Barbaridad sobre barbaridad

La guerra sucia por el control político de lo judicial desatada en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado el nerviosismo de las asociaciones judiciales y sus padrinos en el Estado de poderes inseparados. Esta situación, fruto del bloqueo de la voluntad consensual, ha servido para que las asociaciones “profesionales” de jueces, siempre colaboradoras y hasta ahora silentes ante el pasteleo de vocalías y puestos de responsabilidad en la cúpula judicial, pongan sobre la mesa una situación de control político de la que nunca antes se habían quejado por encontrarse satisfechas con el reparto. Como la pareja que en su ruptura saca a la luz las miserias del contrario, los parasindicatos judiciales airean ahora sin rubor la perversión de un sistema en el que se sitúan como catalizadores de voluntades políticas y frente al que hasta ahora no habían dicho ni pío. Jueces por la Democracia (JpD) no vacila para defender la autonomía del CGPJ que debe asumirse sin escándalo que el llamado órgano de gobierno judicial se trate “sin duda de un órgano de naturaleza política”, poniendo además de manifiesto negro sobre blanco en su último comunicado, que “resulta dudoso que la judicatura esté necesariamente más legitimada que el Parlamento para dicha elección”. Tras esta afirmación, JpD ruega que tal reconocimiento no suponga desconfianza por la ciudadanía, entendiendo sin embargo que pueda crear cierta “confusión”.

En la otra orilla, las asociaciones Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado en un comunicado conjunto el acuerdo rubricado entre el CGPJ y el Consejo General de la Abogacía (CGAE) en virtud del cual los letrados podrán intervenir en la designación de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. En el comunicado expresan su más absoluta sorpresa y estupor ante la posibilidad abierta por dicho convenio de que los Colegios de Abogados puedan intervenir, si quiera aconsejando, en la designación de cargos judiciales, al tiempo que critican que se les dé igualdad de trato que a los propios jueces o las asociaciones que los representan. En tal desconcierto general ambas asociaciones muestran su desagrado y confusión subrayando la incoherencia de que tampoco se de igual trato a otros profesionales de Derecho como Procuradores, Abogados del Estado, o Graduados Sociales. Pero que nadie se ilusione, seguidamente los jueces firmantes, en defensa de su ranchito e ignorando la diferencia entre poder estatal y función jurisdiccional, censuran que otros operadores jurídicos que no sean ellos mismos participen en el gobierno de lo judicial arguyendo una simpleza como su neutralidad frente a quienes tienen encomendada la defensa legítima de intereses particulares.

Pedro M. González

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