Justicia mendicante

Sin excepción, todas las asociaciones de jueces y fiscales españoles han presentado conjuntamente al Ministro de Justicia un manifiesto consensuado en el que previenen del peligro de deterioro de Justicia ante el plan de ajuste presupuestario del gobierno de Rodríguez Zapatero. Los firmantes muestran su “máxima preocupación” ante la “incertidumbre” que el anuncio hecho el pasado día doce por el Presidente del Ejecutivo “ha generado en el seno de las carreras judicial y fiscal”. En el escrito trasladado a la prensa también exigen de Caamaño “la convocatoria urgente de las asociaciones judiciales a fin de obtener una cumplida y concreta información sobre la incidencia de las medidas previstas en el ámbito de la Justicia”.

Poco han tardado los togados en ir a mendigar a su patrón. Subrayando su rol burocrático y dependiente propio de este Estado de poderes inseparados, han sido los primeros funcionarios en solicitar la gracia del mendicante a su principal. El apenas tímido despertar de las aún recientes movilizaciones judiciales parece lejano en el tiempo. Tras los acuerdos económicos y vacacionales alcanzados por los Jueces tras una huelga que el ejecutivo les negaba como derecho, el recorte les deja poco más o menos igual que estaban antes de la movilización, conservando las conquistas “sociales” de su vacación y jornada servidas entonces por el Ministerio.

La dependencia económica de la Justicia del ejecutivo es otro lazo de dominación que se suma a los de carácter orgánico y funcional. Sin independencia económica para el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede existir separación más que del encargo ejecutivo de juzgar y hacer cumplir lo juzgado conforme se ordena, con sometimiento último a decisiones de orden político, en esta ocasión en cuanto afecta al imprescindible aporte presupuestario para el ejercicio de la labor judicial. La escenificación de la mendicidad al patrón, es signo de su vasallaje.
¿Cuál es el precio de la independencia y de la dignidad de la Justicia? ¿Cuánto costaría a los jueces y fiscales reclamar la separación e independencia de la función judicial estatal respecto del poder político?

Pedro M. González

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