Crisis de sistema. Crisis de la Administración.

En los años cincuenta, España comenzó lentamente a superar la negra etapa de aislamiento internacional, a superar en cierta medida las heridas físicas que había producido en el territorio el conflicto bélico civil y comenzó lentamente su despegue económico. Pero desde el punto de vista jurídico, una generación de juristas jóvenes articulados en torno a la Revista de Administración Pública articuló las bases para una refundación del derecho administrativo español. El régimen franquista, articulado políticamente sobre las bases de un sistema autoritario, administrativamente comenzó a situarse en vanguardia con una legislación que rompía inequívocamente con la etapa anterior. Leyes como la Ley de Expropiación Forzosa (1954), Ley del Suelo y Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (ambas de 1956), Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (1957), Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Entidades Estatales Autónomas (1958), textos todos ellos de gran calidad técnica, pusieron en pie no sólo un sistema administrativo basado en unos principios que el texto constitucional de 1978 no sólo no derogó sino que asumió en gran parte, sino que sirvieron de base para una expansión de la organización administrativa paralela a una ampliación de los fines estatales. Los años sesenta y setenta los órganos administrativos expandieron su actividad, mientras una pléyade de organismos, entidades y empresas de capital público extendían sus tentáculos por todo el territorio español.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, las distintas Administraciones públicas llegaron a la conclusión de que el ordenamiento jurídico administrativo era un estorbo, y por ello iniciaron lo que la doctrina administrativista calificó de huida del derecho administrativo, tratando de crear diferentes organismos que, aún dependiendo funcional y orgánicamente de entes públicos, se les excluyese de un ordenamiento jurídico que se consideraba demasiado rígido. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado intentó de alguna manera racionalizar el sistema en su Título III, pero los distintos entes territoriales continuaban teniendo a su cargo infinidad de entes cuyo presupuesto se nutría de fondos públicos. Organismos públicos, entidades públicas empresariales, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones públicas, patronatos, comisiones, observatorios…..uno llega a perderse en la maraña de entidades públicas y privadas que nutren sus arcas de los distintos presupuestos ya sean estatales, autonómicos o locales. El problema radica en que nadie pareció darse cuenta que tamaña proliferación de entes suponía no sólo un gasto excesivo, sino en muchas ocasiones innecesario dada la finalidad más que dudosa de alguno de los organismos.

Es evidente que la actual crisis demuestra que el modelo político-social que se generalizó en Europa tras finalizar la segunda guerra mundial está haciendo aguas. No es ni será nada nuevo. Hace justo un siglo, en 1912, el hundimiento del H.M.S. Titanic el mes de abril pareció simbolizar el hundimiento de un modelo de sociedad, la basada en el liberalismo y legitimismo político que se había extendido por Europa tras la derrota de Napoleón en Waterloo, y el choque entre las potencias europeas, larvado durante un siglo, estalló abruptamente en Sarajevo, provocando un conflicto bélico que arrasó el modelo de sociedad decimonónica artificialmente prolongado durante las dos primeras décadas del siglo XX. El periodo de entreguerras supuso un auge de los totalitarismos de signo opuesto (fascista, nazi o comunista), que llegó un momento pareció iban a salir triunfantes pero que fueron aparentemente desterrados tras la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial. Se extendió entonces por Europa un modelo basado en el Estado de Derecho caracterizado por una intervención del Estado en la sociedad, finiquitando el modelo liberal e institucionalizando definitivamente el estado social, con orígenes en el siglo anterior. Ese sistema pervive, con altibajos, hasta la actualidad, precisando para lograr sus fines de omnipresencia estatal una organización administrativa que llegue hasta el último lugar del territorio. Esa crisis del modelo político-social llevará consigo de manera inevitable una crisis de las estructuras administrativas que hasta ahora se encargaban de desarrollar los fines estatales, que devendrán en inadecuadas para el nuevo sistema que habrá de heredar el anterior. Quizá sea precisa una Administración más reducida y más austera que para garantizar determinadas prestaciones básicas a los ciudadanos deba renunciar a parte de su volumen y extensión. Desgraciadamente, parece que los dirigentes no quieren percatarse de esta circunstancia, y pretenden mantener una Administración omnicomprensiva, voraz y oronda cuando en estos momentos lo que se precisa es una Administración algo más retraida, frugal y escuálida. Lo que es evidente es que los excesos organizativos de otras épocas han de pasar a mejor vida. Esperemos, por lo menos, un responsable ejercicio de contención administrativa.

Monsieur de Villefort

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