Jueces indianos

La Guardia Civil ya ha finalizado y entregado al Juez del Tribunal Supremo D. Manuel Marchena el informe que se le solicitó sobre el “origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2.005 y el 30 de Julio de 2.006”. Dicho informe de cuyo proveído judicial se informó desde este misma columna (“Círculo de fuego garzonita”, Diario Español de la República Constitucional de 13/01/11) se enmarca en las diligencias de instrucción por los delitos de cohecho y prevaricación sobre el que fuera Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en relación con la dirección de cursos formativos en la Universidad de Nueva York. Según los querellantes, Garzón habría recibido grandes sumas de dinero a través de la institución docente que provenían de empresas y bancos con asuntos en pendencia en su juzgado.

El Informe ordenado a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil revela que la esposa de Garzón, Dña. Rosario Molina, realizó un ingreso de 317.130 € en una cuenta corriente a su nombre a principios de abril de 2.005, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según han revelado a Europa Press fuentes cercanas al caso, resulta “llamativo” que la investigación realizada por la Benemérita no haya encontrado rastro alguno de los pagos que el propio Juez reconoció recibidos de la Universidad de Nueva York entre 2.005 y 2.006 por organizar cursos sobre el terrorismo y sí, sin embargo, el ingreso realizado por su mujer en una cuenta a su nombre abierta en una sucursal de Caja Madrid en Las Rozas de Madrid. Según ha llegado a publicar “El Confidencial”, la Guardia Civil ignora el origen de los fondos ingresados por la Sra. Molina, que además ya se había retirado como profesora de instituto para cuidar de sus hijos en la fecha del ingreso.

En el mismo momento en que se conocía el alcance del informe policial y sin saber aún de su contenido, el exfiscal Jefe Anticorrupción D. Carlos Jiménez Villarejo presentaba en Valencia su libro “Solidaridad con el Juez Garzón” realizando antes del acto unas declaraciones a EFE en las que pronunciándose sobre el encausamiento del juez por estos hechos calificaba la adopción de las actuaciones investigadoras al respecto como “una decisión profundamente injusta” que esperaba acabaran pronto y con bien, de tal forma que “la única decisión justa y exigible en un Estado democrático y con unos jueces demócratas” sería que el Tribunal Supremo absolviera a Garzón. Las declaraciones de quien fuera defensor del interés público en la materia específica de la corrupción de políticos y jueces retratan no sólo a éstos y a la Justicia en general, sino que a la vez deja a las claras la identificación del interés público con el bandolerismo de los partidos de Estado y las reyertas entre sus facciones ideológicas.

Pedro M. González

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