La Crisis no solo acaba con el “Estado del bienestar” , sino con el robo oficializado.

No todo iba a ser malo,¿no?. La política realizada en sistemas políticos representativos sin representación real se han terminado, porque el estado del bienestar se ha acabado y el limosneo al que han acostumbrado a las poblaciones, también. No es rentable y produce a la postre discriminación, amén de un gasto insoportable. Los untados y beneficados habrán de buscar otras vías que pasan por dar la cara y hacerse hombres de la noche a la mañana. Es duro, ya se sabe, el haber vivido del cuento y que ahora se le ponga  fin.

Los políticos de camarilla acostumbrados a decidir al margen de la ciudadanía se acaban de paso, el consenso ya no podrá llevarse a cabo porque los mismos que dejan de percibir la marihuana en forma de salario mínimo durante unos meses serán los que exijan a partir de ahora otro tipo de politica que pase por hacerlos participes de la realidad que los rodea y estar presentes en las decisiones que se tomen. Y eso no puede ser de otra forma más que através de representantes que respondan ante ellos de forma inmediata. Se acabo votar a un partido en el que hay escondidos detrás tres mil para chupar de la teta, a cara de perro y sin responsabilidades de ningún tipo( así cualquiera, ¿verdad?). Hagamos un poco de historia y vereis por qué se ha acabado el chollo.

Para ello puede ser útil comenzar contrastando las actitudes públicas hacia la política en el siglo XX y en el XVIII. Para lo que habríamos de ubicarnos mentalmente a fines del siglo XVIII, particularmente como lo representaban David Hume, Adam Smith y los padres fundadores de América, especialmente James Madison. Pues bien, estas y otras figuras importantes del Iluminismo no pensaban en términos de cómo el Estado –la organización colectiva- podía promover el bienestar de los individuos; su principal interés radicaba en evitar que el Estado tiranizara a los individuos.

¿Cómo podía la autoridad política, que ellos reconocían que era necesaria para evitar saltar hacia o desde la anarquía Hobbsiana? ¿Cómo podía el Estado proveer el marco dentro del cual las personas puedan llevar a cabo sus actividades sin pasar estos límites?

El tema principal era: cómo limitar el poder político. No les interesaba para nada responder a la pregunta: ¿Cómo puede el Estado activamente promover el bienestar de los ciudadanos?.

El escepticismo del siglo XVIII acerca de la política y los políticos, en realidad acerca de toda la gobernabilidad política, desapareció en el siglo XIX. Varias fuentes provocaron este cambio.
El romanticismo alemán surgió para contraponerse al liberalismo clásico, y este romanticismo estuvo acompañado de la noción hegeliana de que el hombre finalmente se realiza a sí mismo por completo solamente en la experiencia colectiva. Una segunda fuente invocaba lo que se ha llamado “la falacia electoral”. En esa época histórica los gobiernos estaban en el proceso de transformarse de monarquías autocráticas, con una separación clara entre clases aristocráticas y rangos inferiores, en democracias electorales.

La Revolución Francesa finalmente ocurrió y la soberanía popular adquirió significado genuino en las actitudes del público. Era de esperar que este giro produjera una suavización del  escepticismo acerca de la eficacia de la política como así también del comportamiento de los políticos. Si nosotros, el pueblo, podemos deshacernos de los opresores, ¿Por qué nos deberíamos
preocuparnos por controlar al nuevo poder?. Finalmente, el genio de Karl Marx contrapuso las implicancias lógicas de la todavía incompleta economía clásica y las características indeseables que se observaban del naciente capitalismo industrial. Él, y sus seguidores, inteligentemente se abstuvieron de una definición cuidadosa de la alternativa socialista; de esta manera la imaginación romántica voló para construir utopías inviables. Esta breve historia nos ayuda a entender la motivación del Príncipe Bismarck al introducir el Estado Benefactor al final del siglo XIX. Él le temía tanto a la democracia popular como a la revolución marxista, y predijo que los trabajadores industriales podrían ser mantenidos leales al colectivo –al Estado- si eran sobornados con promesas de seguridad social. En cierta medida Bismarck tuvo éxito; el atractivo de la ideología marxista nunca fue lo suficientemente fuerte para convertirse en una fuerza importante en los países desarrollados. Pero Bismarck creía en el atractivo de los programas de bienestar financiado por el Estado en un marco político y con una votación abierta, aun incluyendo tanto a los que reciben los beneficios como a los que pagan impuestos.

En el siglo XIX maduran las ideas del Estado Benefactor de Bismarck en general, y se pasa de transferencias estatales limitadas a transferencias masivas al final del siglo –un proceso que pudo llevarse adelante sin inhibiciones tras los desajustes de las dos grandes guerras y de la Gran Depresión ocurrida entre ellas. El moderno Estado Benefactor llegó a todo su esplendor sólo después de la segunda mitad del siglo XX. El hecho de que esto haya ocurrido al mismo tiempo que la demanda de recursos de la Guerra Fría confirma la popularidad política de los programas de transferencias fiscales y también sugiere el desequilibrio potencial cuando  los compromisos insostenibles hacen cobrar conciencia al público.

Y, ¿cuál es el problema?  Si las personas, en una democracia formal, a través de sus  representantes y partidos elegidos democráticamente, eligen gastar algo o inclusive una suma considerable para financiar transferencias fiscales en apoyo de aquellos que necesitan de asistencia social, ¿por qué la consecuencia debería ser insolvencia política o del gobierno? . ¿Por qué es el Estado Benefactor incompatible con la democracia?

Hay dos características distintivas de las modernas democracias que se combinan para generar la incompatibilidad. Primero, de la manera que están organizadas las instituciones mayoritarias de la democracia, las decisiones políticas  se toman por consenso de varias personas y no de todos. Las decisiones se toman a través de acuerdos de los jefes de partido o de organizaciones de coaliciones mayoritarias que ejercen la autoridad para tomar decisiones involucrando al mismo tiempo a  todos los miembros de la comunidad política.

La “lógica natural” de la regla de la mayoría implica trato diferencial o discriminatorio hacia aquellas personas o grupos que están en minoría. Por sí misma esta característica discriminatoria de la regla de la mayoría no tiene por qué crea problemas mayores si las coaliciones mayoritarias  rotaran en ciclos electorales secuenciales y si la explotación de las minorías se mantienen dentro de límites a través de restricciones operativas. Sin embargo, cuando se identifica una segunda característica –una que es ampliamente descriptiva de los Estados Benefactores modernos- se siembran las semillas de la insolvencia fiscal o de una revuelta fiscal.

Si las coaliciones mayoritarias están autorizadas a iniciar acciones fiscales que no sólo implementan transferencias entre distintos grupos o clases de ciudadanos dentro del ciclo electoral temporalmente definido, sino que también implica que las transferencias fiscales continuarán en los períodos subsecuentes de dominio electoral, puede dar lugar a una creciente presión de obligaciones. La rotación de la autoridad política entre coaliciones de mayorías que se alternan no tenderá a autocorregirse.

Considere el siguiente ejemplo ilustrativo. Una coalición mayoritaria, llamada A, ejerce su autoridad constitucional y comienza un programa de derechos por el cual se designan a todos los miembros de algún grupo, t, como beneficiarios de una transferencia fiscal. Si estas transferencias se autorizan sólo por un período, o período tras período, no surge ninguna dificultad particular. Una coalición alternativa, llamada B, podría, cuando llega al poder, simplemente eliminar la transferencia hacia los miembros de t o elegir a otro grupo que se beneficie de ella. Sin embargo, en el moderno Estado Benefactor, un programa de beneficios con final abierto se interpreta ampliamente como que implica que, una vez elegido como grupo beneficiado por transferencias fiscales, los miembros de dicho grupo tienen derechos legítimos sobre la recaudación de todos los períodos futuros.

La política moderna procede cómo si la aprobación de un programa de gastos de beneficencia implicara dos componentes distintos: (1) transferencias fiscales durante el período de aprobación de la ley y (2) promesas u obligaciones para realizar transferencias similares en los período siguientes. Es como si se hubiese creado una deuda que encierra una obligación de parte de la unidad política a hacerse cargo de los reclamos de todos los que inicialmente fueron elegidos como beneficiarios de las transferencias.

Considere la situación que enfrenta la coalición mayoritaria alternativa, B, en este escenario. Negarse a cumplir con los reclamos de los miembros de t, el grupo beneficiado, equivale a incumplimiento de la deuda pública. Antes que seguir este curso de acción suicida, la coalición simplemente cumplirá con los reclamos y, por su propia iniciativa, buscará satisfacer a sus respaldos políticos estableciendo un nuevo programa de transferencias. Cualquier intento de disminuir el tamaño de las transferencias, dentro de las democracias modernas, se vuelve imposible debido a la combinación del poder de la mayoría por un lado y las supuestas deudas por otro.

Es relativamente fácil identificar los elementos involucrados en el desarrollo tanto de las instituciones políticas como de la actitud del público hacia estas instituciones que han llevado los problemas a dimensión de crisis en los últimos años del siglo XX y que hace más difícil una solución satisfactoria de estos problemas.

Antes que nada se encuentra la arrogancia fatal del socialismo (Hayek 1988) que encierra la separación entre producción y consumo de los bienes económicos (Buchanan 1993).  La arrogancia lleva directamente al aumento del Estado Benefactor, que por lo general se defiende con un argumento basado en el supuesto de que las demandas de derechos sobre los bienes económicos reflejadas en las transferencias fiscales se apoyan en un stock pre-existente inagotable y continuo. El final de los grandes experimentos socialistas, a través de las revoluciones comprendidas ente 1989-91, contribuyeron mucho a modificar esta arrogancia fatal, pero todavía se mantienen residuos en el comportamiento político y del público.

En segundo lugar está la ilusión keynesiana que fue especialmente importante en las décadas críticas de mitad del siglo cuando se formó el estado benefactor. En una formación mental que implica una separación total entre el análisis del funcionamiento macroeconómico y la política de la implementación, se adelantaron argumentaciones que parecían ofrecer una supuesta justificación a favor de una financiación del déficit por encima de lo que surge de los principios clásicos de finanzas sólidas (Buchanan y Wagner, 1977). La menor preocupación acerca de la creación de medidas de déficit fiscal explícitas implica a su vez una menor preocupación acerca de las deudas implícitas de los programas de transferencias sin una finalización determinada.

Además, inclusive si los reclamos en períodos futuros sobre la recaudación fiscal son plenamente reconocidos, la falta de preocupación sobre el déficit fiscal inspirada en Keynes provoca aceptación en vez de oposición. Si las estructuras no permiten generar la suficiente recaudación fiscal para cumplir con las demandas, ¿por qué no financiar estos reclamos emitiendo más deuda?

Las dos primeras fuentes de stress fiscal implican errores de razonamiento o mala ciencia, que tienen influencias importantes en la formación de la acción política. Surgen elementos exacerbantes adicionales de los cambios estructurales a partir de las cuales surgió el Estado Benefactor durante la segunda mitad del siglo y que estarán sujetos a cambios en las próximas décadas. La tercera fuente de stress fiscal es familiar, surge del cambiante perfil generacional de todos los Estados Benefactores de Occidente. En todos los países una parte muy importante de las transferencias es la que cae sobre el ingreso productivo y lo pasa a los que se han retirado del trabajo productivo. Estos sistemas se basan en estructuras de transferencias, y, como tales, la tasa tributaria que se requiere para financiar cualquier nivel de pago a los retirados depende fundamentalmente de la relación proporcional de estos dos grupos. Si la población crece ya sea por mayor tasa de natalidad o por inmigración, los pagos de las jubilaciones pueden mantenerse e incrementarse sin crear presiones presupuestarias impropias. Si, por el contrario, el crecimiento de la población es lento y toda la población vive más, la tasa tributaria necesaria para mantener los niveles de jubilación existentes se vuelven intolerables. Y, como todo el mundo sabe, esta relación se está moviendo en la dirección incorrecta en los Estados Benefactores de Occidente, casi todos ellos tienen estructuras de pensiones basadas en transferencias masivas.

Un elemento final que merece una mención especial aquí se aplica directamente al segundo mayor gasto en el moderno Estado Benefactor: la financiación del gasto en salud. En este caso las demandas tiende a ser ilimitadas en el tiempo en  amplio contraste con las jubilaciones, estas demandas no están definidas objetivamente en unidades monetarias. Por el contrario, las demandas se hacen en especie (cuidado médico) que debe proveerse por una industria. Dejando de lado los temas de moral involucrados, la traducción necesaria de servicios a costos puede hacerse sin mayores dificultades en un contexto donde la tecnología no cambia o lo hace muy lentamente. Pero, si la tecnología cambia rápidamente, y si los cambios implican costos crecientes, hay un elemento inflacionario interno en el programa, casi independientemente de cómo se lleve a cabo la provisión de los servicios. La dificultad se vuelve más severa si los miembros de la sociedad, como beneficiarios potenciales de los servicios, como así también sus agentes políticos, quedan a merced de los “expertos” de la industria proveedora para definir qué es y qué no es un servicio adecuado. Con los desarrollos en la medicina moderna hacia el final del siglo, parece poco probable que una reorganización de los programas de salud puedan asegurar que los gastos serán suficientes para acompañara al avance tecnológico.

Resumiendo: El funcionamiento de una democracia mayoritaria en un marco constitucional que permite la introducción de supuestos derechos debe producir un fuerte aumento en los programas de transferencias.  La arrogancia fatal de la ilusión del socialismo y del keynesianismo fracasaron al visualizar inapropiadamente las consecuencias de largo plazo de las medidas adoptadas. Estas consecuencias son, a su vez, más serias de lo que hubieran sido debido a la mayor esperanza de vida de la población en las democracias occidentales y debido al explosivo desarrollo de la tecnología en la medicina.  Cualquier intento de modificar el Estado Benefactor moderno que se aleje de programas generales o cuasi generales de ayuda creará incentivos para que los políticos inviertan recursos en organizar coaliciones mayoritarias. Si los programas del Estado Benefactor comienzan a ser considerados como medios a través de los cuales, aquellos que son exitosos políticamente, pueden asegurarse ganancias a costa directa de los que no son exitosos políticamente, el desperdicio de recursos involucrado en la búsqueda de la renta de la mayoría crecerá sustancialmente. En este escenario político, el Estado Benefactor occidental como lo conocemos no sobrevivirá.

¿Porque?, pues porque además de los apuntes anteriores porque los distintos Estados nacionales, como unidades políticas, no son autónomos, y las fuerzas competitivas generadas en un mundo económico crecientemente integrado impone restricciones al conjunto de opciones políticas como así también en las direcciones de los cambios perseguidos por cada uno de los Estados.

Más allá y por encima de estas ineficiencias económicas, familiarmente conocidas como cargas excesivas, los sistemas de bienestar social pueden crear ineficiencias políticas en varios grados de importancia. Y la estructura de un programa de bienestar social en sí misma puede generar su propia pérdida de eficiencia. En la medida que un programa hace diferencias entre clases o grupos, ya sea por el lado de los impuestos o por el lado de las transferencias, se generan incentivos adicionales para invertir en esfuerzos que aseguren un tratamiento favorable y que protejan de los desfavorables. La ineficiencia política se da a través de la búsqueda de renta de la mayoría  y se puede medir por la cantidad de recursos destinados al intento de organizar y reunir a las coaliciones de mayorías dominantes en posición de autoridad política.