El Tribunal Supremo declara su falta de jurisdicción para conocer de la declaración del estado de alarma.

Por Auto 10 de febrero de 2011 la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se acordó inadmitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Sindical de Controladores Aéreos contra el Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, al “carecer este orden contencioso-administrativo de jurisdicción para conocer de lo pretendido en dicho recurso”.

Ya es de por sí sorprendente la celeridad con que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha procedido en el presente asunto, que contrasta con la lentitud elefantiásica que arrastra dicha Sala. Da la impresión que aquí ha pretendido ser Aquiles en lugar de tortuga (en cuanto a velocidad se refiere). Pero sorprenden aún más los argumentos que ofrece la Sala para declarar la falta de jurisdicción. Dejando de lado la nefasta costumbre de los juzgados y tribunales españoles de introducir los antecedentes de hecho en los fundamentos jurídicos de la sentencia (el primer “fundamento jurídico” de cualquier resolución judicial es un resumen fáctico de los avatares que rodean el asunto), el Tribunal entra de lleno en el asunto en el apartado segundo del fundamento jurídico segundo así como en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de dicha resolución. La tesis central es la siguiente: “La razón de que así deba ser es que la impugnación va dirigida contra un acto cuyo contenido ha sido asumido en su integridad por el Congreso de los Diputados desde el momento en que autorizó la prórroga del Estado de Alarma en los mismos términos en que inicialmente fue declarado y, por esta razón, no es encuadrable dentro del ámbito de conocimiento que para este orden contencioso-administrativo definen los artículos 1 y 2 de la LJCA”.  Reitera posteriormente el Tribunal que en el Gobierno debe reconocerse una doble condición: órgano constitucional que tiene atribuidas funciones asignadas directamente por la Constitución y no por derecho administrativo así como órgano superior de la Administración, y que el Real Decreto impugnado fue dictado por el gobierno en su condición de órgano constitucional.

Desde el respeto que se debe a toda resolución judicial, hemos de manifestar una crítica estrictamente jurídica a dicho Auto de la Sala. Y nos amparamos en varias razones:

I.- Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 29/1998. Aunque la Sala cita dicho precepto legal para fundamentar su falta de jurisdicción, sin embargo no da cumplimiento a uno de los requisitos esenciales establecidos en dicho artículo: “se efectuará indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente”. Aunque la Sala nada dice al respecto, debemos concluir de la atenta lectura de la resolución judicial que aquélla estima que el único medio impugnatorio es el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero que no se atreve a decirlo expresamente.

II.- Resurrección práctica del acto político: vulneración del artículo 2.a) de la Ley 29/1998. La Sala no indica al respecto que el artículo 2.a de la Ley 29/1998 establece que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con “La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y las determinaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos”. En definitiva, que aún en el supuesto de que el Gobierno actuase en el ejercicio de las competencias que la Constitución le otorga directamente, la jurisdicción contencioso-administrativa siempre sería competente para entrar de lleno a conocer determinados aspectos de dicho acto (en especial, los elementos reglados del mismo), pues lo contrario supondría una inmunidad jurisdiccional de determinadas actuaciones gubernamentales o, lo que es lo mismo, la resurrección en la práctica del acto político, tan deseada por quienes redactaron el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo siempre podría haber dilucidado si los presupuestos de hecho en virtud de los cuales el gobierno acordó la declaración del estado de alarma se daban en el caso concreto o no (en definitiva, si la apreciación que el ejecutivo ha realizado de la posible concurrencia de las causas estipuladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981 ha sido jurídicamente correcta)  y si, en cualquier caso, dicho acto vulneró derechos fundamentales.

III.- El acuerdo del Congreso apoyando la prórroga del estado de alarma no muta o transforma la naturaleza del Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre. En efecto, estamos ante una disposición general de rango inferior a la Ley, acordada en Consejo de Ministros, tal y como al efecto dispone el artículo 116.2 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley Orgánica 4/1981. En ningún precepto constitucional ni legal establece competencia alguna del Congreso en este aspecto (léase, respecto a la declaración inicial) más que mero receptor de la información que necesaria y preceptivamente ha de remitirle el Gobierno, quien únicamente ha de “dar cuenta” (sin más) al Congreso. La autorización del legislativo es imprescindible para la prórroga del estado de alarma, pero no para su declaración inicial. A mayor abundamiento, incluso en el supuesto de que el objeto del recurso contencioso-administrativo se extendiese al Real Decreto 1717/2010 de 17 de diciembre que prorroga el estado de alarma, tal autorización no sería más que un presupuesto necesario para extender los efectos del estado de alarma inicial, pero en modo alguno muda, modifica, altera o cambia la naturaleza jurídica del decreto inicial ni del posterior, que continuarían siendo disposiciones generales con rango inferior a la ley y emanadas del Consejo de Ministros y, por tanto, impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En definitiva, es de agradecer la inusual celeridad con que el Tribunal Supremo ha obrado en el presente asunto, rapidez que deseamos se extienda al resto de asuntos que conoce actualmente dicho organismo. Pero es mi criterio (que someto gustoso, como siempre, a cualquier otro mejor fundado en derecho) que la resolución judicial ha confundido celeridad con precipitación y ha obrado con base a argumentos jurídicos que son cuando menos (o yo así los considero) equivocados.

Monsieur de Villefort

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