Tramposos

Criticar la ausencia de separación de poderes para llegar a un autogobierno exclusivo y excluyente de los jueces de espaldas al restante mundo jurídico es hacer trampa. Los autores del “Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial”, pretenden que sean los jueces y sólo los jueces los que rijan el destino del llamado Poder Judicial so capa de su incuestionable politización actual. Si es evidente tal instrumentalización y aún más, el sometimiento de la Justicia a la política de los partidos, no lo es menos que la crítica se arraiga en la pretensión de unas asociaciones judiciales de constituirse en órganos estatales de selección y gestión del escalafón, que curiosamente hasta este momento se han mostrado cómplices con el actual sistema.

Dos medias verdades no suman más que otra mentira, nunca una verdad completa. Partiendo de una premisa cierta como es la inseparación de poderes y consiguiente politización de la Justicia, los mismos firmantes del manifiesto mostraron poco días después de su presentación pública su firme oposición al acuerdo alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía española por el que lo Colegios de Abogados tendrán funciones meramente consultivas en la elección de altos cargos judiciales. Y eso que hablamos de funciones carentes de toda relevancia decisoria.

Se trata de un simple botón de muestra de cómo los mil cuatrocientos firmantes incurren en un error de bulto al confundir e identificar facultad jurisdiccional con Gobierno de la Justicia. Y es que, la separación absoluta en origen de los poderes del Estado no justifica la creación de una casta de funcionarios privilegiados que señoreen la vida judicial más allá de las atribuciones estatales que tiene conferidas para el ejercicio de su función. Frente a estas reivindicaciones elitistas de autorregulación sin freno se impone la sustitución del actual CGPJ por un Consejo de Justicia elegido separadamente de forma mayoritaria por todos los operadores jurídicos en igualdad de condiciones, desde Jueces y Magistrados, pasando por Fiscales, Abogados, Procuradores, Notarios, Registradores, y Catedráticos de las Facultades de Derecho, censo que ha de incluir necesariamente también a todo el personal de Juzgado, desde Agentes y Oficiales hasta Secretarios.

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