Resoluciones DGRN – mayo – junio 2012 ( Mercantil )

SOCIEDADES/JUNTA GENERAL

LA BAJA PROVISIONAL DE LA SOCIEDAD EN EL ÍNDICE DE ENTIDADES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPIDE LA INSCRIPCIÓN DEL CESE Y EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.
Resolución de 27 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 29 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.

Constando en los asientos registrales la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como la falta de depósito de las cuentas, no es posible la inscripción del cese de dos administradores solidarios y su sustitución por uno único, aplicando el art. 131.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA Y DERECHO DE OPOSICIÓN DEL SOCIO NO ASISTENTE A LA JUNTA: NO ES NECESARIA LA NOTIFICACIÓN AL SOCIO NO ASISTENTE DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DE DISOLUCIÓN.
Resolución de 3 de Marzo de 2.012 (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.

El problema que se plantea en el presente supuesto se centra en dilucidar si es inscribible en el Registro Mercantil una escritura de liquidación y extinción de sociedad limitada en la que el liquidador manifiesta que «aprobado el balance por unanimidad, no ha lugar a posibles impugnaciones por parte de los socios», dándose la circunstancia de que la junta no ha sido universal. La Registradora exige para la inscripción la notificación al socio no asistente del acuerdo de aprobación del balance de disolución necesario para poder ejercer el derecho de impugnación a que se refiere el artículo 390.2 de la Ley de Sociedades de Capital, por analogía con el artículo 348 de la misma Ley, y entiende que no es procedente la manifestación antes consignada sobre improcedencia de posibles impugnaciones por los socios.
Por su parte el recurrente (al igual que el Notario autorizante en su escrito de alegaciones) estima que es innecesaria dicha notificación dado que la misma no está legal ni reglamentariamente exigida.
La D.G.R.N. admite el recurso, rechazando la calificación, señalando que la vigente Ley de Sociedades de Capital regula de forma detallada todo el proceso de liquidación de Sociedades mercantiles estableciendo con detalle todas las operaciones que deben realizar los liquidadores nombrados hasta llegar a la total extinción de la sociedad y consiguiente cancelación de asientos registrales, previo pago a los acreedores y adjudicación del haber social. Y uno de los puntos esenciales de ese proceso liquidatorio es la aprobación por la Junta General del balance final de liquidación, o cuenta de cierre, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante, concediéndose a los socios que no hayan votado a favor del acuerdo, entre los que se incluyen lógicamente los no asistentes a la junta general, el derecho de impugnar el acuerdo de la junta general de aprobación del balance final en el plazo de dos meses a contar desde la adopción del acuerdo. En este precepto se apoya la Registradora para exigir, a los efectos de posibilitar ese derecho de impugnación, la notificación a los socios no asistentes a la junta, pues, a su juicio, de otra forma no tendrían conocimiento del acuerdo y, por tanto, su derecho de impugnación sería ilusorio.
Sin embargo, señala el Centro Directivo, es lo cierto que ningún precepto de la Ley de Sociedades de Capital, ni tampoco del Reglamento del Registro Mercantil vigente, exigen para la inscripción de la escritura que documente la liquidación y extinción de la sociedad, que se haga manifestación alguna por parte del, o de los liquidadores, acerca de que han notificado a los socios no asistentes a la junta la aprobación del balance final de liquidación, por lo que una exigencia en dicho sentido, para conseguir la inscripción de la escritura que documente la liquidación y extinción de la sociedad, no puede prosperar.
No procede imponer más obligaciones publicitarias a las sociedades de capital que las legalmente previstas que, aunque en la nota de calificación, se limita a una mera notificación al único socio no asistente, si se estimara que para el cierre de la hoja de la sociedad es precisa dicha notificación, el requisito sería aplicable a todo tipo de sociedades de capital, contara con pocos o muchos socios, fuera limitada o anónima y en este último caso tuviera sus acciones representadas por anotaciones en cuenta o por títulos nominativos o al portador, lo que obligaría en este último caso, y también en el de múltiples socios no asistentes, a volver a publicaciones en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en diarios, hoy suprimidas legalmente, contrariando al mismo legislador y a la línea general de simplificación y reducción de costes en el funcionamiento de las empresas, seguida por la legislación comunitaria y secundada por el derecho de sociedades aplicable en España.
Lo anterior, además se señala, no supone que los socios no asistentes a la Junta General que aprueba el balance final de liquidación queden desprotegidos. Son muchas las normas que tienden a proteger sus intereses y que le posibilitan, sin necesidad de una notificación «ad hoc» no prevista legalmente, llegar a tener conocimiento del acuerdo aprobatorio del balance final. Así, la primera noticia recibida por el socio le vendrá de la mano del necesario anuncio o comunicación convocando la Junta General de la sociedad. Por su parte, el artículo 388 de la Ley regulando el deber de información a los socios durante el período de liquidación viene a establecer que «los liquidadores harán llegar periódicamente a conocimiento de los socios… el estado de la liquidación por los medios que en cada caso se reputen más eficaces». No cabe duda alguna que ese estado de liquidación comprenderá, en su caso, la propuesta del balance final de liquidación y el mismo balance debidamente aprobado por la junta general.
Y, como fundamental garantía de los socios, la escritura pública de extinción de la sociedad, que debe ser otorgada por los liquidadores, exige que los mismos manifiesten que «ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto» (cfr. artículo 395.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital).
Es en este ámbito donde debe situarse la verdadera garantía del socio, ausente o disidente, de sus derechos en orden a un balance final que suponga un perjuicio a su participación en la sociedad, por incumplimiento de las normas sobre liquidación, o por una irreal valoración de los activos de la sociedad, una fijación errónea del valor de su cuota de liquidación o por no respetar el principio de proporcionalidad en el reparto del haber social.
Por todo ello debe concluirse que lo único exigible a los liquidadores, a los efectos de la constatación de la extinción de la sociedad en el Registro Mercantil, es la manifestación de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo aprobatorio del balance final de liquidación sin que se hayan formulado impugnaciones (manifestación que no podrá figurar en la escritura cuando ésta se otorgue antes del transcurso de dos meses desde la celebración de la Junta) o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiere resuelto, lo que unido a la no constancia en la hoja de la sociedad de la anotación preventiva de la demanda de impugnación que debe ser acordada de oficio por el juez de forma simultánea a su admisión (cfr. artículo 390.2 de la Ley de Sociedades de Capital), debe ser garantía más que suficiente para los socios a los efectos de la protección de su cuota en el haber social.

SOCIEDADES “EXPRESS”

ES NECESARIO ACREDITAR LA EXENCIÓN DEL ACTO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA POR VÍA TELEMÁTICA.
Resolución de 26 de Enero de 2.012. (B.O.E. de 12 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.

Lo cual ha de coordinarse con el contenido de la instrucción de 18 de Mayo de 2011. Se compatibiliza una vez más, como ya se ha puesto de relieve en pasadas resoluciones de 14 y 17 de Septiembre de 2.011 entre otras, la compatibilidad de las competencias autonómicas de gestión y liquidación del impuesto de sociedades, con las competencias estatales de determinación de los requisitos de acceso al Registro Mercantil.

OBJETO SOCIAL

HA DE DETERMINARSE A QUÉ ESPECÍFICA ACTIVIDAD MEDIADORA DE SEGUROS SE VA A DEDICAR LA SOCIEDAD LIMITADA: AGENCIA O CORREDURÍA.
Resolución de 25 de Enero de 2012. (B.O.E. de 12 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.

Al ser ambas actividades incompatibles, tal precisión resulta imprescindible, sin que pueda inferirse inexcusablemente que se dedicará a actividad de agencia.
Como apunta el recurrente, el artículo 27.1.a) de la Ley 6/2.006, de 17 de Julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, sólo para las actividades de correduría  de seguros se exige previsión estatutaria expresa. Además, el artículo 23.b) de la Ley de Sociedades de Capital, el 178 del Reglamento del Registro Mercantil abogan por la necesidad de determinar las actividades integrantes del objeto social sin que basten a tal fin genéricas cláusulas de estilo.

AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA: NO ES INSCRIBIBLE UN AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS. SÓLO ES POSIBLE APORTACIÓN DINERARIA.
Resolución de 15 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.

Se subraya que la compensación de créditos participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias, como vía de conversión de deuda social en capital.
Así, tal modalidad de aumento en sede de SLNE, conculca lo establecido en el artículo 443.2 de la Ley de Sociedades de Capital que extiende la exigencia de estar totalmente desembolsado mediante aportaciones dinerarias al capital total, y no sólo al capital inicial de la SLNE como preveía el artículo 135.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 2/1995.
Cuando la Sociedad debe una determinada cantidad de dinero, sea a un socio o a un tercero, dicha cantidad quedará reflejada en el pasivo del balance. Como contrapartida de esa cantidad en el activo del balance pueden figurar, bienes, derechos de crédito y también efectivo, bajo el concepto de tesorería, pero el hecho de que se produzca una compensación de un crédito que aparezca en el pasivo del balance por su traspaso a la cuenta de capital, no quiere decir que una partida del activo pase a integrarse en el capital de la sociedad, sino que un pasivo exigible, como es el crédito que el socio o el tercero tiene frente a la sociedad, se convierte en pasivo no exigible al quedar integrado, dentro del mismo pasivo, en el capital de la sociedad. Por tanto en ningún caso la compensación de créditos existentes en el pasivo del balance supone un ingreso de metálico o dinero en la sociedad, sino una mera operación contable.
Por todo ello y por la simplicidad que el legislador pretendía introducir con la regulación de estas sociedades, su evidente tamaño de pequeña empresa, la necesaria protección de la integridad del capital social y de su realidad como medio de potenciar su estructura económica por la limitación del capital máximo, parece más que justificada la exigencia del legislador de que todo desembolso de capital en la sociedad nueva empresa, no sólo el mínimo inicial, sino el total capital social con que puede contar, sea hecho efectivo mediante aportaciones dinerarias.

EL INFORME DEL AUDITOR ES NECESARIO EN EL AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS DE UNA SOCIEDAD LIMITADA.
Resolución de 28 de Febrero de 2012. (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución. Otra igual de 29 de Febrero de 2012. (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.

Se plantea si es o no inscribible un acuerdo de aumento del capital social de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cargo a reservas, sobre la base de un balance aprobado por unanimidad de todos los socios, suspendiendo la Registradora la inscripción porque, a su juicio, es imprescindible que dicho balance esté verificado por un auditor de cuentas.
La Dirección General desestima el recurso y reitera su doctrina expuesta en esta revista en el anterior número (Resolución de 4 de octubre 2011). En aras del principio de realidad del capital social, el legislador establece determinadas cautelas, como la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad y la exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como requisito previo a la inscripción (artículos 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva existencia de esos fondos en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación que según el legislador deberá consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una determinada antelación máxima y verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Resulta por tanto necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliación, es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del pasivo del balance.

La operación acordeón en una sociedad limitada requiere informe de auditoría en la reducción de capital si éste, tras el aumento, no es igual o superior al capital inicial

LA OPERACIÓN ACORDEÓN EN UNA SOCIEDAD LIMITADA REQUIERE INFORME DE AUDITORÍA EN LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SI ÉSTE, TRAS EL AUMENTO, NO ES IGUAL O SUPERIOR AL CAPITAL INICIAL.
Resolución de 25 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 29 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.

Se debate sobre si en una escritura que documenta una reducción de capital social por pérdidas, con aumento simultáneo por una cifra inferior a la inicial del capital social, es o no exigible el informe de auditoría.
El Registrador así lo requiere, señalando que no resulta aplicable la doctrina de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de marzo de 2.011, que se refiere a un supuesto distinto en el que la cifra de capital social es objeto de reducción y posterior aumento, quedando con una cantidad superior a la inicial, no inferior como es el del presente supuesto.
Se recurre sobre la base de los artículos 343 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, donde no se exige el informe de auditor cuando la reducción y el aumento son simultáneos.
La Dirección General confirma la nota de calificación, ya que la sociedad tiene un capital social inicial que, tras sufrir la operación de reducción por pérdidas, se aumenta hasta una cifra inferior a la inicial. De este modo la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en perjuicio de los acreedores sociales, lo que exige de forma inexcusable el informe de auditoría.
Así, las medidas protectoras de los acreedores y socios contempladas por el ordenamiento, señaladamente la necesidad de verificación del balance, sólo tienen sentido en la medida en que los intereses de socios y acreedores se encuentren en situación de sufrir un perjuicio. Por ello, resulta admisible tanto la posibilidad de excluir la verificación de cuentas cuando concurre el consentimiento unánime de todos los socios que conforman el capital social, como cuando los intereses de los acreedores sociales están salvaguardados por mantenerse o incluso fortalecerse la situación económica de la sociedad a consecuencia de un subsiguiente aumento de capital.
Por ello, para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya sido objeto de verificación es imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo de nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial.
Y, en el presente caso, no estamos ante una situación típica de las denominadas acordeón por no reunirse los requisitos establecidos en el ordenamiento para que así sea (artículos 343 y 344 de la Ley de Sociedades de Capital), al quedar el nuevo capital social, tras la ampliación, con una cifra inferior a la inicialmente existentes antes de la reducción.

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