Administración de Justicia: de servicio público a servicio de mercado

Da auténtica lástima contemplar el lamentable estado en que se encuentra ese ente bicéfalo que constituye el Poder Judicial tanto en su vertiente de poder estatal como de servicio público de la Administración de Justicia. Y entristece aún más ver cómo los ejemplos (que haberlos hay) de jueces que constituyen ejemplo de entrega, estudio y dedicación se ven ninguneados o postergados por otros de nivel mucho más inferior pero con mejores agarraderas o contactos mejor situados. No en vano sigue siendo desgraciadamente muy acertada la frase que en la película El padrino III le decía don Altobello (Eli Wallach) a Vincent Mancini (Andy García): “El hombre más rico es el que tiene los amigos más poderosos”.

Vienen las anteriores reflexiones a raíz de la desesperanza que invadió al autor de estas líneas cuando releía en fechas navideñas el ensayo, tan certero como silenciado, de Alejandro Nieto que hace ya ocho años publicó en la editorial Trotta bajo el título “El desgobierno judicial”. En dicho trabajo se diseccionaba minuciosamente el estado del poder judicial en su doble vertiente (como poder estatal y como servicio público), mas dicho análisis se hacía desde una perspectiva un tanto peculiar y heterodoxa: apartándose de las grandilocuentes, pomposas e hipócritas manifestaciones vertidas en los textos constitucionales y legales, ciñéndose única y exclusivamente a la realidad y a la práctica cotidiana. Y nos encontramos que ni existe Poder Judicial ni gozamos de un buen servicio público de Administración de Justicia. Menester es para poder hablar con propiedad de la existencia de un Poder Judicial autónomo que los miembros que lo integran sean absolutamente independientes de los otros dos poderes, siendo la realidad tangible y evidente para cualquiera que tenga ojos y oídos que ello no es así. Se ha creado una institución (el Consejo General del Poder Judicial) cuyos miembros son elegidos directamente por el Congreso y el Senado que, a su vez, no hacen más que ratificar lo que las cúpulas de los partidos políticos han acordado, como quien estampa su huella dactilar en el documento nacional de identidad. Pero, lo que es más grave y nos acerca a países del tercer mundo, es el hecho de que no existe ya recato en manifestar no sólo que los candidatos no se eligen en función de méritos, sino que el criterio más valorado es el grado de docilidad política del ungido; no sólo eso, sino que incluso un político que ostentó la cartera de Justicia definió abiertamente y con toda crudeza al Consejo General del Poder Judicial como “un órgano político para gobernar a la judicatura y la magistratura”. No consta al autor de estas líneas no ya que algún miembro del Consejo, sino que ni tan siquiera juez alguno en España saliese al paso de dichas palabras reivindicando su independencia. Ello no hace más que ratificar las tesis que el humilde titular de este blog ha manifestado en incontables ocasiones, y es que la idea de independencia de los jueces y magistrados no ha tenido arraigo nunca en nuestro suelo, y triste es decirlo, por lo que uno puede ver no ha calado ni en la propia judicatura.

Pero es que en cuanto a servicio público, la situación es todavía peor. Una justicia tardía, colapsada, de una calidad más que dudosa y en este caso por circunstancias no imputables a los propios jueces (sometidos a la presión de unos módulos estajanovistas establecidos por el órgano de gobierno que priman la cantidad sobre la calidad, y que propicia corruptelas tan poco honorables como evitar las más de las veces la acumulación de pleitos para evitar una única resolución). Pero es que en este sentido tanto el anterior como el actual ejecutivo han decidido actuar de una manera tan drástica como discutible: primar celeridad sobre garantías, rapidez sobre derechos, velocidad sobre defensa. Se elevan los umbrales de acceso a la doble instancia (calificada por el Tribunal Constitucional como derecho de configuración legal, salvo en el orden penal donde sí está constitucionalmente garantizada), se eliminan garantías y se establecen medidas disuasorias para que quien se vea tentado a acudir a la vía judicial para hacer valer sus derechos se lo piense dos veces (introducción de tasas judiciales), con lo cual los beneficiarios de esa situación son quienes tiran con pólvora ajena: personas oficialmente sin recursos (beneficiarios del derecho de justicia gratuita –que no implica necesariamente que carezca de recursos económicos, debido a los “peculiares” criterios de concesión-), Ministerio Fiscal y Administraciones Públicas (dando así carta blanca a estas últimas para que multipliquen sus abusos). Evidentemente el servicio público de Administración de Justicia se verá afectado al actuar sobre la demanda, mas con una consecuencia fundamental que fue ya adelantada por Alejandro Nieto en su magnífico ensayo: “Es evidente que con un sistema de tasas deliberadamente elevadas sería factible suprimir de inmediato la masificación litigiosa (salvo en lo penal) excluyendo a quienes no estuviesen en condiciones de pagarlas. Pero eso ya no sería un servicio público, sino un servicio de mercado”. Ahora bien, si convertimos un servicio público en servicio de mercado, es decir, satisfecho por los usuarios del mismo, hágase con todas las consecuencias: despréndase el Estado de todo vínculo con un servicio que pasa a tener una vinculación económica única y exclusiva con los usuarios. Esa y no otra es la intención última de los actuales gobernantes, mutar los servicios públicos esenciales en servicios de mercado pero con financiación semipública.

Ya puestos, y con evidente animus iocandi, me permitiría sugerir al actual titular del Ministerio de Justicia que podía tomar ejemplo del anterior sistema de financiación del ente público Radio Televisión Española: vía presupuestos y vía publicitaria; mensajes publicitarios que podrían ser tanto visuales (en pasillos, mesas y salas) como sonoros (el agente judicial que llame a las partes a entrar en Sala, o los propios jueces antes y después de las vistas).

Existen servicios públicos que jamás deben perder tal condición: educación, sanidad y justicia. Desgraciadamente, estamos en unos tiempos donde hasta esos tres servicios están a punto de caer.

Monsieur de Villefort

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