La soledad del abogado individual

“Mis gastos ascienden a cuatro mil al mes y trabajo solo. Esto equivale a cincuenta mil anuales antes de ganar un centavo. Algunos meses son buenos; otros duros. Es imprevisible. No me atrevería a pronosticar lo que puedo ganar el mes próximo.” (John Grisham, Tiempo de matar).

Los letrados individuales, aquellos que trabajan sin ayuda de nadie solos en su despacho, se encuentran en esa situación de angustia permanente. Salvo honrosas excepciones, carecen de ingresos fijos o habituales, y se ven cada vez más forzados, sobre todo en época de crisis, a diferir el cobro de honorarios hasta la finalización del asunto que se le encomienda, lo cual, dada la cada vez más arraigada tendencia a agotar todas las instancias procesales y el letargo de la Administración de Justicia en resolver definitivamente un asunto, puede tardar años. No hay ingresos regulares, pero sí gastos fijos. Alquiler del despacho, consumos (teléfono, agua y luz), material de oficina y gastos de colegiación y seguridad social o mutualidad alternativa aparecen regularmente mes tras mes. Por ello la independencia del letrado individual se ve cada vez más amenazada y su supervivencia en riesgo. Todo ello con la incomprensión de todos los estamentos: ciudadanos, funcionarios y jueces.

No es infrecuente que un abogado sea objeto de un trato poco o nada correcto por el ciudadano (sobre todo cuando éste ha de proceder a abonar la minuta), objeto de desprecio por el funcionario y de sospecha permanente por el juez. El ciudadano desea que el asesoramiento le sea prestado gratis o, en el peor de los casos, que le cueste lo menos posible, y por ello cuando se le pasa la factura por el asesoramiento cada vez es más frecuente que rehúse el pago o manifieste su queja por lo que a su entender considera excesivo. Los jueces cada vez usan más sus facultades moderadoras para corregir a la baja los honorarios de los letrados individuales, aunque rara vez suelen tocar las minutas cuando el letrado en cuestión pertenece a un poderoso despacho con sucursales en diversas partes del territorio. Y ahí radica el error. Y es que, al igual que en la judicatura existe alta y baja magistratura con posiciones clarísimamente privilegiadas de los primeros, en el mundo de los letrados existe igualmente alta y baja abogacía. Los “grandes abogados” son aquéllos que han logrado instalarse en las instituciones representativas o integrarse en los megadespachos o grandes bufetes, pero, siendo el más poderoso e influyente es a la vez el menos numeroso. Sin embargo, el abogado que vive el día a día en su despacho ve como cada día es una continua batalla donde cada vez ha de atender a más frentes: el incremento de la morosidad de los clientes, el aumento de la presión funcionarial y la cada vez más intervencionista actuación de una judicatura que, integrada por personas que en el noventa por ciento de los casos jamás ha tenido que afrontar los mismos problemas que un letrado, se mueve en estos supuestos entre el desconocimiento cuando no en una no reconocida envidia.

Para que se vea que no miento, cuento dos anécdotas verídicas de las que he sido testigo directo. En cierta ocasión, mientras me encontraba departiendo en el despacho de un compañero llegó al lugar una señora para hacer una consulta, ante lo cual, el humilde redactor de estas líneas optó por retirarse a la sala de espera. Pues bien, tras una consulta de quince minutos sobre el alcance del régimen legal de gananciales, explicando qué tipo de bienes tenían este carácter y cuáles no, los efectos de dicho régimen y las posibilidades y formas de modificación, cuando la señora en cuestión ya se marchaba y el compañero le insinuó que debía abonarle la consulta, la respuesta textual fue la siguiente: “¿Pagar? Ni hablar. Yo no sabía que por esto se cobraba.”

Otro caso sangrante fue el de una compañera que, tras ocho meses de negociaciones, logró que su cliente, socio y administrador solidario de una sociedad limitada, no fuese objeto de una acción social de responsabilidad, amén de lograr para el un acuerdo en virtud del cual el personaje en cuestión sacó un beneficio de casi novecientos mil euros. Pues bien, cuando al final del todo la compañera en cuestión le pasó una minuta que no llegaba ni al ocho por ciento de dicha cantidad, el cliente se negó en redondo a pagar, diciendo que la minuta era excesiva. El asunto fue a juicio y el cliente basó toda su argumentación en que la abogada en cuestión no había hecho nada, que todo lo había realizado él personalmente y la letrada en cuestión se había limitado a hacer lo que él le indicaba, lo cual era rotundamente falso. La juez en cuestión, sustituta para más señas, rebajó la minuta usando las facultades de moderación sin tan siquiera pedir informe al Colegio de Abogados, como es perceptivo (es curioso que otra juez, también sustituta, en un supuesto similar se negase a pedir informe al Colegio y en la sentencia, sorprendentemente reconocía de manera clara y abierta que se había equivocado al no solicitar dicho informe, pero que no se causaba indefensión al letrado porque éste siempre podría apelar). Me aventuro a sospechar que la magistrada en cuestión abriría los ojos como platos al ver el importe de la minuta en cuestión, minuta que inconscientemente compararía con el salario que la juez percibía (sin tener, claro, en cuenta el trabajo que hay detrás).

Ante supuestos como estos, el Abogado individual es una especie a extinguir, pues no le quedará más remedio que liquidar su establecimiento o ingresar en uno de esos poderosos despachos. Despachos donde no existen los problemas anteriormente descritos porque, por muy extraño que pueda parecer, en estos casos es excepción que se disminuyan judicialmente los honorarios, amén que es ciertamente infrecuente que el moroso del letrado individual ponga trabas o inconvenientes cuando una poderosa firma le carga unos honorarios que literalmente decuplican la minuta ordinaria de un abogado individual. De igual manera, los colegios de abogados suelen sobreproteger al justiciable cuando éste clama airado contra su defensor, argumentando que están para defender al justiciable; pero cuando ha de hacer frente a una poderosa sociedad integrada por prestigiosos juristas con ramificaciones en todo el territorio y con influencias en las altas esferas, las corporaciones hacen mutis por el foro y se lavan las manos diciendo que eso son cuestiones abogado-cliente en las que no pueden entrar. ¿A qué se debe esta diferencia de trato?

Cuando el año pasado los funcionarios de justicia fueron a la huelga, solicitaron y obtuvieron el apoyo expreso de los Colegios de Abogados, y lograron muchas de sus reivindicaciones tras tener la justicia paralizada durante casi tres meses con el apoyo expreso de jueces y fiscales. Cuando a finales de ese mismo año, gracias a la iniciativa de cuatro letradas gijonesas, el Colegio de Abogados inició una serie de movilizaciones para reivindicar una mejora de las retribuciones en el turno de oficio, los funcionarios de justicia no movieron un dedo, la fiscalía actuó para boicotear las reivindicaciones y se contaron con los dedos de una mano los jueces que apoyaron las reivindicaciones.
¿Cabe mayor soledad?

Monsieur de Villefort

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