Justicia de ida y vuelta

Sólo en el conocimiento del secreto a voces de que en España la Justicia depende del poder político, se puede entender la acogida legal del salto de la judicatura a la política con billete de vuelta. Las más elementales normas de higiene institucional exigen que el miembro de la jurisdicción que luego ostente cualquier cargo político, o que se postule al mismo, no pueda

reincorporarse a su puesto en un plazo razonablemente prudencial, que García-Trevijano, en su “Teoría Pura de la República”, fecha en cinco años, y en todo caso, nunca en su misma plaza o puesto que dejara vacante en su día.
Sólo así se evitarían conductas tan extravagantes como aventureras que desprestigian a la corporación judicial en pleno demostrando la dependencia clientelar de quien se supone absolutamente libre, responsable, inamovible y únicamente sometido a la Ley para el ejercicio de la función jurisdiccional. Los Garzón, Pérez Mariño y demás exploradores sopesarían dar el paso al equiparar la trascendencia pública de su decisión con la personal de su propia situación en el escalafón. La correlativa eliminación del “cuarto turno” evitaría el trasvase contrario impidiendo que la judicatura se nutra de magistrados dóciles que entran por la puerta de atrás de su particular posición política o sindical con reflejo en las asociaciones judiciales presentes en los tribunales de selección.

El BOE del pasado diecinueve de Noviembre publicaba dos acuerdos del CGPJ que recogían tanto el reingreso de Dña. María Teresa Fernández de la Vega en la carrera judicial como su pase a la situación de servicios especiales en el Consejo de Estado con una retribución vitalicia de sesenta mil euros anuales. La Comisión Permanente del CGPJ acordaba así su vuelta al servicio activo como Magistrado, condición que adquirió por el cuarto turno destinado a “juristas de reconocida competencia” en el año 1.989, y su adscripción a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El segundo de los acuerdos de la Comisión Permanente, concede la situación administrativa de servicios especiales en la carrera Judicial a Fernández De la Vega mientras sea consejera permanente del Consejo de Estado, cargo del que tomó posesión el pasado día 4 de Noviembre. Todo un ejemplo de ida y vuelta con billetes falsos.

Pedro M. González

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