Inviabilidad del sistema de Justicia Gratuita y subida de Tasas Judiciales.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha defendido su polémica, contraproducente e injusta elevación de las tasas judiciales esgrimiendo dos argumentos en su defensa: “mantener la viabilidad económica del sistema, actualmente amenazada” y evitar el “uso desviado, abusivo o simplemente ineficiente en el que el recurso a los tribunales no tiene otra finalidad que la mera dilación en el cumplimiento de obligaciones”. Dos argumentos falsos, falaces y que buscan enmascarar una vez más la intención del actual ejecutivo de ahogar económicamente a los profesionales de la abogacía, quizá con la nada disimulada intención de que entre la difícil crisis económica y las inevitables y necesarias especializaciones el número de letrados en ejercicio que existen se reduzca tanto por vías de extinción natural como forzados por las circunstancias. Vayamos por partes.

I.- En cuanto a la viabilidad del sistema de justicia gratuita, tiempo ha que el mismo hace aguas por todos sitios, y cualquiera que se haya prestado sus servicios como letrado del turno de oficio o como abogado designado a un litigante sin recursos lo sabe. Es al letrado a quien se le exige la elaboración de todos los trámites burocráticos, la asistencia al cliente, la defensa en juicio, todo ello sin abonarle ningún tipo de retribución con carácter previo, con lo cual es el propio abogado quien debe adelantar el dinero. Una vez finalizado el asunto y solicitada la retribución nos encontramos con dos penosas circunstancias: el baremo de retribuciones (pudorosamente denominadas con cierto sarcasmo “compensaciones” en la legislación vigente) en muchísimas ocasiones no superan los umbrales de lo que cobraría un profesional de la electricidad o la fontanería por una simple salida a domicilio; en segundo lugar, el retraso en el pago adquiere situaciones alarmantes, pues durante meses y meses la Administración se demora en el abono sin que, una vez que lo hace superando en muchas ocasiones incluso el año en el pago efectivo, el mismo devengue intereses. A esta situación han contribuido irresponsablemente tanto los Colegios profesionales como la Fiscalía y la Judicatura. Los Colegios, porque vendidos como están a las Administraciones públicas actualmente gestoras del servicios y lastrados por su evidente y notorio carácter de residuo putrefacto de la democracia orgánica, años ha que han abandonado la defensa del profesional para refugiarse en la defensa del “justiciable”, olvidando que éste tiene sus propias vías de defensa; nos encontramos, pues, con que al abogado se le roba trimestralmente un montante económico bastante elevado para retribuir a quienes le asesinan por la espalda. Jueces y Fiscales son igualmente responsables dado que un sector de las personas que los integran, situados en una elevada torre de marfil cual la existente en el mundo de Fantasía creado por Michael Ende, viven alejados totalmente de la situación real desconociendo absolutamente los problemas de la profesión letrada, quizá porque a ellos les son ajenos. Así, un magistrado o un integrante de la carrera fiscal dispone de acceso gratuito a bases de datos, no debe integrarse obligatoriamente en un colegio profesional, no debe abonar alquiler alguno por su oficina ni gastos de consumos de ningún tipo, teniendo garantizada su retribución (más o menos elevada, eso es harina de otro costal): por ello son incapaces de entender que un profesional de la abogacía ha de detraer de sus ganancias las cantidades necesarias para mantenimiento de despacho, consumos, colegiación, gastos fijos mensuales que en ocasiones alcanzan una considerable suma. Por ello es muy triste que los mismos cuerpos de Jueces y Fiscales que con su apoyo expreso a la huelga de funcionarios de justicia fueron cómplices de la paralización de todo el servicio público durante un par de meses reaccionasen pronta y airadamente cuando determinados colegios profesionales decidieron suspender la prestación del servicio de justicia gratuita. Se ve que en la Administración de justicia hay, como en todos los ámbitos de la vida, profesionales de primera y de segunda. Así se ha venido a consagrar en sentencias donde, al hablar de la suspensión, admiten que incluso aún aceptando la existencia de un hipotético derecho de huelga en la abogacía, los derechos de una minoría no podría prevalecer frente a los de la mayoría; curiosísimo argumento fabricado expresamente ad casum pues, de aplicarse como principio general, supondría desautorizar cualquier tipo de huelga.

Item más, no alcanzo a comprender cómo el señor ministro de Justicia, reconociendo la inviabilidad del sistema, pretende una reforma que amplíe a los beneficiarios del mismo. En otras palabras, un sistema que es inviable pretende hacerse aún más inviable aumentando a los beneficiarios del mismo en un momento en el que se reducen las partidas presupuestarias asignadas para la retribución de la justicia gratuita. Si a más beneficiarios sumamos una partida económica decreciente, no hace falta ser un excelso matemático ni el oráculo de Delfos para colegir hacia donde se encamina el sistema.

II.- En cuanto al uso abusivo del recurso. Sin discutir en modo alguno la existencia del uso abusivo del recurso, cualquier profesional sabe que los casos en los que más se abusa de la segunda instancia suelen proceder de quien es beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y de las distintas Administraciones públicas. El beneficiario de la justicia gratuita está exento de toda una serie de gastos, entre los que se encuentran los depósitos necesarios para la interposición de recursos, gastos periciales, defensa y representación (artículo 6 de la Ley 1/1996), así como al abono de las costas en caso de condena, que sólo podrán ser exigibles si dentro de tres años viene a mejor fortuna (artículo 36 de la Ley 6/1996). Por el contrario, las Administraciones públicas están legalmente exentas de depósitos, cauciones, consignaciones y garantías de cualquier tipo (artículo 12 de la Ley 52/1997). Ello da lugar a situaciones escandalosas. Vayan a título ilustrativo un par de ejemplos. Cierta Administración local de una comunidad autónoma del extremo noroccidental de la península que vio cómo se estimaba una demanda en su contra, interpone recurso de apelación frente a la sentencia…..copiando literalmente (insisto, literalmente, de pe a pa, sin variar una simple coma –reproduciendo incluso errores y erratas-) la contestación a la demanda. Otro asunto. Un beneficiario de la asistencia jurídica gratuita pretendía oponerse a un monitorio interpuesto por impago de cuotas de la comunidad de propietarios de su garaje…..¡pese a reconocer que pagaba sólo parte de la cuota porque no estaba de acuerdo con el sistema establecido de pago (todas las plazas pagaban lo mismo cuando el sujeto en cuestión pretendía un pago en función de la superficie”); al informarle que no era el trámite procedimental correcto, pues ello no podría dilucidarse en un monitorio, la respuesta ofrecida por el individuo en cuestión fue, textualmente “quiero que el juez vaya vea el garaje y que me diga si es justo que yo pague lo mismo que la plaza de enfrente, que es el doble que la mía”.

Por ello, la elevación de las tasas no servirá para disuadir en modo alguno a este amplísimo grupo de recurrentes profesionales, dado que los mismos no sufrirán en sus bolsillos la elevación de dichas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

El mundo de la abogacía está sufriendo últimamente continuos envites por parte de tirios y troyanos. Administraciones públicas, jueces, fiscales y Colegios profesionales están apuntando con sus mosquetones hacia la línea de flotación de la Abogacía. Administración, porque le sale rentable económicamente mantener un servicio público con unas retribuciones que en algunos casos hacen recordar los tristemente célebres códigos negros aprobados por los estados sureños durante el periodo de reconstrucción. Jueces y fiscales, generalmente por unos injustificados prejuicios contra la profesión letrada. Y Colegios profesionales por intereses espúreos más ligados a cuestiones políticas que a la defensa de los profesionales obligatoriamente integrados en ellos. Por ello, el futuro de la profesión letrada afronta días oscuros, muy oscuros. Y, a diferencia de lo que ocurría con la nada que invadía el reino de Fantasía, aquí el vacío no se traga la torre de marfil, sino que ésta permanece enhiesta mientras todo a su alrededor es un inmenso agujero negro.

Monsieur de Villefort

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