Independencia e inamovilidad judicial

La inamovilidad del juez en su puesto de destino es requisito indispensable para garantizar su independencia personal. La seguridad absoluta de que los cambios coyunturales tanto en la política como en el gobierno de la Justicia no afectarán a su devenir profesional si bien por sí sola no asegura la separación de poderes y la independencia funcional, resulta necesaria para su indemnidad en el ejercicio imparcial de la facultad jurisdiccional más allá de cualquier expresión legal meramente programática. Tal garantía de inamovilidad debe ser reforzada en mayor manera cuanto más arriba en el escalafón se encuentre el Magistrado dada la trascendencia y afectación política de sus decisiones, al punto de llegar a la designación vitalicia en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la tendencia concentradora de poderes inherente al Estado partidocrático, caracterizado por la inseparación de poderes, tiene su reflejo en medidas o propuestas en el sentido contrario. Así, el Partido Popular (PP) quiere ahora limitar temporalmente por ley a cinco años el “mandato” de los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional para renovarlos así periódicamente en similitud con el Tribunal Constitucional. Las intenciones de control político del órgano quedan de manifiesto en las palabras del coordinador de Justicia y Libertades Públicas de la formación conservadora que propone que para la novación de los magistrados titulares “se pondere decisivamente la especialización acreditada”. Claro que tal ponderación, según el sistema de control del acceso a las plazas judiciales se realizaría a través de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, fiel reflejo del poder de los partidos en cada momento dada la elección de sus miembros a propuesta de la sociedad política.

Es sintomático de las intenciones de la idea que se pusiera sobre la mesa en unidad de acto e inmediatamente después de que el propio Trillo, acompañado por Mariano Rajoy y Enrique López, a la sazón candidato por el PP al Tribunal Constitucional (TC), mantuviera la idoneidad de este último para su elección. El diputado recriminaba así a “la contraparte” socialista que desde el principio se haya mostrado “poco cumplidora” oponiéndose a la elección de López añadiendo que “no aceptamos vetos de nada ni de nadie”. En este contexto la única conclusión posible es que tampoco aceptarán vetos judiciales mínimamente independientes, siquiera en lo personal, en la propia Audiencia Nacional, sino que su deseo es que sus decisiones queden aún más condicionadas si cabe por la adscripción  política  de  sus Magistrados  a  la mayoría política de turno de la que dependería directamente, según propone, su elección o permanencia en el puesto judicial.

Pedro M. González

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