Jueces bizcochables

“La independencia judicial de antaño dejará paso a un juez-funcionario equiparable al médico de la seguridad social: lo que en éste es libre criterio para diagnosticar, en el juez lo será para condenar o absolver. Si un hospital lo dirige un gerente, cada tribunal será gestionado por otro gerente: el antiguo secretario judicial, erigido en director territorial ministerial. Únase a esto el proyecto de reducir el Consejo General del Poder Judicial a su mínima expresión y volveremos al modelo franquista: Gobierno, ministerio fuerte y jueces funcionarios”
(José Luís Requero, El asalto a la Justicia)

Es evidente que todo gobierno, de cualquier signo político que sea, intentará por cualquier medio someter a la judicatura, a quien ve como un incómodo obstáculo para el ejercicio del poder dado que tradicionalmente ha sido esta rama quien tiene teóricamente encomendada la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y, lo cierto, guste o no guste es que en España el poder está consiguiendo su objetivo, que se hizo explícito hace más de veinte años cuando cierto teórico de altos vuelos proclamó a los cuatro vientos la muerte de Montesquieu.

En efecto, lo que hoy busca el poder público es jueces serviles, dóciles, maleables, en resumen, “bizcochables”, que se inclinen en genuflexión ante cualquier señal que se les haga desde las alturas, siendo lo menos deseable para los gestores públicos un poder independiente, robusto y que sirva de verdadero garante no sólo de los derechos y libertades ciudadanos, sino que sea capaz de mantener a las otras dos ramas del poder dentro de sus límites constitucional y legalmente fijados. Es, por una parte, natural que todo poder desee expandirse a costa de otros, aunque ya no lo es tanto que el invadido presente escasa o nula resistencia a la invasión. Porque estaríamos ciegos y seríamos absolutamente hipócritas si dijésemos que no existen personas en la judicatura que se pliegan humildemente ante la bota del poder público y que abogan groseramente por la sumisión. Por poner un ejemplo concreto con nombres y apellidos, el actual Fiscal General del Estado, señor Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo, aunque a este ejemplo concreto podríamos añadir tantos y tantos que, por acción u omisión consciente, engrosan lo que don Alejandro Nieto califica de “juez-funcionario”, es decir, aquel que ve el puesto que desempeña como si se tratara de un funcionario del cuerpo superior de administradores de cualquier ente público y no una persona integrante del poder judicial. Los jueces deben ser los primeros que reivindiquen la dignidad de su profesión, y deben ser los primeros que opongan resistencia activa frente a todo intento de mediatización del poder político, como lo hizo en su día la judicatura inglesa en el siglo XVII. De otra manera, si no se cortan de raíz todas las incursiones de la política en el poder judicial, se estaría dando una imagen de debilidad que hará, a su vez, crecerse al poder cada vez más.

También es cierto que me he encontrado con jueces auténticamente valientes y arrojados que tratan de dotar de una mayor dignidad a la judicatura (no digo entregados porque en este sentido todos, absolutamente todos los jueces con los que habitualmente trato son personas absolutamente entregadas a su trabajo en cuanto a dedicación al mismo, en algunos casos incluso multiplicando la jornada de trabajo). Pero también he visto casos (para mayor escarnio el de la ciudad donde nací, me crié vivo y trabajo) en que la delgada línea roja que separaba las oficinas administrativas del juzgado se va difuminando cada vez más hasta el punto de que, salvo por circunstancias puramente físicas, uno ya no sabe cuando abandona la Administración y entra en el poder judicial, siendo lo más triste, que determinados funcionarios de cierto organismo autónomo presuman sin cortarse un pelo y ante terceras personas (yo fui testigo directo de la frase, aunque quizá porque la persona que la dijo pensaba que yo, ocupado en otro menester burocrático, no estaba prestando atención) de que el juzgado en cuestión era como una prolongación del organismo y entrar en Sala es no salir de la oficina. Si un empleado público de un organismo autónomo (¡de un organismo autónomo!) dice públicamente eso de un juzgado, pues imagínense. De aquéllos polvos, vienen estos lodos.
Monsieur de Villefort