Últimas Resoluciones de la DGRN. Mercantil

DENOMINACIÓN SOCIAL

LA CERTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL NO PUEDA ESTAR A FAVOR DEL CÓNYUGE DE UNO DE LOS FUNDADORES.
Resolución de 17 de Junio de 2.009. (B.O.E. de 25 de Julio de 2.009). Ir a la Disposición.
El objeto del recurso es si puede tener acceso al Registro Mercantil una escritura de constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la que la certificación de la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central está expedida a nombre del esposo de una de las socias fundadoras.
La Dirección General lo niega ya que el artículo 413.2 del Reglamento del Registro Mercantil tiene la finalidad de individualizar tal certificación para evitar la cesión de la misma, y los términos «fundador o promotor», empleados en dicho artículo deben interpretarse en sentido jurídico propio y si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, la certificación deberá haber sido expedida a nombre de cualquiera de quienes, como socios, otorgan la escritura fundacional que expresa su correspondiente aportación, así como las participaciones sociales que se les asignan.

ADMINISTRADORES
Cabe diferir en el tiempo los efectos en el nombramiento de administrador

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR: CABE DIFERIR EN EL TIEMPO LA FECHA DESDE LA QUE SURTE EFECTOS SU NOMBRAMIENTO.

Resolución de 6 de Junio de 2.009 (B.O.E. del 27 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.
En supuesto del presente recurso se presenta en el Registro Mercantil la escritura en la que se formalizan los acuerdos adoptados el 26 de Diciembre de 2.008 por la Junta General de una Sociedad de Responsabilidad Limitada relativos al cese –por dimisión– del administrador único y nombramiento de una nueva administradora, con la particularidad de que se acuerda que el administrador dimisionario continuará ejerciendo su cargo hasta el 31 de Diciembre de 2.008, incluido este día, y el nombramiento de la nueva administradora surta efectos a partir del 1 de Enero de 2.009.
El Registrador Mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, los efectos del cese y nombramiento de administrador no pueden diferirse a fecha posterior a aquella en que los acordó la Junta.
La Dirección General admite el recurso y revoca la calificación. El hecho de que la aceptación sea presupuesto necesario para que el nombramiento surta efecto (cfr. artículos 59.4 de la Ley de Responsabilidad Limitada y 141 del Reglamento del Registro Mercantil) no constituye obstáculo que impida diferir la eficacia de la aceptación por un plazo como el sometido a debate en el presente caso, sin que, por otra parte, deba decidirse en este expediente sobre el hecho de que se haya solicitado la inscripción del nombramiento dos días antes de que llegue el término inicial señalado para la eficacia de la aceptación (y análogas consideraciones pueden extenderse a la eficacia de la dimisión del administrador), toda vez que sobre tal extremo no se ha pronunciado el Registrador en su calificación y el presente recurso se ha de ceñir a las cuestiones a las que se refiera la calificación impugnada (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria).

JUNTA GENERAL
Las normas legales sobre exclusión de socios son de carácter imperativo

LAS NORMAS LEGALES SOBRE EXCLUSIÓN DE SOCIOS SON DE CARÁCTER IMPERATIVO.
Resolución de 22 de Julio de 2.009. (B.O.E. de 19 de Septiembre de 2.009). Ir a la Disposición.
Se presenta en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos sociales consignados en acta notarial de Junta General de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en la que, estando presente el 94,14 % del capital social, se acuerda por mayoría la exclusión de un socio (por incumplimiento de la prestación accesoria a que estaba obligado), con la amortización de sus participaciones, procediéndose a la consiguiente reducción del capital social.
Al socio excluido se le reembolsa la cantidad acordada por la Junta con base a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En la escritura se hace constar que el socio excluido no es titular de un porcentaje de participación igual o superior al 25 % del capital social, que el valor real de sus participaciones se desprende de la certificación de los acuerdos sociales, y que el reembolso ha tenido lugar mediante transferencia bancaria de dicho importe a su cuenta corriente.
Se califica desfavorablemente la escritura en un primer momento, por lo que se otorga con posterioridad y se presenta otra para dejar constancia de que el valor razonable de las participaciones del socio excluido ha sido fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de los Estatutos Sociales (en su redacción resultante de la referida modificación), que no hacen necesaria la intervención del auditor a tal efecto.
La Registradora Mercantil reitera su calificación negativa. Alega el recurrente que el procedimiento para la valoración de las participaciones sociales está determinado en los estatutos, los cuales no requieren la intervención del auditor de cuentas a tal efecto, y justifica la valoración de las participaciones con referencia al texto de los citados estatutos y a los depósitos de cuentas de la sociedad en ejercicios anteriores. Señala asimismo que al operar la sociedad bajo la premisa del beneficio cero, dado que los socios facturan a la sociedad la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a cada uno de ellos –que, en conjunto, son los ingresos y gastos totales de la sociedad– lo que corresponde a cada socio es, en caso de separación o exclusión, simplemente su participación en el capital y las reservas.
La Dirección General confirma la calificación, porque los Estatutos Sociales pueden contener previsiones contrarias a normas imperativas, por lo que, no constando la conformidad del socio con la liquidación del valor de sus participaciones, el Registrador tiene que exigir, para practicar la inscripción de la reducción de capital derivada de la exclusión, que conste en la escritura el valor razonable de las participaciones del socio separado o excluido, la persona o personas que las hayan valorado y el procedimiento seguido para esa valoración, así como la fecha del informe del auditor, en el caso de que se hubiera emitido. Del mismo modo, debe también exigirse la manifestación de los administradores o liquidadores de la Sociedad de que se ha reembolsado el valor de las participaciones del socio separado o excluido o consignado su importe, a nombre del interesado, en entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, acompañando documento acreditativo de la consignación.

SOCIEDADES PROFESIONALES

SOCIEDADES PROFESIONALES: ADAPTACION A LA LEY 2/2.007, DE 15 DE MARZO.
Resolución de 3 de Junio de 2.009 (B.O.E. de 27 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.
En el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de formalización de acuerdos adoptados por la Junta General de determinada Sociedad de Responsabilidad Limitada por las que se modifican los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 2/2.007, de 15 de Marzo, de Sociedades Profesionales, de modo que según los estatutos modificados, la sociedad tiene como objeto exclusivo la actividad propia del ejercicio de la Abogacía. Antes de la citada modificación estatutaria, dicha sociedad tenía como objeto social «la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, a través de los correspondientes profesionales», entre otras muchas actividades reseñadas en el apartado I de los hechos de la presente resolución.
La Registradora Mercantil rechaza la inscripción solicitada porque, a su juicio, al tratarse de una Sociedad Profesional sujeta a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, y haberse presentado en el Registro la escritura de adaptación a la misma después del transcurso del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de dicha Ley, ha quedado disuelta de pleno derecho, según la disposición transitoria primera de la misma.
La Dirección General, reiterando su doctrina ya expresada en otras resoluciones, revoca la nota de calificación, estimando que se trata de una mera modificación de los estatutos de la sociedad, para devenir desde ese momento como sociedad profesional strictu sensu, carácter que, dado su objeto preexistente, no tenía en el momento de la adopción del acuerdo correspondiente.

SOCIEDAD PROFESIONAL Y OBJETO SOCIAL: DEBE CONCRETARSE NECESARIAMENTE LA PROFESIÓN/ACTIVIDAD PROPIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LA INTEGRAN.
Resolución de 6 de Junio de 2.009 (B.O.E. del 27 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.
En el supuesto del presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General de una sociedad de responsabilidad limitada por los que se modifican los estatutos sociales para adaptarlos a la Ley 2/2.007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. Se expresa en dicha escritura que el único socio profesional pertenece al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid; y según los estatutos, después de su modificación, la sociedad tiene como objeto social la «tenencia y explotación de clínicas y centros médicos, así como la enseñanza sanitaria, valiéndose –para ello– de profesionales titulados que reúnan las condiciones habilitantes para poder ejercer los mismos»
La Registradora Mercantil resuelve no practicar la inscripción solicitada porque, a su juicio, el objeto de la sociedad sólo puede ser el ejercicio de la actividad propia de los odontólogos o estomatólogos.
La Dirección General rechaza el recurso. En el presente caso, la propia disposición estatutaria no especifica la concreta profesión cuyo ejercicio constituye el objeto de la sociedad. Y, toda vez que, los artículos 6.2, 7.1.b), 8.2.d), 13, 17.2 de la Ley de Sociedades Profesionales, resulta que en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin socios profesionales, es decir, sin «Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma» (artículo 4.1), tiene razón la Registradora al considerar que, por la composición subjetiva de la sociedad que pretende adoptar la cualidad de sociedad profesional, ha de tener como objeto social el ejercicio de la actividad propia de los odontólogos o estomatólogos.

SOCIEDAD PROFESIONAL: CIERRE DEL REGISTRO POR FALTA DE ADAPTACIÓN A LA LEY 2/2007. DETERMINACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.  EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL NO ES LA SEDE ADECUADA PARA ANALIZAR EL CARÁCTER PROFESIONAL DE LAS SOCIEDADES PREVIAS A LA LEY 2/2007. EL CARÁCTER PROFESIONAL NO SE PRESUME.
Resolución de 3 de Junio de 2.009 (B.O.E. de 27 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.
Se debate la aplicabilidad de la disposición transitoria 1ª de la Ley 2/2.007 a una sociedad (dedicada a la actividad de profesional de la Arquitectura), anterior a dicha Ley, cuyo artículo estatutario relativo al objeto social resulta modificado a fin  de adaptarse a la Ley de Sociedades Profesionales.
Se resuelve, confirmándose los argumentos del recurrente, que es conditio sine qua non de la previa consideración de la sociedad como profesional el hecho de ejecutar todos sus actos directamente bajo su denominación social y la atribución de derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como centro de imputación subjetiva del negocio o titular de la  relación jurídica trabada con el cliente o usuario, requisito éste subjetivo, de imposible apreciación por operadores externos a la sociedad como el Registro Mercantil. Para tal esclarecimiento habría que examinar todo el contrato social y también la forma de  ejercicio del objeto lo cual excede, a todas luces, de los medios limitados del calificador y es materia ajena al procedimiento registral, carente del principio de contradicción.

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS NO PUEDEN CONSTITUIR SOCIEDADES PROFESIONALES, AL NO REQUERIRSE TITULACIÓN UNIVERSITARIA OFICIAL PARA SU DESEMPEÑO.
Resolución de 18 de Junio de 2.009. (B.O.E. de 25 de Julio de 2.009). Ir a la Disposición.
Se adaptan los estatutos de una Sociedad ya existente, para ser una Sociedad profesional cuyo objeto «lo constituye la actividad propia de los profesionales de administración de fincas y abogacía… »,  y se niega la inscripción al considerar que no se requiere titulación universitaria oficial para la actividad de administración de fincas, lo que la Dirección General confirma basándose en el Decreto 693/1.968, de 1 de Abril, que reconoce dos vías para el acceso a la profesión de Administrador de Fincas, y la segunda no requiere un título universitario oficial.

SOCIEDAD PROFESIONAL: CLÁUSULAS ESTATUTARIAS DE AUMENTO DE CAPITAL Y TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES.
Resolución de 24 de Julio de 2.009. (B.O.E. de 19 de Septiembre de 2.009). Ir a la Disposición.
Se discute si es o no inscribible la disposición de los estatutos sociales de una Sociedad Profesional por la que se dispone que  «… no podrá aumentar el capital social con la finalidad de promover la carrera profesional de sus socios o asociados, ni reducirlo, con objeto de ajustar la carrera profesional de aquéllos», siendo precisamente una de las especialidades que la Ley de Sociedades Profesionales introduce respecto del régimen general de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, la exclusión del derecho de preferencia en la asunción de las participaciones que se creen mediante un aumento de capital cuando éstos «sirvan de cauce a la promoción profesional, ya sea para atribuir a un profesional la condición de socio profesional, ya para incrementar la participación societaria de los socios que ya gozan de tal condición» –artículo 17.1.a). Con ello –complementada con lo dispuesto respecto el valor de las nuevas participaciones, contenida en el apartado 1.b) del mismo precepto– se pretende remover el obstáculo que el juego del derecho de preferencia comportaría a la hora de incrementar el número de socios profesionales o la participación de los ya existentes.
La Dirección General considera que debe ser rechazada, toda vez que el aumento del capital social es una de las competencias exclusivas que legalmente se atribuye a la Junta General de socios, según el artículo 44.1.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Se trata de una reserva legal de competencia a favor de la Junta que resulta incompatible con la exclusión total o parcial de dicha competencia, ya sea como consecuencia de una disposición estatutaria o por autolimitación de la propia Junta mediante acuerdo preventivo para futuras e indeterminadas operaciones de aumento del capital social. Es, por la tanto, una regla imperativa, como consecuencia de la valoración normativa sobre la idoneidad de la Junta como órgano competente para apreciar caso por caso las circunstancias que justifiquen la adopción del acuerdo de aumento, cualquiera que sea el objetivo concreto que con el mismo se pretenda alcanzar.
Por otro lado, respecto de la restricción de la transmisión de las participaciones sociales pertenecientes a los socios profesionales exigiendo previa autorización concedida por acuerdo de los socios profesionales, adoptado «…con el voto favorable de, al menos, los dos tercios de los votos correspondientes a sus participaciones», no es admisible el rechazo del Registrador a que esta medida se extienda a los supuestos de transmisiones «…mortis causa, para los que no puede exigirse el consentimiento unánime», como resulta del artículo 15 de la Ley de Sociedades Profesionales. En este caso, la Dirección General difiere del criterio del Registrador.

CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES: SU DEPÓSITO. OBLIGACIÓN DE AUDITARLAS. DERECHOS DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS. LA AUSENCIA DE LOS PRECEPTIVOS INFORMES DE AUDITORÍA Y DE GESTIÓN INVALIDAN EL ACUERDO SOCIAL ADOPTADO DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
Resolución de 25 de Mayo de 2.009 (B.O.E. de 27 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.
Dicha asertación toma su base en el mandato legal del artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 218 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el 366 del Reglamento del Registro Mercantil. La falta de tales documentos obstaculiza el ejercicio de los derechos de los socios, en concreto el derecho de voto.
Por lo tanto, presentadas las cuentas a depósito cuando ya había sido solicitado respecto a dichas cuentas el nombramiento de auditor por socio minoritario y teniendo además conocimiento de ello la sociedad, si la junta general en que se aprobaron las cuentas se celebró con anterioridad al nombramiento del auditor designado por el Registrador Mercantil, dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente para que su depósito pueda tenerse por efectuado. En análogos términos, recuerda la D.G.R.N., se pronunció la Resolución de 4 de Julio de 2.008 refiriéndose a un supuesto similar.

ABIERTA LA FASE DE LIQUIDACIÓN CONCURSAL NO DECAE LA OBLIGATORIEDAD DE AUDITAR LAS CUENTAS ANUALES. EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY CONCURSAL NO EXCLUYE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES.
Resolución de 26 de Mayo de 2.009 (B.O.E. de 27 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.
En virtud de lo expresado, presentadas las cuentas anuales y habiendo superado durante dos ejercicios consecutivos dos de las circunstancias previstas en el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas, la compañía deberá acompañar, para que se practique el depósito de sus documentos contables: Informe de auditoría de cuentas y asimismo deberá certificarse que las cuentas presentadas a depósito se corresponden con las auditadas, siguiendo las previsiones del artículo 366.1 5º y 7º del Reglamento del Registro Mercantil.

CUENTAS ANUALES: NECESIDAD DE INFORME DEL AUDITOR NOMBRADO A INSTANCIAS DE LA MINORIA.
Resoluciones de 26 de Junio y 3 de Julio de 2.009 (B.O.E. del 1 de Agosto de 2.009). Ir a la DisposiciónIr a la Disposición.
Reitera la Dirección General su doctrina en el sentido de que no puede tenerse por efectuado el depósito de cuentas de una sociedad si no se presenta el informe del auditor de cuentas cuando en la sociedades no obligadas a verificación contable se hubiera solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral.
Se añade que, nombrado e inscrito el auditor registral, carece de relevancia la presentación de un informe de un auditor voluntario designado por la sociedad o el hecho de que ésta haya renunciado al auditor registral designado, ya que la asamblea general no puede dejar sin efecto una  decisión registral.

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