Últimas Resoluciones de la DGRN – Derecho Mercantil

PACTOS SOCIALES EN SOCIEDAD MIXTA PÚBLICA/PRIVADA.

Resolución de 15 de Octubre de 2.010. (B.O.E. de 22 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución.

Se deniega la inscripción de determinadas disposiciones de los Estatutos sociales de una Sociedad respecto del objeto social, composición del Consejo de Administración, duración del cargo de los Consejeros, causas de disolución de la sociedad y liquidación de la misma, en una sociedad anónima mixta en la que la Diputación de Orense tiene una participación social del 34%.

La Dirección General resuelve los diferentes temas planteados y, así:

1º).- Considera admisible la expresión en el objeto social siguiente: «En general, la realización de cualesquiera actividades directamente complementarias de las anteriores», ya que no hay riesgo de inducir a terceros a error sobre el objeto social, pero, considera lo contrario en aquellas disposiciones del objeto social que tienen como razón de ser precisar ciertos aspectos relacionados con el modo de desarrollar alguna de las actividades comprendidas en el objeto (suscripción de convenios entre la Diputación Provincial y otras entidades locales), con la forma jurídica que pueden adoptar las entidades locales destinatarias de los servicios prestados

por la sociedad o con la posición jurídica —de concesionaria de servicios públicos— que está llamada a ocupar ésta en el desenvolvimiento de su actividad con relación a la Diputación Provincial.

2º).- Respecto de la composición del Consejo de Administración, la Dirección General da la razón al Registrador al denegar la disposición estatutaria según la cual «El órgano de gestión y representación permanente de la sociedad será el Consejo de Administración, formado por cinco miembros elegidos por la Junta General, de los cuales tres lo serán a propuesta del capital privado y dos a propuesta de la Diputación Provincial, pudiendo recaer dicho nombramiento en miembros de la Diputación Provincial o personal a su servicio», ya que si lo que establece es un sistema proporcional de elección de los Consejeros, contraviene el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas, y si lo que previene únicamente es la facultad de los socios de hacer propuestas de candidatos para el cargo de Consejero con carácter vinculante para la Junta, les estaría atribuyendo el derecho a designar un miembro del Consejo, cualquiera que sea el número y valor nominal de las acciones, así como el capital social de la compañía, que altera el principio legal de adopción de acuerdos por mayoría en el seno de la Junta General, y si tal propuesta es sin carácter vinculante, no hay claridad ni precisión, razones estas últimas que también utiliza para confirmar la nota al denegar la inscripción de la disposición «Los consejeros serán nombrados por un plazo máximo de cuatro años, cesando en todo caso con la expiración del mandato corporativo —sean o no diputados— y continuando en funciones hasta la designación de los nuevos consejeros por la nueva Corporación que se constituya tras cada elección».

3º).- También se confirma la calificación respecto del artículo siguiente: «No será necesario el acuerdo de la Junta General en los supuestos de disolución anticipada de la sociedad por resolución unilateral del contrato de gestión de servicios públicos, resolución que será acordada de modo unilateral y ejecutivo por la Diputación Provincial conforme con el procedimiento administrativo correspondiente, al amparo de lo dispuesto en la Ley de contratos de sector público», al considerar, la Dirección General, que no puede confundirse el contrato administrativo de gestión de servicios públicos (que se rige por la normativa administrativa correspondiente) con el negocio constitutivo de una sociedad mercantil y en todo caso con los Estatutos sociales como norma reguladora de su funcionamiento, respecto de la cual opera la normativa societaria.

4º).- Y también respecto de la liquidación de la sociedad se deniega la disposición «para la realización de la liquidación de la sociedad mercantil se contemplará, en primer lugar, la reversión a la Diputación Provincial de las obras e instalaciones afectas a los servicios públicos integrantes del objeto social que sean propiedad de la sociedad, procediéndose a elaborar la liquidación del activo restante», lo cual confirma la Dirección General ya que, o bien se contradice el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor y al derecho de los acreedores a cobrar sus créditos con preferencia respecto de los socios, o si se entiende que la referida reversión sólo ha de tener por objeto aquellos bienes que, en sentido técnico estricto, están «afectos» a los servicios públicos integrados en el objeto social, resulta improcedente el empleo de la expresión «que sean propiedad de la sociedad», por tratarse de bienes de dominio público. Esta reversión, por lo demás, es la contemplada en el artículo 259 de la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

SE PUEDE REGULAR EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA FORMA DE DETERMINAR EL VALOR DE VENTA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES A LA PROPIA SOCIEDAD.

Resolución de 2 de Noviembre de 2.010. (B.O.E. de 23 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución.

Se presenta para su inscripción una modificación de los Estatutos Sociales con la modificación estatutaria que introduce en el régimen de transmisión de las participaciones sociales lo que se denomina «derecho de salida de los socios», según el cual éstos podrán vender en cualquier momento total o parcialmente sus participaciones a la propia Sociedad, y ésta queda obligada a comprarlas según las reglas que se detallan. El Registrador deniega la disposición relativa al valor de venta, que tiene los siguientes términos: “Asimismo, se establece que el precio de las participaciones será el que resulte según la valoración de la empresa que haya de tenerse en cuenta en el momento de la oferta de venta. A tal efecto, se pacta en los mismos Estatutos que, cada dos años, la Junta General aprobará la forma de valorar y una valoración de las participaciones sociales, tomando como base la media de los beneficios obtenidos durante los últimos cuatro ejercicios y el valor de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad.”, ya que va en contra del artículo 100 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

La Dirección General estima el recurso, ya que, señala, no se rebasan los límites generales a la autonomía de la voluntad (artículos 1.255 y 1.258 del Código Civil y 12.3º de la Ley de Responsabilidad Limitada) y supone para el socio la facultad adicional de imponer potestativamente a la Sociedad el deber de adquirirlas por un valor determinable mediante un sistema que no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, sin perjuicio de la impugnación judicial si por las circunstancias del caso concreto, la fijación del valor de las participaciones pudiese implicar para el socio una vinculación excesiva o abusiva, o un perjuicio para terceros.

LA FALTA DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN DE LOS OTROS APROBADOS.

Resolución de 3 de Noviembre de 2.010. (B.O.E. de 22 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución.

Se solicita la inscripción de acuerdos tomados en una Junta con acta notarial solicitada por un socio minoritario de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. En el momento de celebrarse la junta dicho socio pone en evidencia que no se ha recogido en la convocatoria un punto del orden del día que incluía en su solicitud, y, por dicho motivo, se ausenta de la Junta. El administrador reconoce el error y se celebra una segunda Junta para debatir ese punto omitido en la primera. El Registrador deniega la inscripción alegando el art. 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y la tutela de la minoría, pero la Dirección General revoca la calificación, ya que debe entenderse que no se trata de una omisión de la que derive la nulidad patente de tales acuerdos, a falta de una norma como la establecida respecto de las Sociedades Anónimas en el artículo 97.4 de la Ley de Sociedades Anónimas (introducida por la Ley 19/2.005, de 14 de Noviembre, en relación con el complemento de la convocatoria de la Junta), y que se celebró una segunda Junta para paliar esa omisión.

CAMBIO ORGANO DE ADMINISTRACION. FACULTAD CERTIFICANTE: ARTÍCULO 111 del REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.

Resolución de 5 de Octubre de 2.010 (B.O.E. de 15 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución.

En supuesto del presente recurso, se presenta en el Registro Mercantil la escritura por la que se formalizan las decisiones del socio único de una Sociedad de Responsabilidad Limitada relativas a la aceptación de la dimisión presentada por los dos administradores solidarios y la modificación del sistema de administración, de modo que se encomienda a un administrador único, con designación para dicho cargo de uno de los dos anteriores administradores que habían dimitido. El nuevo administrador expidió la certificación de tales decisiones de socio único que sirve de base a la escritura calificada. Registrador Mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, debe acreditarse la notificación fehaciente prevista en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil.

La Dirección General como no podía ser de otra manera estima el recurso. Si bien, el Registrador inscribió la escritura calificada mediante la subsanación del defecto expresado en la calificación impugnada y haberse incurrido en ésta en un error al no tener en cuenta el hecho de que el actual administrador único era uno de los anteriores administradores solidarios, el recurso se resuelve a efectos doctrinales dado que el Notario no desistió del mismo y solicita sea resuelto a estos únicos efectos. Por lo que se refiere al fondo del asunto, es evidente, como indica el recurrente en su escrito y reconoce el Registrador que ha elevado el expediente a este Centro Directivo, que el nuevo administrador único, en la medida en que inmediatamente antes de su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de administrador solidario, reúne en su persona las condiciones de persona inscrita y titular anterior de la facultad certificante [con posibilidad de ejercerla por sí sólo –artículo 109.1.b) del Reglamento del Registro Mercantil], por lo que la exigencia contenida en la nota recurrida no puede basarse en el artículo 111 de dicho Reglamento, cuya rúbrica es, precisamente, «Certificación expedida por persona no inscrita».

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA DE UNA SOCIEDAD: SE REQUIERE EL NOMBRAMIENTO DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE POR LA ENTIDAD NOMBRADA.

Resolución de 22 de Septiembre de 2.010. (B.O.E. de 15 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución.

Como cuestión procedimental reitera la Dirección general su doctrina de que, si bien la notificación de la nota al Notario por telefax no se ajusta exactamente a los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1.992, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, por lo que el posible defecto formal en que eventualmente se hubiera podido incurrir habría quedado borrado conforme al art. 58.3 de la Ley 30/92.

Y como cuestión sustantiva, no puede pretenderse, señala, que la designación de la persona física que como representante suyo ejercite las funciones propias del cargo, acceda al Registro, conforme al artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil, «sólo por la simple aseveración del órgano certificante de la sociedad que provee al nombramiento de administrador, por cuanto no se trata de un acto social interno respecto de esa entidad, sino de una decisión que compete exclusivamente a la persona jurídica nombrada, y dado que ésta revestirá la naturaleza bien del apoderamiento, bien de la delegación de facultades, se precisará para su inscripción, respectivamente su formalización en documento público (artículo 18 del Código de Comercio y 5 del Reglamento del Registro Mercantil) o la certificación del acuerdo delegatorio expedida por el órgano de la persona jurídica que sea competente al efecto»

EL CONTROL DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL BUSCA LA IDENTIFICACIÓN CON UN CIERTO MARGEN DE SEGURIDAD AL SUJETO RESPONSABLE DE DETERMINADAS RELACIONES JURÍDICAS.

Resoluciones de 25 y 26 de Octubre de 2.010 (B.O.E. de 27 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución.

Rechaza la D.G.R.N. el recurso señalando que en el ámbito de las denominaciones sociales, el concepto estricto y gramatical de identidad, como coincidencia plena entre palabras, se ve ampliado a un concepto reglamentario que estima como identidad de denominaciones no sólo la que se produce cuando entre ellas se da esa absoluta coincidencia, sino también en una serie de supuestos en los que, aun existiendo diferencias y variantes entre las mismas, éstas, por su escasa entidad o la ambigüedad de los términos que las provocan, no desvirtúan la impresión de tratarse de la misma denominación.

Esa posibilidad de ampliar la noción de identidad para incluir en ella supuestos de lo que se ha llamado doctrinalmente «cuasi identidad» o «identidad sustancial» no puede impedir que se tenga en cuenta el fin último que la prohibición de identidad tiene: identificar con un cierto margen de seguridad al sujeto responsable de determinadas relaciones jurídicas. Por ello, si la interpretación de los criterios normativos, sobre todo la de aquellos que incorporan conceptos revestidos de una mayor indeterminación, como los relativos a términos o expresiones «genéricas o accesorias», a signos o partículas «de escasa significación» o a palabras de «notoria semejanza fonética» no tiene por qué realizarse de forma restrictiva, tampoco cabe en ella una gran laxitud, de suerte que puedan llevar a considerar como distintas determinadas denominaciones a pesar de la semejanza que presenten si ésta no es suficiente para dar lugar a errores de identidad. En ese difícil equilibrio se ha de desenvolver la tarea de calificar la identidad de las denominaciones, de modo que la interpretación y aplicación de tales normas, conforme al criterio teleológico apuntado, ha de atemperarse a las circunstancias de cada caso.

Por lo demás, acaba señalando la Dirección General, no puede olvidarse que, como ha entendido el Tribunal Supremo, los preceptos de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de la Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Registro Mercantil que disciplinan esta materia, constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés no solamente de las sociedades afectadas, sino de quienes participan en el tráfico mercantil, estando su infracción sujeta a la sanción de nulidad establecida con carácter genérico para el incumplimiento de los preceptos legales imperativos y prohibitivos en el artículo 6.3. del Código Civil y para las cláusulas contractuales contrarias a la ley, a la moral o al orden público en el artículo 1.255 del mismo cuerpo legal

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