Criterios de los tribunales contenciosos para “moderar” a la baja los honorarios de los letrados.

El tema de los honorarios profesionales del letrado en nuestro país está cobrando dimensiones absolutamente surrealistas. Hace poco dedicábamos una intervención a un supuesto ocurrido en Estados Unidos, donde un juez había corregido al alza los honorarios de los profesionales en base a la excepcional calidad del trabajo realizado y a la eficacia de los resultados obtenidos. Pues bien, si giramos la vista a nuestro país y, más concretamente, a la imposición de las costas procesales en el orden contencioso-administrativo (tema al que ha dedicado un recentísimo y excelente post mi amigo Sevach), la cuestión mueve al más profundo llanto y se ve claramente cómo los Tribunales, en los escasísimos supuestos en los que se deciden a imponer las costas a la Administración, no dudan en utilizar los argumentos más sibilinos para moderar, siempre a la baja, la retribución de los abogados.

Y, si no, fíjense, por ejemplo, en el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 de abril de 2009 (Ponente: Fernández Montalvo). Una minuta de 28.755,56 euros fue impugnada por el Abogado del Estado con argumentos tan absolutamente indignos viniendo de quien vienen (escaso trabajo profesional realizado, carácter repetitivo del pleito, que la cuantía del recurso no puede ser el único criterio a la hora de fijación de costas). Pues bien, en el último párrafo del Fundamento Jurídico Primero de dicha resolución judicial el Tribunal Supremo acoge tales impugnaciones con el siguiente razonamiento:

Las particularidades concretas del proceso minutado y, especialmente, la propia entidad de las actuaciones desarrolladas, así como las dificultades de las cuestiones debatidas, entre las que esta Sala ha destacado la circunstancia de la reiteración de asuntos iguales y que debe entenderse que facilita y simplifica su trabajo profesional, sin que ello suponga demérito alguno para la labor realizada por el Letrado minutante. Simplemente quiere decirse –y así lo ha venido declarando la Sala con reiteración- que, tratándose de asuntos prácticamente similares, no pueden calcularse los honorarios en función no sólo de la cuantía del asunto, sino, por el contrario, teniendo en cuenta la disminución de esfuerzo que, lógicamente, ha de suponer reproducir argumentos de otros recursos

Consecuencia: pese a que en esta ocasión el Colegio de Abogados de Madrid emitió informe favorable en el sentido de indicar que la cantidad minutada de 27.500 resultaba conforme a los criterios de dicho colegio, el importe de las costas se redujo de de 27.500 a 3.000 euros. Casi nada.

Otro ejemplo aún más claro lo otorga el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 de mayo de 2009 (Ponente: Trillo Torres). En esta ocasión, el Secretario redujo a iniciativa propia los honorarios de letrado de 2.980,54 a 1.648,66, nuevamente con un informe del Colegio de Abogados de Madrid favorable al letrado minutante. Pues bien, tampoco el celo del magistrado por conservar el erario público resultó satisfecho con la minoración efectuada por el Secretario y redujo nuevamente la minuta del letrado a 1.000 euros con base en la siguiente doctrina expuesta en los dos últimos párrafos del fundamento jurídico segundo:

Debe resaltarse, asimismo, que esta Sala viene repetidamente declarando que en los supuestos de imposición de costas debe procederse con especial moderación al fijar los honorarios de los Letrados, sin perjuicio de que éstos puedan percibir de su propio cliente los honorarios de la parte contraria […] A ello hay que añadir que tales Normas [los criterios orientadores o baremos aprobados por los Colegios de Abogados] tienen un carácter meramente orientador y no resultan vinculantes para los órganos jurisdiccionales, a los que corresponde su determinación en caso de impugnación conforme establece el artículo 246.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, a cuyo efecto ha de atenderse a las circunstancias concurrentes en el proceso en que se hayan devengado, tales como el trabajo profesional realizado, su mayor o menor complejidad, el interés y la cuantía económica del asunto, tiempo de trabajo, alcance y efectos en el desarrollo del proceso, entre otras.

Pues bien, tal doctrina jurisprudencial plantea al humilde redactor de estas líneas los siguientes interrogantes:

1)      ¿Por qué los Juzgados y Tribunales utilizan unos criterios como el “trabajo realizado, especial dificultad y complejidad técnica” siempre para moderar a la baja los importes de un letrado y nunca para sostenerlos? (no digo ya para ajustarlos al alza como en Estados Unidos, porque si algún Tribunal lo hiciera en nuestro país al propio letrado beneficiado probablemente le daría un ataque de la impresión).

2)      ¿Por qué no se aplican el criterio establecido en el Auto de 28 de abril de 2009 a los defensores de la Administración o a los propios Tribunales? Porque, sin que ello suponga demérito alguno ¿En cuantas ocasiones la labor realizada por los defensores de la Administración (si tienen a bien acudir a la vista, cosa que no siempre hacen, como  ya hemos indicado en otro post) se limita a reproducir los argumentos vertidos en la resolución administrativa impugnada en vía judicial? ¿Y en cuantas ocasiones los Tribunales resuelven asuntos tirando de plantilla hasta el punto que en más de una ocasión aparecen simpáticos errores como consignar un recurrente distinto al que en realidad es o cuantías que no se corresponden con las establecidas en la resolución impugnada, y que únicamente tienen su explicación por el hecho de que se realizan sobre la base de una plantilla anterior?

3)      ¿Por qué un Tribunal puede entrar a valorar aspectos tales como la complejidad técnica de un asunto o, lo que es más grave, la calidad del trabajo de un letrado y no puede darse la situación inversa?

4)      ¿No supone la estricta aplicación de dicha doctrina una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Me explico tomando como base el primer supuesto, el resuelto por Auto de 28 de abril de 2009. El letrado, en principio, puede cobrar a su cliente los 28.755,56 euros que el Colegio profesional estima acorde a los criterios, pero como únicamente puede repercutir a la Administración los 3.000 fijados en costas, la actuación del Abogado del Estado ha “costado” al particular la friolera de 25.755,56 euros. Desde la otra perspectiva, el Abogado del Estado ha dilatado la firmeza de una sentencia (muy probablemente consciente de que el recurso de casación iba a ser inadmitido), y a la Administración pública “sólo” le ha costado 3.000 euros. En definitiva, que económicamente quien gana pierde y quien pierde gana. Toda una declaración de principios.

5)      A las anteriores se me plantea una última cuestión. Si los Criterios Orientadores de Honorarios no vinculan a los Tribunales ¿Para qué demonios se aprueban y qué utilidad práctica suponen? Uno de los argumentos más utilizados por los Colegios de Abogados para justificar su permanencia y no eliminación es precisamente la aprobación de criterios orientadores, mas, si éstos no vinculan a los Tribunales, ya me pueden explicar para qué sirven, como no sea más que para dar ganancia a alguna imprenta.

Monsieur de Villefort

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