Nace la confederación de abogados del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.

Los abogados, al igual que los restantes profesionales liberales, nos encontramos encorsetados en ese remedo de sindicato vertical llamado pudorosamente Administración corporativa o colegio profesional, a medio camino entre las extintas OJE y SEU. Los fundamentos teóricos del sistema son tan endebles que el Tribunal Constitucional, ese enemigo acérrimo de la Constitución española, tuvo que acudir nada más y nada menos que a don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (eso sí, sin tener el valor de citarlo expresamente) para sostener la constitucionalidad de la colegiación obligatoria. Y es precisamente esa obligatoriedad la que ha convertido a estos entes en una estructura arcaica, parasitaria, endémica, endogámica y donde las élites de siempre buscan más la autoperpetuación que la defensa de los intereses profesionales que teóricamente dicen representar. Los colegios de abogados son un triste ejemplo de esa situación. Los profesionales de la abogacía se encuentran encomendados a su suerte, de tal manera que ante cualquier problema o dificultad se encuentran en la soledad más absoluta. Y si observamos la situación del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita el tema es para echarse a llorar. Basten las manifestaciones del Consejo General de la Abogacía y su presidente, preocupados más por los derechos del justiciable y su situación que por la de todo el colectivo profesional. ¡Qué importa que las solicitudes de justicia gratuita se multipliquen, que las partidas destinadas por las distintas Administraciones a retribuir a los letrados se congelen o disminuyan y que los pagos se retrasen no ya por meses -¡ojalá!- sino por semestres o incluso por años. Nada de esto parece importar a quienes cada vez más se asemejan a los cortesanos parisinos que adulaban al Rey Sol que a los honrados dirigentes del primer sindicalismo.

Pues bien, para suplir esa carencia ha nacido la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT), que pretende agrupar las más diversas asociaciones de abogados así como a letrados individuales en aras a una dignificación no ya del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, sino de la profesión en general. Quizá no sea el modesto redactor de estas líneas la persona más indicada para hacer una exposición objetiva de dicho ente, puesto que fue la persona que en este momento se dirige a ustedes uno de los tres integrantes de la comisión que redactó el borrador inicial de los estatutos y estuvo implicado en el proceso constituyente junto con varios compañeros de diversa procedencia geográfica y que hoy integran el Comité Ejecutivo de la misma, compañeros que se han caracterizado por una entrega, un altruismo, un sacrificio personal e incluso familiar (sacrificando las tardes de los viernes para pulir, retocar, revisar el borrador inicial de estatutos que ha salido notablemente enriquecido tras las aportaciones de todos y cada uno de ellos) que sólo quien haya vivido desde dentro el proceso fundacional sabrá hasta qué punto el esfuerzo realizado por ellos ha sido realmente impagable. Sin embargo, sí que puedo decir que tengo depositadas muchas esperanzas en dicho organismo, dado que el mismo ha de ser la auténtica voz de la profesión (esa que los Colegios de Abogados sistemáticamente se esfuerzan en silenciar) así como un apoyo constante al profesional en su lucha frente a las todopoderosas Administraciones. La lucha será dura, pero ello no debe llevar al desánimo. Y así, mientras los decimonónicos y jurásicos colegios profesionales pretendan extasiarse con la autocomplacencia, mientras el Consejo General de la Abogacía se contente con ser una burda parodia del gremialismo medieval (sin tener ni una sola de las ventajas que dicha institución tenía) es necesario que otros entes y otras voces enarbolen la bandera que los teóricos representantes de la profesión han renunciado a izar. Animo desde aquí a todos los letrados y asociaciones a que soliciten su alta en la Confederación, dado que cuanto mayor sea el número de afiliados, indudablemente que más presión podrá ejercerse ante las distintas Administraciones públicas y quizá también sirva de acicate a los colegios profesionales para que se unan a la lucha por la dignidad de una profesión que se encuentra abandonada por todos (Administraciones, Colegios Profesionales, Jueces y Fiscales, siendo absolutamente lamentable y rastrero el papel de la última institución citada, que, personalmente, cada vez me recuerda más en el fondo y en la forma al Santo Oficio).

A título particular, me permitiría únicamente sugerir a los dirigentes de la Confederación que incluyeran en su ideario un punto que a mí me parece esencial: el fin de la colegiación obligatoria para los profesionales liberales, agotando todas las vías jurídicas para ello, sin descartar en modo alguno acudir a las instituciones europeas. No es de recibo que en 1956 los universitarios españoles clamaran en pleno régimen dictatorial por la democratización del SEU y no podamos en pleno siglo XXI solicitar el fin de la colegiación obligatoria, esa lacra que aún persigue a tantos y tantos profesionales sin que ello suponga más que un gasto inútil que no reporta contrapartida o ventaja alguna.

Facilitamos a los interesados el enlace al blog de la Confederación, aunque el mismo se encuentra ya incluido entre los “imprescindibles” en la parte derecha de esta página.

Fuente: M. de V.

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