Resoluciones DGRN – septiembre – octubre 2001 ( Mercantil )

SOCIEDADES/JUNTA GENERAL

NI LA JUNTA GENERAL, NI EN SU CASO EL SOCIO ÚNICO, TIENEN CAPACIDAD PARA OTORGAR EL PODER CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA. LA COMPETENCIA PARA TAL OTORGAMIENTO ES EXCLUSIVA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.
Resolución de 26 de Abril de 2.011 (B.O.E. de 27 de Junio de 2.011).

La reunión de todas las acciones o participaciones en una sola mano no puede dispensar de la observancia de las reglas de funcionamiento de la sociedad, y en particular, de distribución competencial de los órganos sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (cfr. artículos 107 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil), razón por la cual la sociedad unipersonal ha de contar con los órganos previstos en la Ley y observar los preceptos procedimentales y formales relativos a la toma de decisiones, salvo los que tengan carácter dispositivo.

Y si bien, resulta sumamente interesante la reflexión planteada por el recurrente preocupado en interpretar las leyes de acuerdo con su espíritu, con lo razonable, yendo más allá de la literalidad de los preceptos: sobre la base de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actual artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de Julio), en unión del apartado 3 del artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil, de los que, a su juicio, resulta que el legislador en las sociedades unipersonales lo que quiso es que en el socio único se pudieran confundir las funciones de la Junta y del Consejo. Es decir, de acuerdo con la interpretación del recurrente, la Ley no obliga a distinguir si lo que hace el socio único lo hace como decisión de la Junta o como decisión del órgano administrativo, y ello aún cuando el administrador sea una persona distinta y, por tanto, lo que decida el socio único debe admitirse en cualquier caso. Sin embargo, la Dirección General se muestra muy rigurosa en cuanto al respeto del organigrama social de atribución de competencias, cuestión inalterable por su carácter de Derecho necesario.

DETERMINACION DEL OBJETO SOCIAL.

Resolución de 17 de Junio de 2.011 (B.O.E. de 5 de Julio de 2.011). Descargar Resolución.

En el supuesto del presente recurso se constituye una sociedad de responsabilidad limitada con el siguiente objeto social: «Asesoramiento, formación y soluciones de calidad en materia de gestión de proyectos, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, marketing, publicidad, tecnologías de la información, recursos humanos, mejora de productividad, estrategia, reingeniería de procesos, mejora de la competitividad y cualquier otra actividad o proyecto que pueda requerir de un servicio especializado de carácter innovador, el fomento del empleo y la igualdad de géneros».
El Registrador Mercantil deniega la inscripción del último inciso («y cualquier otra actividad o proyecto que pueda requerir de un servicio especializado de carácter innovador, el fomento del empleo y la igualdad de géneros»), por entender que vulnera la exigencia legal de determinación.
La Dirección General revoca el defecto. Tanto el artículo 23.b) de la Ley de Sociedades de Capital como el artículo 178 del Reglamento del Registro Mercantil exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice mediante la determinación de las actividades que lo integren. Si embargo, en  el presente supuesto, dado que la expresión controvertida se pone en relación con el resto del contenido del artículo de los Estatutos Sociales relativo al objeto social no puede entenderse contraria a las exigencias de determinación derivada del mencionado precepto reglamentario.

CALIFICACION DE ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL “EXPRESS”.

Resolución de 4 de Junio de 2.011. (B.O.E. de 1 de Julio de 2.011). Descargar Resolución.

En el supuesto del presente recurso se constituye una sociedad de responsabilidad limitada por el procedimiento establecido en el apartado Dos del artículo 5 del Real Decreto-Ley 13/2.010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, con la consiguiente incorporación de Estatutos sociales ajustados a los aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre.

El Registrador califica negativamente determinadas disposiciones estatutarias relativas al objeto social. Para resolver tales dudas -y concretamente las planteadas en el presente recurso- debe tenerse en cuenta el criterio sentado por el Centro Directivo en algunas Resoluciones anteriores (cfr. las de 26 de enero, 23 de marzo y 18 de abril de 2.011) y en la reciente Instrucción de 18 de Mayo de 2.011.

La escritura  fue calificada con los siguientes defectos, respecto de los cuales se va pronunciando la D.G.R.N.:

1º). No se acredita la solicitud de pago del impuesto. A este respecto, se señala que es cierto que el artículo 86 del Reglamento del Registro Mercantil exige para la práctica del asiento de inscripción en dicho Registro la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Pero es igualmente cierto que el artículo 123 del Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación hipotecaria, remisión que debe entenderse realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las sociedades en el Registro Mercantil y en el ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las mencionadas disposiciones del Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2.010, y en consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención.
2º). La actividad contenida en el objeto social, relativa a «Construcción, instalaciones y mantenimiento» es ambigua. Señala el Centro Directivo que la mayoría de las actividades enumeradas en el citado modelo de Estatutos-tipo, se ha optado con finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un sector económico más específico. Pero tal circunstancia no debe impedir que la disposición estatutaria que se adopte pueda contener una referencia más concreta a un tipo de productos o servicios que delimiten más específicamente la actividad de que se trate, sin que por tanto pudiera negarse su calificación e inscripción en la forma prevenida en este Real Decreto-Ley por el hecho de que no se ajusten a la literalidad de lo que se expresa en el referido artículo 2 de los referidos Estatutos-tipo
3º). La actividad contenida en el objeto social, relativa a prestación de servicios, actividades de gestión y administración es indeterminada dando lugar a que se consideren incluidas actividades sujetas a legislación especial. Señala, en este sentido, la Dirección General que la referencia a «actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los Estatutos-tipo debe entenderse atinente a las actividades profesionales que no pueden considerarse incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales).

4º). La forma de convocatoria a través de procedimientos telemáticos mediante el uso de firma electrónica no asegura la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro-Registro de socios, incidiendo además en alternatividad de medios al señalar a continuación del indicado, otro distinto. Apunta la resolución que la disposición estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente (cfr. la Resolución de 23 de marzo de 2.011).

5º). No consta en estatutos, en el caso de administradores solidarios, su número concreto o al menos el número máximo y el mínimo de los mismos. Calificación confirmada por el Centro Directivo.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD “EXPRESS”: LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y PROVISIÓN DE FONDOS PARA EL BORME.

Resolución de 15 de Junio de 2.011 (B.O.E. de 5 de Julio de 2.011).  Descargar Resolución. Idéntica la Resolución de 29 de Junio de 2.011. (B.O.E. de 21 de Julio de 2.011). Descargar Resolución. También en este sentido la Resolución de 21 de Junio (B.O.E. de 12 de Julio de 2.011). Descargar Resolución.

En el supuesto del presente recurso se constituye una sociedad de responsabilidad limitada profesional, en cuyos Estatutos se establecen distintos modos de administración alternativos, entre ellos los consistentes en más de dos administradores mancomunados y en un consejo de administración. La constitución de la sociedad se ajusta a las reglas establecidas en el apartado Tres del artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
El Registrador considera que debe solicitarse o practicarse la liquidación de los tributos correspondientes al acto que se pretende inscribir y acreditarse la correspondiente provisión de fondos para la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
La Dirección General revoca el primer defecto y confirma el segundo. A pesar de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento del Registro Mercantil y del artículo 54 del  Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  deben también tenerse en cuenta las mencionadas disposiciones del Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2010, siguiendo la doctrina ya consolidada en otros ámbitos y en consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este Centro Directivo en la Instrucción de 18 de mayo de 2.011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción, sin perjuicio de las comunicaciones que, en su caso, realicen los Notarios al amparo de las normas legales o los convenios que les sean de aplicación. De este modo quedan salvaguardados la finalidad de la norma y los intereses de las Administraciones Tributarias en cuanto al ejercicio de sus competencias de control e inspección.

En cuanto al segundo defecto, se mantiene pues sólo las sociedades que tengan las características tipológicas descritas en el artículo 5, apartados Uno y Dos, del Real Decreto-ley 13/2010 (tipo social, capital social, socios personas físicas, estructura del órgano de administración y, en su caso, incorporación de Estatutos-tipo), «estará exenta del pago de tasas» –cfr. letra f) del referido apartado Uno–. Por el contrario, para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el presente caso, por el hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de dos administradores mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo artículo 5, dispone que «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente». Cuestión distinta es que, una vez inscritas estas sociedades, deba remitirse por el Registrador Mercantil para su publicación, telemáticamente y sin coste adicional alguno, a dicho Boletín determinados datos relativos a la escritura (cfr. artículo 35 de la Ley de Sociedades de Capital). Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

LA FALTA DE CONSTANCIA DE LA UNIPERSONALIDAD EN EL REGISTRO NO IMPIDE EL ACCESO DE DETERMINADOS ACTOS.

Resolución de 22 de Junio de 2.011 (B.O.E. de 21 de Julio de 2.011). Descargar Resolución.

Se pretende inscribir en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos sociales adoptados por la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada sobre la aceptación de la renuncia de uno de los administradores solidarios, cambio de sistema de administración y nombramiento de administrador único.

El Registrador Mercantil entiende que no puede practicarse la inscripción porque, a su juicio, lo impide el hecho de que en el Registro conste el carácter unipersonal de la sociedad y, según se desprende la escritura calificada, la sociedad ha perdido tal carácter sin que dicha circunstancia se haya hecho constar previamente en el Registro.

La Dirección General admite el recurso y señala que un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro. Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es en este caso la Junta General por tratarse de acuerdos sobre cambio de sistema de administración y cambio de administradores.

SUBSISTENCIA DE LOS PODERES EN SOCIEDAD EN LIQUIDACION.

Resolución de 27 de Junio de 2.011. (B.O.E. de 21 de Julio de 2.011). Descargar Resolución.

En el supuesto de hecho que da lugar a este recurso comparece en representación de una sociedad que se encuentra en estado de liquidación, un apoderado nombrado en el año 2.003 y con poder inscrito en el Registro Mercantil al efecto de proceder a la compraventa de un inmueble propiedad de la sociedad que representa. El Registrador rechaza la inscripción porque a su juicio la disolución de la sociedad provoca la ineficacia de los poderes anteriormente conferidos y por incongruencia de lo actuado con la relación de facultades que constan en la escritura.
La Dirección General revoca la calificación. Ciertamente, señala, el estado de liquidación abierto tras el acuerdo de disolución tiene consecuencias sobre los fines y actuaciones que debe llevar a cabo la sociedad por medio de sus representantes orgánicos, así como sobre el modo de ejercer sus funciones. Pero la falta de voluntad expresa de revocar los poderes voluntarios conferidos en nombre de la sociedad, hace que los mismos subsistan a pesar de la situación de liquidación en que se encuentre la sociedad.

No hay conflicto de intereses en la constitución de una sociedad por un mismo otorgante que representa a dos fundadores

NO EXISTE CONFLICTO DE INTERESES EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD CUYO UNICO OTORGANTE ES EL REPRESENTANTE DE LAS DOS SOCIEDADES FUNDADORAS. CABEN MODOS ALTERNATIVOS DE CONVOCATORIA DE JUNTA.
Resolución de 5 de Julio de 2.011 (B.O.E. de 17 de Septiembre de 2.011). Descargar Resolución.

Dos interesantes cuestiones se debaten en este supuesto:

A).- Se debate en primer lugar, ante una escritura de constitución de una sociedad cuyo único otorgante interviene como administrador único de las sociedades fundadoras, el rechazo de la inscripción ya que se entiende que se «da lugar a un supuesto de autocontratación sin que lo salve el correspondiente acuerdo de la Junta General…».

La D.G.R.N. rechaza la calificación registral señalando que no es lo mismo contemplar la situación de autocontratación, o de doble o múltiple representación, cuando se trate de contratos onerosos con recíprocas obligaciones entre las partes, en los que por su naturaleza hay intereses contrapuestos, que cuando se trate de contratos asociativos, en los que concurren declaraciones convergentes para consecución de un fin común. En definitiva, el propio concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de las partes que lo celebran, al concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social. Así, prevalece la satisfacción del interés común sobre una eventual confrontación de los intereses de las partes.
Debe señalarse asimismo que si pudiera entenderse que, en relación con un aspecto concreto de dicho negocio, puede llegar a verificarse la existencia de un conflicto de intereses entre representante y representado o entre varias personas representadas por un mismo representante, porque se antepongan los intereses de alguno de ellos a los de los otros, deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte de la registradora, sin que pueda deducirse automáticamente su existencia por el simple hecho de que ambos socios fundadores fueran personas jurídicas y hubieran sido representadas por la misma persona física. Más aún, la propia naturaleza del negocio asociativo, carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de las partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

B).- Por lo que se refiere al segundo de los defectos impugnados, los estatutos disponen que la junta general «…será convocada por el órgano de administración, o, en su caso, por los liquidadores de la sociedad, bien mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, o bien, por carta certificada con acuse de recibo, remitida al domicilio designado por el socio al efecto o al que conste en el Libro registro de socios, debiéndose realizar obligatoriamente por este último medio si la sociedad no tiene página web…».

Pues bien, la Registradora Mercantil deniega la inscripción de dicha disposición estatutaria porque, a su juicio, si la sociedad tiene página web para publicar el anuncio de convocatoria se estarían estableciendo dos sistemas alternativos de convocatoria, con infracción del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rechaza también aquí la Dirección General el planteamiento de la calificación señalando que entre las medidas introducidas por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, para mejorar la competitividad de las empresas se incluyen las dirigidas a la disminución de los costes en actos frecuentes de su vida societaria, mediante la reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos.

En todo caso, con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto. Por ello, para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta general en sustitución de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

Y en el presente caso se ha ejercido esa libertad de configuración estatutaria al disponer un sistema facultativo de convocatoria de la junta general en sustitución de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario. La registradora rechaza que se prevean como alternativas el anuncio de la convocatoria mediante publicación en la web de la sociedad y la comunicación por carta certificada con aviso de recibo. Pero tal criterio no puede estimarse suficientemente fundado en la letra de la norma del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital ni en su «ratio legis», ya que no puede negarse la posibilidad de establecer como alternativos los diversos procedimientos de convocatoria de la junta previstos en el presente caso. Y es que, con base en la autonomía de la voluntad de los socios fundadores (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), se prevén dos sistemas que aseguran al socio la información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por el artículo 173 de dicha Ley, de modo que los socios puedan contar con que la Junta habrá de convocarse mediante cualquiera de esos sistemas establecidos en una disposición estatutaria que no puede reputarse contraria a norma imperativa alguna ni contradictoria de los principios configuradores del tipo social elegido. Negar dicha posibilidad sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación perseguida por el precepto legal citado en la calificación impugnada.

PARA ALEGAR LA AUTOCONTRATACIÓN HAY QUE EXPRESAR DÓNDE SE ENCUENTRA EL CONFLICTO DE INTERESES. LOS ESTATUTOS DEBEN RESPETAR LAS MAYORÍAS LEGALES IMPERATIVAS Y NO PROVOCAR CONFUSIÓN.

Resolución de 7 de Julio de 2.011 (B.O.E. de 10 de Agosto de 2.011). Descargar Resolución.

En una escritura de constitución de una sociedad, su único otorgante interviene en su propio nombre y derecho y, además, como administrador único, de otra sociedad, por lo que se rechaza por el Registrador al considerar que se produce una colisión de intereses que sólo puede ser salvada a través del acuerdo de la Junta General de la sociedad representada. Además, se señala un segundo defecto relativo a que se establece una mayoría del 60 por ciento para algunas votaciones a las que la vigente Ley de Sociedades de Capital exige mayoría de dos tercios.

La Dirección General revoca el primer defecto y confirma el segundo:

1º).- Entiende, por un lado, que cuando se alega la autocontratación en una calificación registral debe expresarse por qué existe el conflicto de intereses que debe salvarse por acuerdo de la Junta General, y en este supuesto concreto no concurría, al no existir  “sinalagma”, sino confluencia de intereses propia de un contrato asociativo.

2º).- Respecto del segundo defecto, aún cuando se salve con carácter general en los Estatutos la aplicación de la Ley, esa mayoría específica puede generar una confusión en los terceros, lo cual impide su inscripción.

NO ES PRECISO DETERMINAR EL MODO CONCRETO DE COMUNICACIÓN INDIVIDUAL Y ESCRITA PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.
Resolución de 8 de Julio de 2.011 (B.O.E. de 10 de Agosto de 2.011).

En unos Estatutos contenidos en una escritura de constitución de una sociedad limitada, respecto del modo de convocatoria de la Junta General, se establece que “La convocatoria de la junta deberá hacerse… por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios…”, que es una de las opciones del art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital. El Registrador considera que dicha redacción va en contra de la correcta interpretación de los 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 186 del Reglamento del Registro Mercantil, que exige que en los estatutos se precise el concreto medio de convocatoria, lo cual es contradicho por la Dirección General, ya que precisamente la voluntad actual del legislador, concretada en la nueva Ley, sus sucesivas reformas, entre ellas la de 1 de agosto, que no se pudo citar en la Resolución comentada, se concreta en dar la mayor flexibilidad y ocasionar los menores costes posibles a su funcionamiento.

ADMINISTRADORES

LA MENCIÓN ERRÓNEA DEL CARÁCTER DEL ADMINISTRADOR, SEÑALANDO QUE ES ÚNICO CUANDO EN REALIDAD ES SOLIDARIO, NO DEBE IMPEDIR LA INSCRIPCIÓN DE UN PODER OTORGADO POR EL MISMO.

Resolución de 9 de Julio de 2.011 (B.O.E. de 10 de Agosto de 2.011). Descargar Resolución.

Un administrado solidario concede un poder general, declarando en la escritura, por error, que es Administrador único. La Registradora impide la inscripción hasta que subsane ese error, ante lo que el Notario autorizante interpone un recurso en el que pone en evidencia la irrelevancia del defecto, dándole la razón la Dirección General calificando el defecto como de “escasa entidad”.

CUENTAS ANUALES

DECLARADA EN CONCURSO DE ACREEDORES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE AUDITAR SUS CUENTAS ANUALES, SI BIEN QUEDAN EXENTAS LAS PRIMERAS CUENTAS ANUALES PREPARADAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (ART. 46 LEY CONCURSAL).

Resolución de 1 de Junio de 2.011 (B.O.E. de 1 de Julio de 2.011).

Se trata de una excepción que tiene su fundamento en la obligación que se impone a los Administradores concursales de presentar al Juez del concurso el preceptivo informe que debe contener, entre otras circunstancias, el estado de la contabilidad del deudor así como la información contable y patrimonial al que se refieren el artículo 75, apartados 1 y 3, de la Ley Concursal, documento que a tales efectos tiene un valor legal equivalente al de la verificación contable de los auditores.

EFICACIA TRANSITORIA DE LA LEY 16/2.007, DE 4 DE JULIO, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL DÍA 1 DE ENERO DE 2008 Y RESPECTO DE LOS EJERCICIOS QUE SE INICIARON PARTIR DE DICHA FECHA.

Resolución de 1 de Junio de 2.011 (B.O.E. de 22 de Julio de 2.011). Descargar Resolución.

Ante la duda planteada por una Sociedad en cuanto a la necesidad de la auditoría de sus cuentas, la Dirección General señala que para conocer si en el ejercicio 2.009 la Sociedad debió presentar el informe del auditor de cuentas, habrá de considerar si en las cuentas correspondientes al ejercicio 2.007, elaboradas con arreglo a los criterios contables vigentes con anterioridad al 1 de enero de 2.008, se sobrepasaron o no dos de los límites establecidos y regulados en el antiguo artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas, conforme a las magnitudes establecidas en dicho precepto, aplicándose a las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008, los límites establecidos tras la modificación de dicho precepto por la Ley 16/2.007, de 4 de Julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

LA FORMULACIÓN DE CUENTAS DE UNA SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES CORRESPONDE AL ADMINISTRADOR CONCURSAL, SI EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONCURSADA ESTÁ SUSPENDIDA.

Resolución de 4 de Julio de 2.011 (B.O.E. de 11 de Agosto de 2.011). Descargar Resolución.

Se presentan para su depósito las cuentas de una entidad concursada expedidas la certificación acreditativa del acuerdo de aprobación de las mismas por el liquidador, con cargo ya cesado, exigiéndose por la Registradora que sea el administrador concursal el que las formule, calificación confirmada por la Dirección General, que diferencia entre los casos de suspensión e intervención, señalando que la formulación de las cuentas durante la tramitación del concurso corresponderá a los administradores concursales en caso de suspensión (a diferencia de lo que prevé para los casos de intervención, en los que tal facultad corresponde al deudor, bien que bajo la supervisión de aquellos).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *