El proyecto de reforma tributaria o el síntoma de Missouri v. Blair

El Congreso de los Diputados tramita actualmente el Proyecto de Ley 121/000015 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.  El artículo 1 punto seis de dicho proyecto modifica el apartado 1 letra a del artículo 66 de la Ley 58/2003 General Tributaria, ampliando de facto la posibilidades de actuación de la Agencia Tributaria al ampliar injustificadamente el dies a quo del cómputo inicial del plazo de prescripción, dado que la redacción del artículo pasa a tener la siguiente redacción “Por cualquier acción de la Administración tributaria realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario” (el párrafo en negrita se corresponde con el añadido al proyecto). En definitiva, que si la Administración abre, digamos por ejemplo, una inspección a una sociedad derivada de una obligación tributaria correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido y, tras la tramitación del correspondiente procedimiento inicia uno nuevo derivado de una irregular declaración del Impuesto de Sociedades aunque en éste último caso se hayan superado los cuatro años, la Administración tributaria podría sostener la no prescripción de la deuda alegando que el procedimiento inicial, el tendente a la regularización de las cuotas del IVA, sí se encontraba dentro del plazo de cuatro años.

Esta modificación trajo a mi memoria de forma inmediata el devenir del caso Missouri v. Zola Blair, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en 1987 y que tuvo una interesante evolución interna que nos transmite Bernard Schwartz en su interesantísimo libro The unpublished opinions of the Rehnquist Court. Se partía del homicidio que tuvo lugar el 24 de noviembre de 1981 en Kansas City, donde Karl Lindstedt fue asesinado en su caravana y donde la única pista de la policía era una huella dactilar hallada en el lugar del crimen. Con posterioridad a dicho crimen un testigo implicó a Zola Blair y a su familia en el asesinato. El problema es que la policía estatal poseía las huellas dactilares de toda la familia excepto las de Zola Blair, siendo así que, cotejadas las bases de datos, los familiares de la detenida cuyas huellas se poseían no concordaban con la encontrada en el lugar del crimen, pero se carecía de huellas de la principal sospechosa y no existía causa probable para tomársela. No obstante, consultando la base de datos se verificó que un juzgado municipal había emitido una orden de arresto frente a Zola Blair por una infracción de tráfico, y con tal base y cargo fue arrestada, no obstante lo cual, pese a ser el objeto de la detención única y exclusivamente la infracción a la normativa circulatoria, se la conduce al departamento de homicidios, donde se le toman las huellas dactilares y se la ficha bajo la acusación de homicidio; el caso es que se tomaron las huellas dactilares y se comprobó que las mismas coincidían, efectivamente, con las existentes en la caravana de Lindstedt. Zola Blair fue acusada de asesinato aunque no llegó a ser sometida a juicio porque su defensa solicitó la supresión de las huellas dactilares como prueba al ser obtenidas ilegalmente, dado que la detención sobre la base de una infracción de tráfico fue un mero subterfugio para obtener la huella dactilar con destino a corroborar la acusación de asesinato. Tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal Supremo del estado de Missouri ratificaron la supresión de las pruebas. El estado de Missouri acudió vía writ of certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, finalmente, decidió no pronunciarse al emitir una simple declaración en el sentido de que el caso fue “improperly granted”. Pero lo interesante no es la solución del caso en sí, sino la evolución interna que respecto a los motivos jurídicos tuvo lugar en el seno del organismo, y que pasamos a exponer.

Inicialmente, el parecer mayoritario del Tribunal consistió en considerar que los órganos estatales habían cometido una equivocación y que debía revocarse la decisión, incluyendo por tanto la huella dactilar de Zola Blair como prueba de cargo. El chief justice William Rehnquist designó como ponente a Byron White (magistrado nombrado a propuesta del presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy), quien si bien tenía unos criterios muy avanzados en materia de derechos civiles, en asuntos penales solía alinearse con las tesis conservadoras al considerar que no podía exculparse a un culpable única y exclusivamente por criterios formales. La justificación esgrimida por White era muy sencilla: “Blair, however, was the subject of a valid bench warrant issued by the municipal court and authorizing her custodial arrest at any time. If Blair had been arrested and booked on that warrant, independently of any desire to investigate the homicide, the Fourth Amendment would not forbid taking her finger and palm prints and retaining them in the police files. The Fourth Amendment prohibits only unreasonable seizures […] Fingerprint is minimally intrusive and is a routinely conducted and commonly accepted procedure, not only in the context of law enforcement, but in employment and other context as well […] The States´s interest in maintaining files of fingerprints is legitimate and substantial. Balancing this need against the minimal intrusion on privacy, it is evident that taking fingerprints and palmprints incident to an arrest is reasonable, even if such fingerprints are not needed as evidence of the particular offense for which the person is being arrest”. En definitiva, avalaba la tesis del estado dado el prevalente interés de la comunidad en la resolución de los crímenes y en el hecho de que la toma de huellas dactilares no tenía finalidad exclusivamente penal y podía utilizarse legítimamente para otros fines. Frente a dicho borrador inicial reaccionaron John Paul Stevens y Thurgood Marshall, quienes en medio folio argumentaban que los autos demostraban de manera inequívoca que la acusada había sido detenida por un cargo de tráfico y, por tanto, su detención y la obtención de huellas dactilares debían considerarse ilegalmente obtenidas. Sandra Day O´Connor, en un informe algo más extenso, coincidía con sus colegas Stevens y Marshall en que el arresto fue ilegal, indicando que “the conduct of the pólice officers in arresting Blair departed from these procedures in every respect […] The officers´conduct clearly demonstrates that they did not initially execute a municipal parking violation arrest.” Curiosamente, fue O´Connor quien inclinó la balanza final, dado que la misma mutó su criterio inicial persuadida por los criterios de sus colegas Stevens, Marshall y Lewis Powell. Indicar que es curioso que el borrador inicial lo elaborase un magistrado de tendencia demócrata y los más opuestos al mismo fuesen precisamente los conservadores Stevens, Powell y O´Connor. El caso, finalmente, no llegó a tramitarse siendo rechazado como “improperly granted”, tal y como hemos visto.

Sin embargo, lo importante no es el resultado del caso, sino el devenir jurídico del mismo. Tal y como indica el profesor Schwartz en sus breves comentarios finales al caso, “si el borrador del juez White se hubiese convertido en doctrina legal, se estaría dando a la policía carta blanca para utilizar arrestos por cargos menores, tales como infracciones de tráfico, con la finalidad de obtener pruebas para otros crímenes más graves, incluso en el supuesto de que se acreditase de que el ímpetu para ese arresto por la infracción menor fuese el interés en investigar el otro delito más grave”. Parece evidente que los redactores del Proyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria no conocen este devenir del caso Missouri v. Blair ni las potenciales consecuencias que el borrador inicial del juez White podría haber ocasionado de prosperar; afortunadamente, varios magistrados se dieron cuenta de forma inmediata de tales consecuencias. Mucho me temo que nuestros legisladores y jueces no tendrán la misma altura de miras que Stevens, Marshal, Powell y O´Connor.

Monsieur de Villefort

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