Sin recursos

Cuando oímos constantemente que la Justicia se está quedando sin recursos, nuestra primera reacción es ponernos en disposición de escuchar las viejas reivindicaciones de los que en ella trabajan sobre ausencia de medios materiales que impiden la eficacia de su funcionamiento. Sin embargo la expresión “quedarse sin recursos” va camino de adquirir una nueva dimensión, la estrictamente procesal, ya que con las nuevas medidas que se propone abordar nuestra tutora clase política, el común de los mortales nos vamos a quedar, literalmente, sin recursos ante la mayoría de las resoluciones dictadas en la instancia judicial.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados logró el pasado día 29 de Junio sacar adelante el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal que eleva de 150.000 euros a 600.000 la cuantía de los pleitos civiles y contencioso-administrativos que accedan a recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este límite para conseguir que el Alto Tribunal revise los asuntos en que el ciudadano pleitea contra particulares y contra las administraciones públicas supone un incremento cercano al trescientos por cien respecto a la cuantía actual. Y podemos darnos con un canto en los dientes, porque los Magistrados del Tribunal Supremo proponían como medida para acabar con el atasco judicial en su Sede poner el listón de la casación en el millón de euros.

Desde luego que así se acaba con la lentitud de la Justicia, dando la espalda a su labor de impartirla por la sola razón de la cuantía de las pretensiones en juego. En la misma línea de actuación, la próxima medida de la Ministro de Sanidad debería ser cortar la manos a los fumadores. Y es que muerto el perro se acabó la rabia. El recorte de las garantías contra la falibilidad de las resoluciones dictadas por el juzgado de instancia no alcanza sólo al Supremo, sino que se extienden a la ordinaria apelación en segunda instancia civil y contenciosa, fijando para aquel la cuantía mínima en 3.000 euros y en el segundo en 30.000.

La trascendencia de la medida se hará notar sobre todo entre los pequeños empresarios, subcontratistas, autónomos y consumidores, que perderán la posibilidad del acceso a la revisión en segundo grado en la mayoría de los asuntos por los que ordinariamente deben acudir al auxilio judicial. Mientras, los asuntos de entidad en que de ordinario se ven implicados los “grandes usuarios” de la Justicia como aseguradoras o bancos y en los que se ven recíprocamente implicados, no se verán afectados apenas. Precisamente estos pleitos por su complejidad son los que se perpetúan en la tramitación llegando en ocasiones a provocar la parálisis de los órganos judiciales. Lo dicho, ahora lo de quedarse sin recursos hablando de Justicia, adquiere un nuevo y desconocido significado.

Pedro M. González

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