La simplicidad del complejo

La Portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Dña. Gabriela Bravo, admiraba públicamente “el debate jurídico de altísimo nivel” abierto entre el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) con motivo de la Sentencia revocatoria de este último en relación con el salvoconducto electoral de la coalición Bildu. A su juicio, las resoluciones divergentes del Supremo y el Constitucional han puesto de relieve un debate “muy complejo y de gran envergadura”. En una entrevista concedida a Onda Cero, Bravo decía no compartir la visión “cortoplacista” que distingue a los magistrados entre progresistas y conservadores, considerando que deliberarán según su ideología.

Al margen de la inadecuada utilización de una expresión de orden temporal, como es ese supuesto “cortoplacismo” para referirse a una cuestión de modo o conducta, tal afirmación denota una simplicidad sólo igualable a la del mecanismo de control de la Justicia en este Estado de poderes inseparados. Y es que no se trata de que los jueces tengan una u otra ideología, sino del seguidismo imperativo de las instrucciones dadas por quien les propone y nombra para su cargo, que son los partidos políticos. No es nada complejo diferenciar entre la independencia personal e ideológica de un juez y la institucional de la Jurisdicción en la que ejerce su función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Eso cuando el órgano es jurisdiccional  y  no directamente político como garante del consenso y relación de fuerzas políticas tal y como ocurre con el TC.

El carácter de último seguro del control partidista de la Justicia del TC fuera de la jurisdicción ordinaria le permite funcionar como válvula de seguridad a la fuga por independencia personal de algún Magistrado despistado a las señales recibidas del también politizado Consejo General del Poder Judicial, fiel reflejo coyuntural de fuerzas parlamentarias. No existen disquisiciones jurídicas enfrentadas entre el TS y el TC sino correlación de fuerzas políticas en distinta proporción por la determinación de la composición de sus órganos y renovaciones en momentos distintos y por motivos tan ajenos a la complejidad de los razonamientos como los propiamente biológicos y cronólógicos. El fallecimiento y la jubilación o directamente la conveniencia política y el momento crítico en que se produce el consenso sobre su renovación son los factores clave, y no ningún razonamiento jurídico. La complejidad no existe, sino que el funcionamiento selectivo y electivo explican la lógica del proceso judicial.

En otro orden de cosas, la empanada mental de la Sra. Bravo le hizo llegar en la misma entrevista a la pasmosa conclusión de que la última reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral permite “evitar” que las personas que no condenen “algo tan reprochable y execrable” como un atentado “sigan al frente de sus responsabilidades políticas”. La verdad, cuanto más escucho a estos señores, menos los entiendo. Veritatis simplex oratio est (el leguaje de la verdad es simple), que decía Séneca.

Pedro M. González

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