De mérito y consenso

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao, ha asegurado que en el órgano de gobierno de los jueces se está “trabajando diariamente” ante su próximo pleno para buscar “el consenso necesario y conseguir el nombramiento” de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla León, Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña y de la Comunidad Valenciana. “Hay que acercar posiciones e intentar que, por encima de todo, primen los méritos y la capacidad a la hora de la elección” ha dicho.

La vocera del CGPJ no ha explicado sin embargo cómo se consensúa el mérito y capacidad de un profesional del derecho. Ni de ninguna otra disciplina o profesión. Porque si el consenso en política es el aborto de la libertad de pensamiento y su frustración por mor de la Razón de Estado, su traslado a la organización jerárquica de la vida judicial por los delegados electos de los partidos en el CGPJ se convierte en auténtica politización de la Justicia, y el reconocimiento de su función primordial en confesión pública. En el próximo pleno que se celebrará la última semana de Octubre, volverá a someterse a votación la elección de estos cargos y la exigencia de mayorías cualificadas precisa del intercambio de cromos para la provisión de plazas.

Mientras el CGPJ no sea más que una extensión de los partidos, la simetría institucional de los intereses políticos en lo judicial será norma y guía insalvable por mucho que se apelen a valores como el mérito y la capacidad, que como el de la propia Justicia resultan innegociables. El consenso sobre la materia no transaccionable se llama corrupción, y cuando afecta a las instituciones del Estado, corrupción institucional. Claro que quienes negocian sobre lo justo y sobre quienes son más capaces para su determinación científica o doctrinal, también han sido consensuados en sus puestos. Sin olvidar que quienes a su vez transaron en grado jerárquico superior basan su legitimidad en el supremo consenso constitucional. Reino de Consenso, que alcanza en este punto la mayúscula.

No es de extrañar así el grado de ineptitud de la clase política y la bobalicona simpatía de la Superioridad del Consenso también acordada entre, por, y para la tranquilidad de sus protagonistas, ya que entre ellos mismos consensuaron que eran lo mejor que nos pudo suceder en un momento histórico crucial.

Pedro M. González

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