La “imposibilidad material de tramitar un asunto” como nueva causa de suspensión, según el Tribunal Supremo.

Pocas veces uno siente tanta perplejidad como la que experimentó el humilde responsable de este blog cuando leyó nada menos que en una Providencia del Tribunal Supremo que el máximo órgano judicial de nuestro país no tramita un asunto por imposibilidad material de hacerlo ante la existencia de numerosos recursos similares con el mismo objeto. Y es que en una Providencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pone en conocimiento de una parte lo siguiente, y transcribimos de forma literal: “En Madrid, a quince de enero de dos mil dieciséis. Dada cuenta: se suspende en el estado en que se encuentra la tramitación de este recurso contencioso-administrativo, ante la imposibilidad material de tramitar ahora de forma regular el elevadísimo número de los que, como él, ejercitan una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos que creó el artículo 9 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre. Dicha suspensión se alzará si cualquiera de las partes justificara que causa un perjuicio de imposible o muy difícil reparación y, en otro caso, cuando la Secretaría de la Sección, una vez dictada la Sentencia en los que se tramitan con carácter preferente al amparo del artículo 37.2 de la LJCA (recursos número —) y siguiendo el orden de registro, pueda acometer el trámite de los que componen aquel elevadísimo número.” Hablando en plata, que como la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (¡del Tribunal Supremo!) indica que tiene demasiado trabajo por el “elevadísimo número de asuntos” (sic) suspende la tramitación del pleito sin base legal alguna, pues hasta donde alcanza el entendimiento del redactor de estas líneas la sobrecarga de trabajo no justifica la suspensión de una causa (de hecho, es significativo que no se invoque precepto legal alguno para ello). Pero claro, se trata del Tribunal Supremo del Reino de España por lo que a dicho órgano se le puede aplicar la frase que el juez Robert H. Jackson en el caso Brown v. Allen y en la que razonaba de forma admirable que: “We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final” (no somos los últimos por ser infalibles, sino que somos infalibles por ser los últimos).

La anteriormente citada Providencia, que en cualquier Tribunal de Justicia del mundo anglosajón causaría tales ataques de hilaridad en los jueces que las carcajadas se oirían en nuestro país, mueve a plantear una serie de reflexiones:

1.- ¿En qué texto legal figura como causa de suspensión de un pleito por parte de un órgano jurisdiccional la “imposibilidad material de tramitar ahora de forma regular” los pleitos que integran su agenda? Si esa causa no figura en ningún texto normativo, el Tribunal Supremo se la ha sacado de la chistera, lo cual supone introducir de facto una causa no prevista en el derecho escrito. Es decir, que en el mejor de los casos se trataría de una creación al margen de la ley, es decir, praeter legem.

2.- Al margen de lo anterior, es el propio sujeto que manifiesta una causa quien se ampara en la misma para no cumplir sus deberes. Pues bien, con todos los respetos, no se puede pretender que quien esgrime una sobrecarga de trabajo se ampare en ella para eludir el cumplimiento de los plazos. Y es que, como decía en cierto episodio el gato Tom al ratón Tuffy: “Si tuvieras mi experiencia gatuna no te fiarías ni de tus propios ojos.” ¿Pretenden acaso los magistrados del Tribunal Supremo que el justiciable tenga que aguantar impertérrito una suspensión por “imposibilidad material” de tramitar un asunto cuando esa imposibilidad material no está constatada más que por los tres magistrados de la sección que han de resolver?

3.- A mayor abundamiento, este es uno más de los supuestos en los que, dicho sea con todos los respetos, cabe hablar de la “perniciosa influencia” (por utilizar la expresión de Gabriel Doménech Pascual) de las retribuciones variables. Ya puestos a sacarse conejos de la chistera, Sus Señorías podrían simplemente haber decretado la acumulación de todos los plentos al amparo del artículo 37.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, que, recordemos, indica que: “Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 34, el órgano jurisdiccional podrá en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, acordar la acumulación de oficio o a instancia de alguna de ellas” (recordar que el artículo 34.2 del indicado texto legal establece que serán acumulables las pretensiones “que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa”). ¿Por qué no se ha hecho así? Pues muy sencillo. Si se acumulan todos los pleitos sobre la materia (entre los que existe una clarísima y evidente identidad sustancial) en un único asunto deberían resolverse en una única sentencia. Y, en caso de no acumular, se dictaría materialmente una única sentencia, sí, pero formalmente esa sentencia se copiaría literalmente en todos y cada uno de los casos sin más variación que las circunstancias concretas del caso (que se limitan a identidad de la demandante y cuantía reclamada). Quizá sea la malevolencia natural que caracteriza al responsable de este blog, pero mucho me temo que ante la posibilidad de que figure a efectos estadísticos (y, mucho más importante, retributivos) una sentencia o doscientas….pues indudablemente se preferirá porque figuren doscientas. Cuanto más, mejor. Más asuntos habremos resuelto y más complemento de productividad se saca.

Imagínense que un letrado ha de formalizar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso de casación. Imagínense que el letrado presenta un escrito ante la Sala con el siguiente tenor literal: “Se solicita de la Sala la suspensión del plazo contemplado en el artículo 94.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio para la formalización del recurso habida cuenta de la imposibilidad material de hacerlo en el mismo debido a la enorme carga de asuntos pesa sobre el despacho profesional.” Pues la respuesta es que con total seguridad a los Magistrados de la Sala les invadiría la misma sensación de perplejidad que al autor de estas líneas le invadió al conocer el texto de la Providencia anteriormente citada.

Una última consideración referida a los plazos. Es absolutamente injusto que los plazos procesales vinculen únicamente a los profesionales de la procura y de la abogacía y no a los órganos jurisdiccionales, quienes siempre pueden saltárselos sin consecuencia alguna. No es infrecuente ver cómo sentencias que tardan meses en dictarse justifican el enorme retraso “habida cuenta de la carga de trabajo que pesa sobre el Juzgador” o por “concurrir la tramitación de asuntos con carácter preferente” sin que se pidan cuentas por ello. Pero claro, si tenemos en cuenta que uno de los magistrados que presta sus servicios el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (excelente persona y de trato cordialísimo, de justicia es decirlo) goza como indudable mérito en su currículum el haber llevado al colapso a dos órganos judiciales en los que prestó sus servicios (uno de ellos de nueva creación, además) pues ya me dirán.

En definitiva, que la Sala ha pretendido evocar en su texto la mitológica imagen del titán Atlas, quien fue castigado por Zeus a sostener sobre sus hombros la bóveda celeste. Ahora bien, cuando menos, los lectores de este blog me reconocerán que Sus Señorías debieran haberlo efectuado con un cierto sentido del humor y, ya puestos, haberse limitado a decir, como el inolvidable Chiquito de la Calzada: “No puedoorl, no puedoorl….”

Monsieur de Villefort

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