Puertas abiertas

El Tribunal Supremo abrió sus puertas entre los días veinticuatro y veintisiete de noviembre para “acercar la Justicia a la ciudadanía”, una iniciativa que se celebra por sexto año consecutivo. Bajo el lema “La Justicia a tu servicio” el TS pretende dar respuesta a la desconfianza general sobre un funcionamiento tan arcano como ritual para el común de los mortales. En

esos cuatro días el público pudo admirar una exposición de objetos y documentos de la historia judicial española que iban desde el Código de las Siete Partidas hasta uno de los garrotes usados en el ajusticiamiento de varios reos que quedaron depositados en el bello Palacio de las Salesas tras la supresión de la pena de muerte en España. Para dar solemnidad a las jornadas, asistió al acto de inauguración el Presidente del CGPJ, que lo es también del TS, D. Carlos Dívar quien se preocupó de trasladar que la intención de la muestra, más allá de una simple colección de curiosidades, trataba de ilustrar sobre la participación ciudadana en la Justicia a través de instituciones como los jurados populares o como testigos.

Abriéndonos las puertas del templo de la Justicia nuestro cicerone nos muestra sin desdoro como la Justicia nos introduce a la fuerza en su maquinaria mientras sus designios y rectores obedecen fielmente el mandato imperativo, aquí sí, de la sociedad política que los designa. Jurado sí, pero no para juzgar la conducta de los particulares en un sistema de derecho positivo que exige un dificultoso enjuiciamiento técnico, sino para enjuiciar a funcionarios públicos, políticos y jueces por los actos criminales realizados en el ejercicio de sus funciones. Ritualidad procesal y usos que dignifiquen la función jurisdiccional también, pero con la respetabilidad de constituir verdadera potestad estatal autónoma para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que sirva de contrapeso al poder del ejecutivo y a la facultad legislativa de la Asamblea.

Abrir las puertas de la justicia al ciudadano es incompatible moralmente con abrirse de piernas al poder ejecutivo, admitir tranquilamente la facultad del legislativo para nombrar sus puestos principales y someter al común de la población al reclutamiento forzoso para servir de coartada a una servidumbre institucionalizada que se puede llamar de todo menos “cercana institucionalmente”. Debatir bizantinamente soluciones ideológicas a asuntos como la crisis económica cuando existe una crisis institucional capitaneada por un poder único sólo dividido funcionalmente, es enredarse en la inutilidad disgregadora de la acción por la Libertad política, la Constitución y la Democracia, objetivos únicos de este aideológico Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional.

Pedro M. González

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