Puñalada trapera de jueces y fiscales a los abogados de oficio.

<<…pues lo que quiere la Constitución es proteger al detenido con la asistencia técnica de un Letrado, que le preste su apoyo moral y ayuda profesional en el momento de la detención, garantizando con su presencia que los derechos constitucionales del detenido son respetados…>>

(Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en Procedimiento de Derechos Fundamentales 355/2008).

Lo prometido es deuda, y, tal y como indicábamos en un post anterior, abordamos el tema de la huelga de abogados con los documentos en la mano. Recapitulemos, todo comienza cuando el 29 de octubre de 2008 la Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Gijón acuerda suspender la designación de abogados de oficio para reivindicar la dignidad de la profesión y mejoras del turno de oficio, siguiendo el ejemplo de empleados públicos del cuerpo de tramitación procesal (que tuvo la Justicia paralizada durante dos meses con decenas de miles de causas dilatadas innecesariamente), de Jueces y de Secretarios judiciales. Mas no contaban los letrados con ese aguerrido cuerpo de funcionarios cuyo sueldo pagamos de nuestro bolsillo todos los probos ciudadanos: la fiscalía. Y es que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior del Principado de Asturias aparcó su ardua, titánica e impagable labor persecutoria de padres que corrigen disciplinariamente a sus hijos, e interpuso un recurso frente a tal acto……ante un órgano incompetente como es el Tribunal Superior de Justicia (lo cual tiene su gracia si tenemos en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 29/1998 en los casos de plantearse una posible incompetencia del órgano judicial ha de ser oído el Ministerio Fiscal). En fin, que el asunto llega al Juzgado de lo Contencioso de Gijón el día 2 de diciembre de 2008. Y el día 5 de ese mes (es decir, tan sólo tres días después), viernes para más señas, el Magistrado de dicho órgano ya tenía dictado el Auto de medida cautelar de suspensión y dio personalmente la orden a los funcionarios del Juzgado para que ese mismo día lo notificaran al Colegio. Jamás, jamás he visto en los nueve años de existencia de ese juzgado en concreto un ejemplo tan inaudito de celeridad. Pero, vayamos al asunto.

1)    Demanda del fiscal: Ver escrito de demanda del fiscal

En primer lugar, es harto extraño que el acuerdo lo recurriera el Fiscal y no el Principado de Asturias, que es el titular del servicio público de Justicia Gratuíta. No obstante, me permito ofrecer dos perlas del escrito, firmado para más INRI por el mismísimo Gerardo Herrero. La primera, es cuando dice que el objeto del recurso no se centra “en si las peticiones que realizan los letrados al Gobierno Autonómico son fundadas o no (algo que, por otra parte, está vedado al Ministerio Público)”. Esta afirmación no es ya cobarde, sino miserable e hipócrita puesta en boca del Fiscal Jefe. Pues el propio señor Herrero estaba presente cuando el día 12 de marzo de 2008 se produjo la toma de posesión de doña Rosa Álvarez como fiscal de área de Gijón, donde la señora Álvarez manifestó, en relación con la huelga de funcionarios, cito textualmente la reseña publicada en el diario “El comercio” del día siguiente: “También indicó que será difícil retomar el trabajo atrasado debido a la huelga de los funcionarios de Justicia. No obstante, les animó a seguir con sus reivindicaciones, que calificó de “justas” con relación al trabajo que desempeñan.” (ver noticia);

dado que el señor Herrero no desautorizó ni en ese momento ni posteriormente tal afirmación debemos entender que avaló con su presencia y su silencio las afirmaciones de su subordinada. La segunda perla es cuando dice textualmente que la obligación de presar el servicio de justicia gratuita “nace como consecuencia del interés supremo de la justicia a que la abogacía se halla vinculada”, como si estuviésemos en el siglo XVII. Dejando de lado el hecho de que en estos tiempos la palabra justicia en boca de un fiscal es equivalente a la palabra castidad en boca de Valeria Mesalina, en los tiempos en que la abogacía se hallaba vinculada a la justicia aún existían los “lances de honor”, y las ofensas en muchas ocasiones tenían como respuesta un enfrentamiento entre ofensor y ofendido con padrinos y unos palmos de acero (cuando no una bala de plomo disparada con una pistola de duelo) en el cuerpo de uno de los contendientes. ¿Acaso no se ha enterado del señor fiscal que desde el siglo XIX el Estado ha retrocedido y no busca en los pleitos ofrecer justicia, sino una “respuesta fundada en derecho” (Alejandro Nieto dixit). ¿Acaso no existen casos en que se dice textualmente que un litigante tiene moralmente toda la razón pero con la ley en la mano no cabe otra cosa?. ¿Los nombres “Arnaldo” o “De Juana” suenan de algo a los oídos de los fiscales? No me vengan entonces con monsergas sobre intereses supremos de justicia, que lo único que provocan es risa floja viniendo de quien vienen.

En todo caso, cuando el fiscal manifiesta con toda su brutalidad que el recurso no se centra o no en el derecho de huelga de los letrados, sino si el Colegio de Abogados tiene atribuidas una serie de competencias públicas que ha vulnerado con los acuerdos impugnados, el redactor material de la demanda se la está jugando. Porque si impugna el acuerdo con base no en el origen ni en el fondo, sino en las consecuencias que produce (mas bien los que puede producir), está abriendo la puerta para que, como efectivamente se hizo por todos los codemandados, se alegase la vulneración del principio de igualdad. Porque, en efecto, si durante la huelga de funcionarios tramitadores quienes tenían encomendadas las competencias para garantizar el servicio público de justicia a todos los ciudadanos (no sólo a los titulares del servicio de justicia gratuita) no garantizaron el servicio y el Fiscal no actuó sino que apoyó a los huelguistas, o bien entonces (y, en consecuencia ahora) no hubo infracción de derechos fundamentales o bien gran parte de los fiscales (con el señor Herrero a la cabeza) por bastardos intereses políticos (o simplemente por cobardía) cometieron en el mejor y más generoso de los casos en una gravísima responsabilidad disciplinaria.

2)      Contestación a la demanda. Ver escrito de contestación a la demanda

Me remito al propio escrito que, aunque ciertamente extenso, contiene un amplio resumen de los antecedentes de hecho y copiosa cita de jurisprudencia del Tribunal Constitucional (incluido un “guiño” al derecho norteamericano) y planteaba no sólo tres excepciones procesales, sino que argumentaba la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y, en todo caso, lo que habría sería una vulneración del derecho de igualdad (en su doble vertiente de igualdad ante la ley y en aplicación de la ley) por parte del Ministerio Fiscal. En cuanto al fondo del asunto, en síntesis, se decía que el derecho a la asistencia letrada únicamente se vulnera cuando se presta una declaración en Comisaría o Juzgado sin la presencia de letrado, pero que si la declaración no se presta no existe en modo alguno vulneración de tal derecho.

Nota curiosa: cuando se solicitó en la fase de prueba que el Juzgado requiriese al Ministerio Fiscal para que manifestase si había impugnado la huelga de funcionarios la denegó por improcedente. Cuando se solicitó del mismo Juzgado que librase oficio a la Junta de Jueces de Oviedo para que aportase el documento elaborado en febrero de 2008 en apoyo de los funcionarios huelguistas lo denegó igualmente. Es que claro, nos encontrábamos ante “una verdad incómoda”

3)      Sentencia. Ver sentencia

Esta sentencia es realmente extraña mas, como la aportamos igualmente, dejamos al lector que juzgue por sí mismo. En todo caso, cuando dice que se han cumplido todas las formalidades legales, sin duda alguna no se estará refiriendo al plazo para dictar sentencia, ocho meses nada menos. Recapitulemos los puntos clave de la resolución:

a)      Acepta la legitimación del fiscal basándose en una única sentencia del Supremo del año 1990 (es más, en alguna ocasión que me dio por leer alguna circular de la fiscalía se citaba esta única sentencia como base para sostener su legitimación como demandante en un proceso contencioso). Y lo dice quien en otros asuntos rechazó aplicar la doctrina de un Auto del Tribunal Supremo porque el mismo al ser una única resolución, no constituye jurisprudencia, aunque quizá en este ultimo caso se deba a que la doctrina a aplicar en tal supuesto perjudicaba a la Administración.

b)      Introduce una revolucionaria teoría (única en el mundo) en el sentido de que lo que la Constitución quiere es que el letrado preste “apoyo moral” (sic) y asistencia profesional al detenido “en el momento de la detención”, no en el de la declaración. ¡Revolucionario! ¿Dónde dice eso la Constitución? Cíteseme una sola sentencia donde no ya se sostenga sino se insinúe tan siquiera tal aserto. ¿Desde cuándo un juzgado puede obligar a un letrado a dar “apoyo moral” a un detenido? En los turnos de violencia doméstica va a ser de traca, y ya puede el Tribunal ofrecer unas indicaciones de cómo debe presarse ese “apoyo moral” a un maltratador (o a un pederasta, o a un violador; ¿le decimos mansamente que “no pasa nada, no fue para tanto” y le damos una amable palmadita en la espalda?). Y no se nos diga que malinterpretamos o sacamos de contexto, porque citamos la frase de manera textual, y cuando el juzgador utiliza la conjunción copulativa “y” entendemos que distingue y diferencia el “apoyo moral” de la “ayuda profesional” que por cierto, al situarla “en el momento de la detención” y no en el de prestar declaración destruiría, al llevarla a la práctica, cualquier instrucción.  Esto es lo que ocurre cuando un juez “originalista” quiere de repente pasarse al “activismo judicial”, que resbala y cae.

c)       La doctrina de la colisión de derechos y que el derecho de huelga no puede prevalecer frente a intereses generales ¿La aplicará el juzgador en el caso de huelga de jueces, de secretarios judiciales o de funcionarios tramitadores? ¿Qué ocurre si el Fiscal no actúa en un supuesto similar?¿O mirarán para otro lado y entonces los “derechos de los ciudadanos” les traerán al pairo como se los trajo en febrero, marzo y abril de 2008?

d)      Lo más sangrante, lo último. Rechaza la aplicación del principio de igualdad porque considera no existe la necesaria identidad “ya que en un caso se trataba de una huelga de funcionarios y en otro de la suspensión de un servicio por parte de los letrados del turno de oficio que no reúnen dicha condición”. Reconocemos de manera abierta, sin tapujos ni paños caliente: en este caso el juez ha tenido el inmenso valor de reconocer públicamente en la sentencia que la única diferencia radica en que los letrados no son funcionarios; en otras palabras, que si uno ostentase la condición de empleado público habría podido pisotear el derecho del ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas con el apoyo expreso de todo el poder judicial. Extraña y lamentable teoría, y aún más extraño que se constate en un documento judicial: quienes perciben sus emolumentos de los presupuestos (nacionales o autonómicos) pueden ampararse en el derecho de huelga para vulnerar derechos de los ciudadanos, mas quienes no viven del erario público sino de su trabajo particular no (aunque deben sufrir las consecuencias si los primeros deciden ejercer el sacrosanto derecho de huelga).

En definitiva, que, como dice un compañero de profesión, pese a encontrarnos en el siglo XXI cada vez parece que retrocedemos aún más al Antiguo Régimen: siguen existiendo clases privilegiadas y esclavos. Esta sentencia lo refleja explícitamente con toda su crudeza. Aunque, insisto, quizá debiéramos actuar como un juez de primera instancia de cierta villa del centro de Asturias quien, tras poner a caldo a los letrados del turno de oficio diciéndoles que no están preparados y que les faltaba formación manifestó textualmente que él sabía que no tenía el derecho de huelga y que su órgano de gobierno se la había negado, pero que aun siendo consciente de ello fue a la huelga. En otras palabras, que si no le reconocieron el derecho se lo tomó de facto. Quizá los letrados debiéramos hacer lo mismo.

Monsieur de Villefort

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