Cuestión de imagen

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (FV) considera inadmisible la propuesta de que el Consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, D. Vicente Mediavilla, sea nombrado Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma. Mediavilla fue propuesto por el Parlamento de Cantabria el pasado 28 de Marzo por el turno de “juristas de reconocido prestigio” en un momento personal en el que ostenta la condición de miembro del ejecutivo cántabro y además la de diputado autonómico. Según recuerda FV, el candidato a presidir la cúspide de la organización judicial santanderina no ha renunciado aún a ninguno de estos cargos, militando además activamente en el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) que preside D. Miguel Ángel Revilla.

Si el auténtico “tres en uno” de Mediavilla es suficiente para recusar el sistema de elección de cargos y puestos judiciales en su totalidad, lo realmente chocante es que la preocupación de FV se centre en la imagen que esta situación, legal pero ilegítima, da a la ciudadanía. Para esta asociación el problema no es el trino carácter del futuro rector de la vida judicial a nivel regional, sino que la credibilidad del sistema quede cuestionada con la evidencia. Para ellos el que “un aspirante al más alto tribunal autonómico ostente altas responsabilidades políticas no salvaguarda la imagen de independencia que debe mostrar todo candidato, imprescindible para la confianza del ciudadano y presupuesto indispensable del recto ejercicio de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho caracterizado por la separación de poderes”. Esta afirmación salida de boca de jueces debería escandalizar a cualquiera, cuando no a echarnos a la calle directamente, ya que equivale a reconocer que todo se reduce a engañar a la ciudadanía para que esté confiada en su “Estado de derecho”, pero con poderes inseparados.

Para estos jueces, el problema no es que este sistema de inseparación produzca trinitarios del poder (en este caso particular legislativo, ejecutivo y ahora judicial autonómicos amparado en un partido de Estado en el miniestado regional), sino que afecte a la credibilidad del sistema. Es decir, la cuestión alarmante no es el engaño, sino que este claro ejemplo lo haga visible. Véanse sino las declaraciones siguientes que FV realiza para Diario de Noticias el pasado 5 de Abril: “Pasar directamente de la política a la judicatura y más a un Tribunal destinado al posible enjuiciamiento de los miembros del Ejecutivo y Parlamento autonómicos no deja de ser una distorsión del sistema que afecta a la credibilidad del Estado de derecho y que provocará     el     lógico    asombro    de     los ciudadanos quienes verán en ello un dato incuestionable de la politización del tercer poder del estado”.

Realmente, la declaración se asemeja en su planteamiento y forma al boletín interno de una organización clandestina al tratar su táctica de actuación. ¿Pero es que nos toman por imbéciles? Y perdón por la pregunta retórica. El ejemplo no supone una “distorsión del sistema” sino que lo define en sus precisos términos y consecuencias. Como también conceptúa a su glorioso Estado de Derecho. Yo me quedo con nuestra República de Leyes.

Pedro M. González

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