El lamentable papel del consejo de la abogacía en cuanto al turno de oficio y la justicia gratuita. ¿Intereses de la profesión o sindicato de justiciables?

Quien esto suscribe acaba de recibir el número 60 (correspondiente al mes de abril) de la publicación Abogados, Revista del Consejo General de la Abogacía Española, dedicado monográficamente a la justicia gratuita y turno de oficio, cuya rúbrica ya es de por sí significativa “La abogacía denuncia recorte de derechos”. Pues bien, si uno accede a las páginas interiores el nivel de indignación del lector se irá incrementando a la par que sus ojos se desplazan por las líneas de este verdadero No-Do del Consejo, al ver que los representantes de este órgano profundamente antidemocrático y socialmente anticuado dedica páginas y páginas a hablar del recorte de derechos al justiciable y al ciudadano sin que las mismos lamentos plañideros se dediquen a denunciar la escasa, por no decir nula contraprestación que recibe el abogado de oficio por su trabajo. El Consejo General de la Abogacía, ente al que obligatoriamente hemos de pertenecer todos los que nos dedicamos a la profesión letrada sin que tengamos la posibilidad u opción de elegir que nos excluyan del mismo (¿les suena de algo esta situación –gremialismo medieval, sindicalismo vertical-?) por boca de su presidente dedica párrafos y párrafos al autobombo, a la autoalabanza gratuita a la hora de garantizar un servicio que funciona ”24 horas al día 365 días al año atendido por 35.000 abogados especializados”, al felicitarse por la mejora en la prestación del servicio así como por la indudable calidad y atención de los profesionales……pero silencio absoluto a la hora de denunciar la escasa remuneración que percibe el profesional por dicho servicio.

Al parecer, mucho hablar de calidad, de atención, de ciudadano, de justiciable, pero mutismo total en el momento de coger el toro por los cuernos y abordar el espinoso tema desde la perspectiva del profesional de la abogacía (que es el que paga el sueldo con sus cuotas a estos señoritos que, totalmente alejados de la realidad, desde sus poltronas pontifican urbi et orbi). Y es que en esta materia el Consejo General de la Abogacía a lo que se ve poco o nada que decir, lo que implica que no debe de encontrar en este aspecto motivo de queja. El hecho de que el abogado de oficio carezca de una remuneración digna (basta echar un vistazo a los baremos de “compensación” por los servicios para ver que en ocasiones un profesional de la fontanería o de la electricidad percibe bastante más remuneración que un letrado de oficio) parece no importar a estos individuos que pululan y deambulan con funambulesco estilo por la élite cuasipolítica del ente, que prefieren dedicarse al autobombo que a la sana crítica. Párrafos y párrafos de la publicación reiteran el “compromiso de la abogacía” y de la “función social” de la abogacía sin conceder la misma importancia a un tema esencial como una remuneración digna. Se indica que la crisis ha incrementado hasta en un veinte o treinta por ciento las solicitudes de asistencia gratuita, pero mientras la demanda del servicio se incrementa las compensaciones que percibe el letrado del turno de oficio no sólo hacen lo mismo, sino que se minora la cuantía. En una época donde la morosidad se dispara hasta cotas inimaginables, donde el aumento de las concesiones del beneficio de justicia gratuita reduce los clientes particulares, donde las remuneraciones que percibe el letrado por su trabajo en el turno no sólo no suben sino que se mantienen y en muchas ocasiones bajan, todo ello sin contar con que se abonan como mínimo con seis meses de retraso sin percibir por tal dilación interés moratorio alguno ¿Alguna voz se alza en estas caducas y prescindibles instituciones  en defensa de los intereses abogado de oficio? ¿Quién defiende al defensor? Y a este respecto me pregunto ¿A quien representa el Consejo General de la Abogacía? ¿Qué intereses son los que defiende? ¿Qué realidades le importan? ¿Qué consideración le merece el abogado de a pie? Desde luego que no ofrece duda alguna que al menos ex lege representará a los abogados, pero en la realidad este organismo más bien parece un sucedáneo o remedo de Organización de Consumidores y Usuarios que un ente representativo de la profesión.

Los jueces han dado notoriamente la espalda a la abogacía en sus reivindicaciones. De los fiscales no hablemos, porque el Ministerio Público bastante tiene con ocultar sus propias miserias en las actuaciones realizadas en los últimos años, donde su errático vagar al son que le marca el poder político le ha acarreado un desprestigio justamente merecido. Los funcionarios de la Administración de Justicia, que hace ya dos años paralizaron totalmente el servicio público en el legítimo derecho de huelga, momento en el que solicitaron (y obtuvieron) de la Abogacía un apoyo a sus pretensiones, se mostraron absolutamente pasivos ante la huelga de abogados del turno, dado que la cosa, al parecer, no iba con ellos. El Consejo General de la Abogacía ya vemos que se preocupa más por el justiciable y por los ciudadanos que por los abogados. Ante esta ausencia de defensores, ante esta indefensión real, parece más aplicable que nunca el viejo aserto de que quien no tiene padrinos….por ello es necesario ante ese vacío que surjan entidades a nivel nacional que hagan valer la voz de los letrados individuales y la haga llegar a las instituciones, a la vista del mutismo absoluto y de la actuación tan lamentable de órganos como el Consejo General de la Abogacía. Al igual que en los sesenta la Organización Sindical Española comenzó a sufrir una crisis por la escasa representatividad de los trabajadores, quienes llegaron a lograr que las empresas negociaran directamente con las personas verdaderamente representativas y no con los delegados sindicales oficialmente designados, es necesario que surjan en el mundo de la abogacía voces y personas auténticamente representativas que hagan que el poder público cuando menos las tenga en cuenta y, como hace ya más de medio siglo, se negocie directamente con el representante real y no con el oficial.
Para finalizar, me parece de justicia que si el Consejo General de la Abogacía tanta preocupación muestra por el justiciable hasta el punto que parece ser éste y no el abogado el objeto de sus deseos, se mantenga con cuotas exigidas al justiciable, y no al abogado, a quien el Consejo día tras día apuñala por la espalda como Casca a Julio César.

Ego autem censeo.

Monsieur de Villefort

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