El tiempo de detención debe ser el estrictamente necesario. El habeas corpus sólo puede ser denegado excepcionalmente

Sala Segunda. Sentencia 95/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo. Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera. Estimatoria. Descargar Sentencia.

Una mujer detenida por acusada de diversas sustracciones a bañistas que se venían produciendo en la playa y proporcionar sus datos personales alterados cuando se le solicitó su identificación por los agentes siendo conducida primero al puesto de seguridad ciudadana, después a un puesto de salud para ser reconocida y finalmente a dependencias de la Guardia Civil. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  que denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus que había instado la recurrente. En segundo lugar, por haber inadmitido el Juzgado a trámite su solicitud de habeas corpus, sin entrar en un análisis de fondo sobre la legalidad de la detención, en contra de una consolidada doctrina de este Tribunal, estando además revestido el Auto dictado de una evidente falta de motivación. La recurrente invoca en su demanda la vulneración de los derechos a la libertad personal (art. 17.2 y 4 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). El TC estima el recurso de amparo. Respecto del tiempo de privación de libertad, es doctrina constitucional que la Constitución, habida cuenta del valor cardinal que la libertad personal tiene en el Estado de Derecho, somete la detención de cualquier ciudadano al criterio de la necesidad estricta y al del lapso temporal más breve posible en consonancia con lo dispuesto en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos,  que exige que el detenido sea conducido «sin dilación» o «sin demora» ante la autoridad judicial. La libertad de los ciudadanos es, en un régimen democrático donde rigen derechos fundamentales, la regla general y no la excepción (ex art. 1.1 y 17 CE). El art. 17.2 CE ha establecido dos plazos como límites temporales de la detención preventiva: uno relativo, el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos y que puede ser variable según las circunstancias del caso; y otro absoluto, de setenta y dos horas computadas desde el inicio de la detención, que no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el cual el afectado se encuentra en las dependencias policiales.  En consecuencia, se vulnera el art. 17.2 CE por rebasarse el plazo máximo absoluto o cuando no habiendo transcurrido las 72 horas no es la detención ya necesaria por no haberse realizado las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos pero no se procede a la liberación del detenido ni se le pone a disposición de la autoridad judicial, como es el caso. Además el Juzgado al rechazar a limine la incoación del procedimiento de habeas corpus, vulneró el derecho a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva de la recurrente. Dice el TC que aun cuando la Ley Orgánica de habeas corpus permite realizar un juicio de admisibilidad previa y posibilita denegar la incoación del procedimiento, la legitimidad constitucional de tal resolución debe reducirse a los supuestos en los cuales se incumplen tanto los presupuestos procesales como los elementos formales de la solicitud. De este modo, no es constitucional la inadmisión en la afirmación de que el recurrente no se encontraba ilícitamente privado de libertad, porque la pretensión formulada del habeas corpus es precisamente la de determinar la licitud o ilicitud de dicha privación.

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