al duque de Fernán Núñez( Falcó y Álvarez de Toledo), poseedor de 17.000 hectáreas.La mayoría arrendadas a cambio de un alquiler, siendo muy escasas las de explotación directa. La pequeñez de la renta por hectárea se compensó con la cantidad de hectáreas poseídas.

Resulta sintomático observar algunas supervivencias del Antiguo Régimen en la España de principios del siglo XX en el ámbito rural, lo cual aumentó la crítica contra la nobleza desde sectores modernizadores e innovadores. Así, el duque de Alba conservaba aún algunas prebendas eclesiásticas en Galicia, como el derecho de presentación de curas párrocos, que no habían sido extinguidas o amortizadas en el siglo XIX.

La instrumentalización de este antiguo privilegio con miras a la defensa de los intereses materiales de la casa patrona había sido una constante en el Antiguo Régimen. Los señores se valían de la autoridad moral de los sacerdotes, que ellos mismos nombraban, para aquiertar los ánimos levantiscos de sus jurisdiccionales y foreros, siempre dispuestos a contestar las demandas de sus señores.

En 1904, el administrador de Pontedeume propuso a la administración central de la Casa de Alba en Madrid, ante el problema del obscurecimiento que tenían los foros de la parroquia de Serantes que, puesto que esa parroquia, como las restantes, era de nombramiento de la casa de Alba, ya que con su autoridad sobre los parroquianos podría forzarlos a dar la información que estaban negando a los administradores y abogados de la casa.

Aunque el duque rechazó por prudencia el uso tan evidente de su prerrogativa aduciendo que debía seguirse el principio de optar por aquellos sacerdotes que fueran dignos del cargo por su virtud, lo cierto es que añadió que también por su adhesión a la cada. En 1916, el párroco nombrado por el duque en la villa de Sada logró que los campesinos y la Casa llegaran a un acuerdo parcial para la liquidación de las rentas forales, lo cual fue subrayado por el administrador como beneficio derivado del derecho de representación. Como curiosidad, decir que Antonio Machado( 1875-1939) trabajó como administrador de la Casa de Alba y se dedicaba al folklore andaluz e incluso gallego.

A comienzos del siglo XX, se mantenía vigente todavía el sistema de la Restauración Canovista, donde la nobleza mantenía su lugar preeminente en la estructura social del país, no sólo por su poder económico sino por el atractivo que su cultura y estilo de vida ejerció sobre las restantes clases sociales.
Desde 1874 hasta 1931, se crearon 214 marqueses, 167 condes, 30 vizcondes y 28 varones, buena muestra de la política de atracción hacia la cúspide, que siguieron atentamente la nobleza carlista, defraudada en sus aspiraciones, y los que, no hallando audiencia en el Palacio de Oriente o en el gobierno de turno para sus anhelos, obtuvieron en el Vaticano un blasón nobiliario.

Esta política de concesión de títulos fue, en numerosas ocasiones, una recompensa por la lealtad demostrada de una persona al régimen, además de una forma de distinguir a españoles destacados en todos los campos del conocimiento y del trabajo. Según un Real Decreto de 13 de junio de 1879 no se otorgaron, a partir de entonces, ni Grandezas ni títulos del reino a quienes solamente podían aducir méritos y servicios no premiados de sus antepasados.