Novedosa tesis del Fiscal en lo Contencioso

Pues sí, aunque parezca mentira no otra cosa puede desprenderse de un oscuro y farragoso escrito elaborado el día 2 de febrero de 2010 por el representante del Ministerio Fiscal. Perdón, quería decir “S.Sª El Abogado-Fiscal”, pues así firma el escrito el autor del mismo, con lo que demuestra, además cierta tendencia al esnobismo jurídico. Pues bien, hasta ahora todos creíamos que los criterios de atribución competencial en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo venían determinados tanto por el órgano del que emana el acto como por la materia o la cuantía o por ambas cosas. Pues no, estábamos equivocados, pues de conformidad con el escrito al que antes hemos hecho referencia pues resulta que ahora hay que atender además a la “ámbito territorial en el que va a desplegar sus efectos la resolución”.

Las actuaciones indicadas tienen su origen en un procedimiento ordinario en el que se enjuicia un acto del Consejo General de la Abogacía que anula varios acuerdos de la Junta General de un colegio profesional. Éste órgano administrativo impugna judicialmente el acuerdo del Consejo General presentando el recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, esgrimiendo como norma atributiva de competencia el artículo 12.1.j (sic) de la Ley 29/1998. Pues bien, todos los codemandados interpusieron escrito de declinatoria por falta de competencia objetiva de la Sala al entender que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa correspondería el conocimiento a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, dado que el Consejo General de la Abogacía ostenta la condición de ente corporativo con personalidad jurídica propia que extiende su competencia a todo el territorio nacional.

Pues bien, el Consejo General de la Abogacía se opuso con la tesis (que el autor de estas líneas no comparte, pero que es jurídicamente sostenible) de que no cabe identificar “organismos públicos con competencia en todo el territorio nacional” con “corporaciones de derecho público con todo el territorio nacional”, puesto que a la hora de atribuir las competencias a los juzgados de lo contencioso-administrativo el artículo 8.3 contempla expresamente a tales órganos y el artículo 9.1 no, argumentando que si se hubiese querido atribuir la competencia a los Juzgados Centrales respecto a los actos de las corporaciones también las hubiese individualizado. Bien, ya hemos indicado que esa tesis y argumentación está correctamente fundamentada. Pero he aquí que llega el informe de “S.Sª el Abogado-Fiscal”, quien, en el párrafo fatal, clave de su exposición jurídico-narrativa argumenta lo siguiente:

Pues bien, hay que determinar ahora si la competencia aludida por el artículo 9 es expresa o no. En primer término hay que señalar que lo que se impugna es una resolución estimatoria de un recurso frente a un acuerdo del Colegio de Abogados, de forma que no estamos ante una disposición de carácter general, pues sólo extiende sus efectos a la cuestión objeto del recurso. Por lo que respecta a los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia, resulta obvio conforme lo expuesto ut supra que estamos ante tal ente; ahora bien, hay que tener presente que conforme las posiciones más avanzadas en la conceptalización [sic] del acto administrativo, han descartado que en nuestro ordenamiento jurídico el mismo se conceptúe en el viejo sentido amplio como “todo acto jurídico dictado por una administración y sometido al derecho administrativo”, pues del mismo se han exceptuado los Reglamentos, los actos contractuales y los derivados del uso de la coacción administrativa, de modo que (conforme señala el Prof. García de Enterría) el acto administrativo se concreta en lo que son declaraciones y no meras ejecuciones. Así pues una resolución ante un recurso no puede considerarse dentro del ámbito competencial a que se refiere el artículo 9 de la LRJCA y hace que la competencia para conocer del presente recurso no pueda entenderse atribuida a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, al ser el ámbito territorial en el que va a desplegar sus efectos la resolución que se impugna únicamente el comprendido en el ámbito de actuación del Ilustre Colegio de Abogados de

Es decir, que tras la larga, farragosa amén de innecesaria exposición teórica sobre el concepto de acto administrativo y su distinción del Reglamento, la coacción administrativa y la actividad técnica de la Administración, el Ministerio Público acepta que el Consejo General de la Abogacía se engloba dentro del concepto de “organismos públicos con competencia en todo el territorio nacional”, mas como la actuación objeto de recurso únicamente despliega sus efectos en el ámbito territorial de un colegio profesional determinado, ha de atenderse a este criterio (el ámbito territorial donde se despliegan los efectos) como criterio de atribución competencial ¡Bravo por la tesis!. Animo a todos los ciudadanos que tengan problemas con la Administración a que hagan uso de tal posibilidad. Por ejemplo ¿Qué ocurriría si un individuo de Gijón reclama doce mil euros en concepto de responsabilidad patrimonial del estado por el mal estado de una autovía estatal en un tramo ubicado en el Principado de Asturias? Pues que con la tesis del fiscal no se aplicaría el artículo 9.c de la Ley 29/1998, sino que como el acto únicamente desplegaría sus efectos en el territorio del Principado, podríamos “desviarlo” al TSJ de Asturias.

Ni que decir tiene que la Sala desestimó la declinatoria, pero optó por acoger la tesis del Consejo de la Abogacía, orillando la revolucionaria argumentación esgrimida por tan peculiar representante del Ministerio Fiscal.

Monsieur de Villefort

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