Otro jarro de agua fría para la Asociación de Artistas…

El Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona acaba de desestimar una demanda presentada por la AIE contra Cinesa Compañía de Iniciativas y Espectáculos, S.A. en la que la primera reclamaba el pago de 523.325 euros en concepto de remuneración devengada por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales realizada en las salas de exhibición cinematográfica.

El juez, en atención al hecho de que la mayoría de las películas proyectadas por dicha empresa eran norteamericanas (lo que no es ninguna sorpresa), analiza los siguientes puntos:

a) Determinar qué entidad está legitimada para gestionar los derechos reclamados en el supuesto de concurrencia de ámbitos de varias entidades de gestión. En este caso, los estatutos de las entidades definían, en sus últimas modificaciones, qué derechos gestionaban cada una, correspondiendo a la AIE la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual que correspondan a los artistas, intérpretes o ejecutantes músicos, entendiendo como tales a los músicos, cantantes y directores de orquesta.

b) Legitimación de la AIE cuando no existe un contrato de gestión entre artista y la entidad de gestión para que ésta esté autorizada para reclamar la remuneración equitativa correspondiente. El juez acoge las tesis consolidadas del Tribunal Supremo en cuanto a la legitimación ex lege de las entidades de gestión, por lo que no considera necesario que existan contratos de gestión, ya que la ley así lo prevé.

c) Determinar si los artistas, intérpretes y ejecutantes músicos de EEUU están o no protegidos por la Ley Española y, por lo tanto, si la AIE puede reclamar en su nombre, teniendo en cuenta que no tienen un derecho equivalente en su país. El juez aprecia que puesto que no existe en EEUU una entidad de gestión equivalente a la AIE en España a través de la cual hacer llegar la remuneración equitativa a sus músicos nacionales, existe una clara dificultad en localizar a los músicos norteamericanos por parte de la AIE para hacer pago de su remuneración por la comunicación pública que se realiza en España de sus interpretaciones. La AIE declaró que tenían 20-25 millones de euros recaudados pendientes de repartir entre sus titulares.

d) Respecto a la protección de los artistas estadounidenses cuando no residan habitualmente en España ni hayan realizado aquí su interpretación, éstos estarán protegidos en nuestro país cuando sus interpretaciones hayan sido grabadas en un soporte audiovisual cuyo productor sea ciudadano español o de otro Estado de la UE o persona jurídica domiciliada en España o en otro Estado de la UE, o aún tratándose de productores de terceros países, cuando estos publiquen en España bien por primera vez o bien dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan hecho en otro país las obras en las que se incorporen dichas interpretaciones. Al no haberse acreditado en la demanda la concurrencia de los criterios de vinculación a España, los artistas estadounidenses no estarían dentro del ámbito de protección de la ley de conformidad con el artículo 164.2 TRLPI, ni tampoco en el supuesto del artículo 164.3 (regla de la reciprocidad), ya que en EEUU no existe reciprocidad alguna, al no existir esos derechos en el país norteamericano. Esto se acredita mediante una pericial, que demuestra que la ley de derechos de autor americana no reconoce derecho alguno de exhibición a los actores y actrices que participan en películas cinematográficas u otras obras de carácter audiovisual, y que en las obras realizadas por encargo se considera autor al que efectúa el encargo o empleador que suele ser el productor.

Esta sentencia, que puede ser recurrida al ser primera instancia, no deja de añadir fuego al debate social sobre las entidades de gestión. Debate que, en mi opinión, debería de centrarse más en la Ley de Propiedad Intelectual, ya que las entidades hacen lo que la ley les permite (aunque a veces de forma oscura, abusiva o arbitraria). Una ley pensada para el siglo XIX debe de ser reformada en profundidad para adaptarse a la sociedad de la información actual, en donde el acceso a las obras puede ser inmediato y cuya distribución es, a todas luces, prácticamente incontrolable.
Ignacio Diaz

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