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El Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular D. Esteban González Pons ha afirmado que el Fiscal General del Estado “lleva el carnet del PSOE cosido debajo de la toga”. Tal declaración es respuesta al rápido archivo por la fiscalía de las diligencias interesadas por el partido conservador en relación a la investigación del patrimonio del Presidente del Congreso, D. José Bono. El aludido, D. Cándido Conde-Pumpido ha declinado cualquier respuesta a lo que denomina “cuestiones políticas”, precisando no obstante que la fiscalía que dirige “toma sus decisiones en un plano estrictamente legal”.

El rifi rafe demuestra como en este estado de poderes inseparados, mientras el pesebre se encuentre lleno, cada uno asume eficaz y sumisamente su papel dependiendo de donde le sitúe la coyuntura política. El Sr. González Pons conoce, apoya y quiere que su partido llegue a controlar la elección directa por el jefe de su facción de un nuevo Fiscal General del Estado que en lugar de llevar cosido el carnet del PSOE en la toga, lleve el del su panda. Y el Sr. Conde-Pumpido, de exquisita formación jurídica, es consciente de que la legalidad que lo sustenta en el cargo es un modo de control político de la Justicia inaceptable en cualquier sistema que se reclame democrático.

Desde luego que Conde-Pumpido tiene razón en algo: su actuación es perfectamente legal, puesto que se ajusta al dictado de la ley positiva que permite la elección “dedocrática” del máximo representante del Ministerio Público. Si tuviera una mínima dignidad de jurista, no hubiera debido aceptar el cargo jamás, por dignidad propia, y seguir haciendo excelentes manuales de Derecho Penal.

A González Pons, cabría preguntarle qué carnet llevaban cosidos los Fiscales Generales del Estado, señores Ortiz Úrculo o Cardenal durante su mandato por elección de su partido, y por qué entonces guardaba silencio.

Pedro M. González

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