Mohamad v Palestinian Authority o cómo interpretar un término legal.

Hace poco menos de un mes el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ofrecido, en su sentencia Asid Mohamad v. Palestinian Authority una lección de dogmática jurídica relativa a la interpretación de términos obrantes en textos legislativos. El grueso de la resolución judicial se centra en dilucidar si el término “individual”, obrante en la Torture Victim Protection Act de 1991 se refiere únicamente a personas físicas o jurídicas.

Los antecedentes fácticos del caso son en sí bastante trágicos. En el año 1995, mientras se encontraba de visita en West Bank, Azzam Rahim fue arrestado por oficiales de inteligencia de la Autoridad Palestina y trasladado a Jericó, donde fue encarcelado, sometido a torturas y asesinado; hecho que fue reconocido ulteriormente de forma oficial un año después en un informe elaborado por el Departamento de Estado. En 2005 los familiares del finado Rahim interpusieron una demanda de responsabilidad civil frente a la Autoridad Palestina al amparo de los preceptos de la Torture Victim Protection Act, que en uno de sus artículos sujeta a responsabilidad civil a todo individuo (“individual”) “under actual or apparten authority or color of law, of any foreign nation”, asesine o someta a torturas a un individuo (aquí se utiliza nuevamente el término “individual” para referirse al sujeto pasivo de la acción). La normativa ofrece una definición expresa de los vocablos “tortura” y “asesinato extrajudicial” (sic), pero no define expresamente el término “individual”. Los familiares de Rahim interpusieron una demanda ante un juzgado federal basándose en una interpretación amplia del término “individuo”, abogando porque el mismo englobaba no sólo personas físicas, sino personas jurídicas; reconocían expresamente la inmunidad judicial de los estados, pero sostenían que la Autoridad Palestina no tenía esa consideración. Por su parte, el demandado solicitó la inadmisión a trámite del asunto (motion to dismiss), petición que fue acogida por el juzgado federal, resolución que fue confirmada en vía de recurso por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. El asunto llega al Tribunal Supremo que, como única cuestión jurídica a debatir el alcance del término “individual”.

La conclusión del Tribunal Supremo es rotunda: rechaza las pretensiones del demandante dado que “el significado ordinario del término, fortalecido por el contexto legislativo, nos lleva al convencimiento de que la Ley únicamente permite el ejercicio de las acciones procesales frente a personas físicas”. Para ello, acude a varias reglas interpretativas, la primera de las cuales es el significado ordinario del vocablo (“Because the TVPA does not define the term individual, we look first to the word´s ordinary meaning”), para lo cual se transcriben las definiciones que ofrece de la palabra hasta tres diccionarios (el de Oxford, el Random House y el Webster) tras lo cual el órgano judicial concluye que tal acepción es la que se utiliza de forma cotidiana, ofreciendo incluso ejemplos prácticos (“We say ´the individual went to de store`´the individual took de car`each time referring un mistakably to a natural person”), indicando que “nos atrevemos a afirmar que nadie utiliza el término individuo para referirse a una organización”.

Eso sí, el Tribunal reconoce de forma indubitada que el uso común u ordinario de una palabra no impide al Congreso utilizarla a darle otro significado a efectos legales (“This is not to say that the Word individual invariably means natural person when used in a statute. Congress remains free, as always, to give the Word a broader or different meaning”), pero en el caso concreto sometido a su consideración nada indica que el legislador tuviese intención de atribuirle al término otro significado diferente al común. Descendiendo a los antecedentes legislativos y a una interpretación sistemática del texto normativo, la sentencia deja bien claro que la ley utiliza el término individuo cinco veces en la misma frase, una para referirse al autor o sujeto activo y cuatro para referirse a la víctima, por lo que una interpretación lógica lleva a concluir que sería extraño que un mismo vocablo se utilizase cuatro veces para referirse a una persona física y una para entes con personalidad jurídica; a ello se añade que en otros preceptos de la misma ley se utiliza el término persona (“person”) cuya definición sí se reconoce es más amplia y puede suscitar más dudas que “individuo”. Pese a que el acudir a los antecedentes legislativos únicamente es posible en caso de términos oscuros o ambiguos (“reliance on legislative history is unnecesary in light of the statute´s unambiguous lenguaje”) Tribunal entra en ellos para rechazar las pretensiones del recurrente, toda vez que de los mismos no se concluye que el Congreso tuviera la intención de ampliar la legitimación pasiva a entidades con personalidad jurídica (el recurrente indicaba que en los debates parlamentarios en la Cámara de Representantes se estableció que “individuals, not foreign states, can be sued”, algo de lo que no puede extraerse que el término englobase a personas jurídicas).

No obstante, en sus párrafos finales el Tribunal Supremo si que, a modo de obiter dicta, echa un capote al recurrente indicando que sus tesis no son del todo descabelladas y que, en efecto, constreñir la legitimación pasiva a personas físicas puede desvirtuar la ley, pero se recuerda que ello es competencia legislativa y que nada puede pueden hacer los órganos judiciales ante la claridad de un texto legal más que estar ante sus disposiciones (“We aknowledge petitioner´s concerns about the limitations on recovery. But there are ones that Congres imposed and that we must respect […] petitioners´s purposive argument simply cannot overcome the force of the plain text”). En definitiva, la sentencia concluye con un párrafo de lo más significativo: no le cabe duda al Tribunal Supremo de que existen argumentos válidos que avalan las tesis del actor, pero ello exigiría una modificación legislativa, estando vedado al poder judicial tal facultad.

Monsieur de Villefort

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