Todos los medios de información y muchos políticos más o menos relevantes de los varios partidos que de una u otra forma dirigen la actividad política española desde que en 1978 se instauró la democracia parlamentaria que el Rey sucesor de Franco quiso sustituyera, para no dar el cante supongo, a la por él indiscutida y aceptada desde 1958, han competido por ver quién de ellos exaltaba mejor y más fuerte lo bien que le va a España y a los españoles con el sistema político diseñado en la Constitución de 1978. Convencido por ellos y por cuanto aprendo a diario merced a mi propia experiencia personal, a lo que oigo y leo en la prensa y en la radio, o veo en las televisiones públicas y privadas, me atrevo a señalar aquí unas cuantas muestras de lo justo y benéfico que es nuestro Estado de Derecho.

Por ejemplo: es de todo punto resaltable que el salario mínimo de un trabajador esté fijado en 824 euros mensuales y el de un diputado en las Cortes sea de 3.996, que pueden llegar a ser 6.500 € al mes por medio de dietas y otras prebendas. Nadie puede dudar de que tanta diferencia es justa, benéfica y necesaria, porque el trabajador se gana su sueldo con un notorio esfuerzo y una dedicación continua, mientras que al diputado no le suele costar trabajo el tener que sentarse en un cómodo sillón de los salones y despachos en que se acomoda para apretar un botón o leer el papel que lleva en la mano y así seguir las instrucciones de los jefes de su bando, ni el aplaudir las intervenciones de sus superiores en el partido que le incluyó en la lista de elegibles para el Parlamento como fiel secuaz de quien le manda.

Llama también la atención que un catedrático de Universidad o un médico cirujano de la sanidad pública gane menos que un concejal de la mayor parte de los Ayuntamientos de España, porque tanto el catedrático como el médico han logrado su puesto de trabajo mediante una preparación derivada de diez, doce o veinte años de esfuerzos, mientras que la inmensa mayoría de esos concejales no han tenido que mostrar ninguna preparación para su tarea municipal, salvo la de conseguir que sus superiores le incluyan en la lista de los candidatos elegibles con un puesto de los que normalmente dan derecho a representar a los electores de ese partido.

Digno de resaltarse es el que los políticos se suban sus retribuciones cuando les parece bien, en la práctica al inicio de cada legislatura o periodo de mandato, por supuesto de forma casi unánime, y que mantengan sus privilegios en todo momento, incluso en circunstancias adversas. No tienen para nada en cuenta la evidente desproporción de sus sueldos, por supuesto altos y siempre elevados, respecto de las retribuciones normales de los trabajadores “no políticos”.

Lo bien que va esta España monárquica, democrática y parlamentaria queda de manifiesto cuando se comparan los retiros y pensiones que obtienen los políticos cuando cesan en sus puestos y lo que se le da en ese momento a un trabajador normal. Sea éste funcionario público o asalariado privado, para percibir una pensión tiene que haber trabajado anteriormente durante un largo periodo de tiempo (35 años para conseguir la pensión máxima) en el que habrá estado cotizando a la Seguridad Social la cantidad adecuada. Los ministros, diputados o puestos equivalentes les basta tan sólo haber jurado su cargo al tomar posesión del mismo, o como mucho haber trabajado en él 6 o 7 años.

Otra clara prueba de que todo marcha bien entre nosotros la encontramos en el hecho de que ningún grupo político y ningún grupo social hayan hasta ahora protestado de modo diáfano y contundente en contra de que los diputados sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar al IRPF un tercio de su sueldo.

Otra muestra más: el ingente número de asesores y empleados -miles y miles- colocados en los tres niveles de la Administración Pública, sea en la estatal, en la autonómica o en la local, con sueldos que ya desearían tener los técnicos más cualificados, por el simple hecho de ser amigos o parientes de políticos dirigentes de la Administración correspondiente; y el también cuantioso número de “liberados” que trabajan a sueldo de sus partidos y sindicatos merced a las subvenciones que estas organizaciones reciben y disfrutan del Estado.

Pero eso sí, gracias al sistema político, económico y social vigente, los españoles podemos disfrutar de  televisiones autonómicas, creadas para servir de cotidianos exaltadores de opiniones, sentimientos e ideas nacionalistas mediocres y trasnochadas; para dar a conocer y propagar la figura y el nombre de políticos, artistas y varios seudo-intelectuales de corto vuelo; y para adocenar a la población de tal forma que reconozcan la labor que estos artístas de la política y el cante jondo han realizado hasta la fecha en este “país”.

A.C.V.

Noam Chomsky, uno de los intelectuales públicos más eximios del siglo XX y a quien se le ofrecen guardaespaldas cada vez que habla en algún campus de alguna universidad estadounidense, una vez externó menosprecio respecto de la creencia de que la tarea del intelectual público era la de ‘decirle la verdad al poder’. En primer lugar, según señaló Chomsky, el poder, al fin y al cabo, ya sabe la verdad. No seamos tan excesivamente caritativos como para imaginar que nuestros gobernantes se mueven en una pura niebla de mistificación, como si creyeran honestamente que, por ejemplo, la guerra de Irak tiene motivaciones humanitarias, o que la inteligencia inglesa en realidad nunca ha cometido tortura de forma sistemática.

Muy contrariamente, los poderes que determinan nuestro destino saben bastante bien qué se traen entre manos la mayoría de las veces y continúan actuando de la misma manera aunque sepan que se trata de una mezquindad moral o de algo escandalosamente indefendible. Si no es el trabajo de la izquierda hacerles saber estas cosas, se debe en parte a que tenemos mejores cosas que hacer, y en parte a que ellos no necesitan saber lo que ya saben. Además, el cambio político no se logra simplemente cambiando la mentalidad de la gente. Son sus intereses los que deben ser atacados, no sus opiniones.

Por otra parte, según la argumentación de Chomsky, no son los gobernantes quienes necesitan la verdad, sino quienes son gobernados. El rol de la izquierda intelectual es servir a los dominados, no a los dominadores. El punto, en concordancia con un comentario de Marx, no es comprender el mundo, sino transformarlo, si bien nunca nadie ha cambiado un mundo que no se comprende y aquí es dónde los intelectuales juegan un papel. O, si se quiere, las universidades.

En este momento, sin embargo, hay muy pocos intelectuales en las universidades. Hay algunas personas a quienes se les llama académicos, pero eso es diferente. Los académicos se pasan la vida investigando preguntas tan cruciales como el sistema vaginal de una pulga (el título de una tesis doctoral en Cambridge que una vez me encontré); los intelectuales, por su parte, tienen más bien la tarea tanto más ardua de hacer que las ideas se reflejen en la sociedad como un todo. Y hace mucho tiempo, las universidades eran el lugar donde se podía encontrar intelectuales en grandes números.

La ausencia de intelectuales. Si hoy en día no es posible encontrar numerosos intelectuales en las universidades, ello se debe en parte a que la cantidad de intelectuales de izquierda ha decrecido considerablemente. Un grupo de ellos, incluyendo a Jürgen Habermas, Salman Rushdie y Christopher Hitchens, se han pasado al lado de la derecha política a partir de 9/11 o bien están perdidamente enamorados del ‘mundo libre’. Ninguna generación militante de jóvenes ha remplazado a aquel grupo de E. P. Thompson y Raymond Williams, Edward Said y Susan Sonntag, Roland Barthes y Hannah Arendt.

Pero el problema no consiste en que la izquierda intelectual esté pasada de moda, en comparación con los años 60 y 70 cuando existía una cultura intelectual socialista y feminista bastante próspera en los recintos universitarios. Esto no significa que todos los estudiantes por aquel entonces fueran fans de Marx o feministas; solamente que estas ideas tenían un sentido cultural cotidiano, así como el Darwinismo en la época victoriana. El problema más acuciante de hoy en día es que las universidades en buena parte han dejado de jugar su papel clásico de fuentes de crítica.

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El crack del capitalismo neoliberal –léase, “la crisis”- abrió en 2008 una oportunidad óptima para construir una Europa mejor. Para ello había que poner coto al dictado financiero y meterse en una profunda revisión institucional que diera un carácter ciudadano y social a una Unión Europea que fue construída a la medida de los negocios. Un “New Green Deal”, como se decía entonces, que utilizara la crisis para afrontar la super crisis del cambio climático y la transición energética. Para meterse en algo así había que arriesgarse, como hizo Gorbachov en la URSS, tener ideales y ser valiente. Demasiado para los políticos rutinarios que dominan el paisaje entre Lisboa y Varsovia. Así que siguieron con lo mismo. Con ello repiten la conducta de la era Brezhnev en la URSS, que evitó una crisis por la vía de negarla, lo que condujo a una crisis mucho mayor, con quiebra del superestado soviético veinte años después. No hay duda: esta gente nos lleva ahora a un segundo batacazo. Y no será en veinte, sino en bien pocos años.

Hacen creer que la crisis consiste en la insolvencia de los países del sur, sugiriendo colisiones de interés entre ciudadanos griegos y alemanes, cuando el problema está en el capital en su conjunto, porque los principales bancos europeos alemanes, franceses y británicos están implicados y expuestos hasta el cuello por la explosión de las burbujas inmobiliarias de todos ellos. En lugar de actuar en el orden de cosas que llevó a la crisis, es decir contra la desregulación neoliberal, Bruselas y Berlín, y detrás todos los demás, mantienen ese orden poniendo dinero en los países periféricos. Con ello sólo ganan tiempo con un mecanismo que se parece mucho a una pirámide financiera que sólo altera la estructura de la deuda, nacionalizándola, y no su monto.

El negocio de la financiación privada de los estados

En Grecia la deuda no disminuye, sino que crece. Lo único que disminuye es la exposición del sector privado (bancos, aseguradoras y fondos), gracias a la nacionalización de los riesgos que practica el Banco Central Europeo (BCE) con sus compras. Uno de los problemas es que los estados se financian a través de los mercados, y no directamente vía el BCE.

El BCE presta dinero a un interés de 1,25% a los bancos, que a su vez se lo prestan a los estados a intereses mucho mayores. A Austria, por ejemplo, se lo prestan a un interés del 4,05%. Si el país hubiera sido financiado directamente por el BCE en 2010 se habría ahorrado 4600 millones de euros. En el mismo escenario Alemania se ahorraría 25.000 millones anuales. Y el fardo de Grecia sería menos pesado.

Actualmente Grecia está pagando un interés medio del 4,68% por su deuda, lo que representa que Atenas paga 15.900 millones anuales sólo de intereses, sin reducir un céntimo su deuda. Es decir, dedica el 29% de sus ingresos anuales (55.600 millones) al pago de intereses: casi un euro de cada tres va para los bancos, sin cuya desregulación e irresponsabilidad (invirtiendo en negocios meridionales tan estúpidos y fantasiosos como rentables) nunca se habría llegado al actual problema. Si en lugar de ese esquema el BCE prestara el dinero a un interés, digamos, del 0,5%, Grecia habría pagado por intereses 1700 millones en lugar de los 15.900 y se habría endeudado por 6.400 millones en lugar de por 20.600 millones.

Manda el politburó

Desde hace casi tres años, el BCE viene practicando esta subvención a la banca privada a cuenta del contribuyente sin que las instituciones digan ni pío al respecto. Desde hace un año el seudónimo de esta subvención pública a los bancos se llama “rescate de Grecia”, “rescate de Irlanda”, “rescate de Portugal” (con mucho dinero español en riesgo), etc.

Nuestros parlamentos e “instituciones democráticas” tienen en este proceso un papel parecido al de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte sobre el devenir del país, es decir igual a cero. Quien manda es un politburó no electo de poderes fácticos oligárquicos. Desde la central (Bruselas, Berlín, FMI) ese politburó ha chantajeado descaradamente a Grecia diciéndole textualmente que si no aprobaba nuevos recortes sociales y privatizaciones no le concedería los nuevos créditos del segundo rescate e incluso le retiraría los ya acordados. Es lo que Marlon Brando designa en “El Padrino”, como hacerle a alguien,“una propuesta que no podrá rechazar”.

El nuevo ministro de finanzas griego, Evangelos Venizelos, reconoce que el gabinete de Atenas no gobierna sino que se limita a “cumplir órdenes”. El diario Kathimerini constata que, “un país al completo ha sido convertido en provincia de un imperio más económico que político, que, a su vez, está secuestrado por toda una serie de compañías de inversión y agencias de calificación con monstruosos poderes y codiciosas aspiraciones”.

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Comprendo que resulte ofensivo que no me dirija a las masas como es habitual, recordándoles su principalidad,  su sabiduría “intuitiva” y citando los elevados ideales de los que son garantes, es decir, adulándoles y  persuadiéndoles,  en el tono habitual del encantador de serpientes políticas que vive de la teta estatal. Entiendo también que se sientan despreciados por apartarles de cualquier intervención en la institución de un poder ético, pero resulta que no se va tratar de futbol, ni de la vida sentimental del famoseo, sino de Ética y las masas confundirían el concepto de “valor” con una marca de chocolates. Huelga explicar la importancia de la convención moral para la convivencia y que la exigencia de su cumplimiento a las autoridades públicas no responde a una pulsión autoritaria, sino a la consecución del fin político: que los más aptos gobiernen en pos del bienestar de sus representados.

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