Dignidad de oficio

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha acordado suspender a partir del próximo 1 de junio la asistencia letrada del servicio de Justicia Jurídica Gratuita en la región a excepción de las causas que afecten a presos, detenidos o que, según comunica “causen perjuicio al derecho a la defensa de los ciudadanos”. Con esta decisión la Junta de Gobierno del ICAM respalda la propuesta elevada por distintas asociaciones ante los retrasos en los pagos de retribuciones a los letrados que integran este colectivo. La deuda se cifra en cerca de diecisiete millones de euros. El Decano D. Antonio Hernández Gil ha comunicado esta decisión a los abogados que mantenían desde el día 25 de Mayo un encierro en la sede del ICAM, asegurando que la suspensión del servicio será indefinida hasta que la Comunidad de Madrid pague el dinero que adeuda al Colegio, quien a su vez retribuye a los profesionales. Actualmente los Letrados vienen cobrando parcialmente gracias al contrato de confirming entre la Corporación y Caja de Abogados.

El análisis de esta penosa situación no debe pasar como una simple reclamación social de un colectivo profesional, ya que, por poco que se rasque en la superficie denota una nefasta consecuencia más de la falta de separación de poderes en origen. Así es, ya que tal separación de la jurisdicción exige no sólo la funcional sino también la económica, y si los Letrados, al igual que los Procuradores y resto de profesionales del mundo jurídico fueran miembros de la misma, dispondrían de presupuesto propio para retribuir la Justicia Gratuita sin depender de la gracia administrativa del poder político a través del Ministerio o de las Consejerías autonómicas.

La elaboración por el Consejo de Justicia del presupuesto de la Jurisdicción integrada por todos los operadores jurídicos además de la ventaja de disponer de la información exacta de las necesidades de Justicia, garantiza la independencia de la misma al no generarse pleitesía que recompensar en el desempeño de su función. Esta integración de las profesiones liberales del Derecho en la jurisdicción, en lugar de su actual status de colaboradores necesarios, se consigue en el preciso momento en que formen parte del cuerpo electoral que elija a un verdadero órgano de gobierno de la justicia. Así se trasmuta el carácter de Administración Corporativa de sus colegios profesionales, como cadena de transmisión presupuestaria del poder político, en el de asociaciones voluntarias de profesionales. El acceso a la profesión, la corrección deontológica y control en materia de honorarios, y por supuesto el acceso a la Justicia Gratuita, quedarían en manos de los respectivos Tribunales Superiores de  Justicia como último escalón  a nivel regional de la Jurisdicción, con competencia para ejecutar el presupuesto del Consejo de Justicia.

No es de extrañar que los colegios profesionales prefieran apoyar cualquier reivindicación de los letrados directamente afectados, que renunciar a la sinecura presupuestaria de seguir siendo Administración Corporativa dependiente económicamente del poder político.

Pedro M. González

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