Luces y sombras en la satisfacción de las rentas vencidas en los juicios de desahucio

[27] la SAP de La Rioja de 4 de marzo de 2.002 como significativa y clarificadora, concluyéndose que el beneficio de justicia gratuita no exime al arrendatario de su obligación de cumplir lo previsto en el art. 449.1 LEC, no pudiendo por tanto eludir el beneficiario la consignación.

La AP dispone que si bien es cierto que el art. 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita viene a establecer como contenido material del derecho una serie de prestaciones, y entre ellas, en el apartado 5º, se contempla la exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recurso, su contenido viene referido exclusivamente a los depósitos que la norma exige para el ejercicio del derecho al recurso y en beneficio del Estado, pero “en ningún caso cuando el derecho se reconoce en favor de la contraparte y el requisito es de obligada observancia para la interposición y mantenimiento del recurso”, actividad que no debe conceptuarse como depósito sino como pago o en su caso consignación y en favor del arrendador.

En parecidos términos se pronuncia la SAP de Tarragona de 23 de junio de 2.005 cuando razona que no exime al apelante de su consignación el habérsele concedido el beneficio de justicia gratuita, ya que “la consignación de las rentas debidas no es un depósito exigido por la Ley para recurrir, ni puede equipararse a ninguno de los restantes supuestos en los que se patentiza el contenido material del derecho a la justicia gratuita, pues simplemente pretende, para evitar maniobras fraudulentas y tutelar la reciprocidad o bilateralidad del contrato de arrendamiento, asegurarse que el inquilino abone las rentas durante el tiempo que está tramitándose el recurso de apelación y se encuentra ocupando la finca”, obligación que igualmente soporta quien ostenta el derecho a la justicia gratuita.

Y es que la exigencia del pago o consignación como acceso a la impugnación no supone vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, y en tanto que los inquilinos con independencia del resultado del proceso de desahucio, son deudores de las cantidades requeridas.

5. Análisis del horizonte impugnatorio a corto plazo.

El ambicioso y precipitado Proyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial[28], que pretende concretar la proximidad y la calidad que predica la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, hace temblar nuestros cimientos constitucionales, ya que no dispone la exclusiva atribución de la administración de Justicia a jueces independientes como predica nuestra Carta Magna, lo que supone un fuerte menoscabo de las garantías y derechos de todos en lo relativo a la tutela judicial[29].

Y así se erige la figura del Secretario Judicial como central en la reforma, sin que existan suficientes mecanismos de control por los Jueces y Magistrados respecto del ejercicio de sus funciones, hiperdimensionadas –trascendiendo lo procesal- en estos funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia y que, salvo en el ejercicio de la fe pública judicial, desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de “unidad de actuación y dependencia jerárquica” ex. art. 452.1 LOPJ.

De este modo, salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pueda afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se atribuye la competencia del trámite al secretario judicial, que admitirá la demanda en la práctica generalidad de los casos, y asimismo dará terminación al procedimiento cuando fuere consecuencia de la inactividad de las partes, o por una satisfacción extraprocesal, a través de la nueva figura del decreto como resolución procesal. La enervación de la acción de desahucio por pago o consignación de las rentas por el arrendatario con pleno consentimiento del arrendador será también una declaración procesal que partirá de la mano del secretario judicial[30].
Del artículo 449 LEC el único apartado cuya reforma se propone es el 6º, en tanto que del rechazo o declaración del recurso como desierto, pasa a conocer el secretario como técnico en derecho integrante de un cuerpo superior jurídico (Exposición de Motivos, III) en detrimento del Tribunal aludido en el 231 LEC.

Mención aparte merece la llegada del nuevo Ministro, tras renuncia del anterior por cinegéticos motivos, y el advenimiento de la enmienda nº 677[31], justificada por la garantía al derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas desincentivando la utilización abusiva de los recursos. Nada más lejos de la realidad, pues como analizaremos seguidamente, el fin es puramente recaudatorio, pretendiéndose sufragar de este modo la llegada de las nuevas tecnologías a la Oficina Judicial y atemperar los efectos de los crecientes gastos que arrastra la asistencia jurídica gratuita.

Dado que difícil encaje tendría la figura de un depósito dentro de un articulado ya de por sí, sobrecargado (aunque no es descabellado pensar en un art. 448 bis o 450 bis LEC aprovechando la técnica legislativa aplicada para el proceso penal), se retoma la figura siempre agradecida de la Disposición Adicional que todo lo alberga, y así encontramos el recaudatorio nuevo articulado que sintetiza el proyecto[32] auspiciado por el recién llegado Ministro Caamaño.
Comenzamos por tanto con una tarifa plana de 50 euros por unidad para todo tipo de recursos, a excepción de los de queja, en que baja a 30 euros, y para las reposiciones, que descienden a 25 euros. A simple vista y de cara a la pretendida finalidad que se declara, un precio desequilibrado, por cuanto en una esfera merodilatoria, la reposición es ciertamente cara comparativamente hablando, habida cuenta se llevará a efecto lo acordado ex. art. 451 LEC, y el Juzgador tiende a resolverlo en breves líneas y a buen seguro, de forma mucho más rápida y económica procesalmente que lo que tarda un letrado en confeccionar el recurso presentado.

En las antologías del buen dilatador, se recuerdan casos patológicos en los que los letrados recurrían incluso los proveídos por los que se tenían por presentados sus previos recursos de reposición[33]. Sin embargo, por experiencia práctica, podemos insistir en que dicha conducta merodilatoria, hoy por hoy, es una anécdota que no consigue retrasar la marcha de la Oficina Judicial, más allá de la elaboración de Providencias de tres líneas y sus traslados, convirtiendo en innecesaria la imposición de un depósito previo, y resultando que en muchos supuestos tan encauzado va el procedimiento y tan poca afección le produce una reposición, que llega la sentencia y todavía no se ha resuelto el otrora recurso, que los letrados, por así decirlo, vienen a dar por desestimado por silencio negativo, en analogía con la vía administrativa, y sin perjuicio del derecho a la crítica, al pataleo y a la recurrente invocación a la tutela judicial efectiva.

Quedan exentos del depósito previo, como era de prever, el Ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes, quizás por presumirse que ellos son incapaces de interponer recursos merodilatorios, y por la razón más práctica y certera de que carece de sentido que la Administración abone un depósito cuyo destinatario siempre es ella.

Asimismo, se ha excluído automáticamente a los beneficiarios de asistencia gratuita, en justo correlato con el art. 6 LAJG que establece en su apartado 5º que dentro del contenido material del derecho se comprende la exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

Teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación se reduce a los órdenes civil, administrativo, laboral y penal, éste último sólo exigible a la acusación popular, y que los depósitos no conllevan una exigencia exorbitante, interpretamos que la reforma se convierte en simple mecanismo de copago aleatorio. Por varios motivos prácticos.

En primer lugar, porque el beneficiario de asistencia jurídica gratuita, a tenor de las excepciones, podrá interponer recurso sin traba y sin perjuicio del fin efectivamente pretendido. No se prevé una reforma en la línea marcada por la STC 53/1983, de 20 de junio, partiendo del derecho de configuración legal y disponibilidad presupuestaria que consagra el artículo 119 CE. Si efectivamente se pretendía frenar la tendencia general al recurso, se podrían haber reproducido los argumentos que contiene la STC para justificar el ingreso del depósito, que ni es exorbitante para un ciudadano aun carente de recursos, ni éste ha de ingresar docenas de ellos en cada procedimiento judicial. Pudiendo haberse adaptado esa jurisprudencia a la reciente LAJG, una labor de equilibrismo jurídico harto más sencilla que separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal.

En segundo lugar, porque las tendencias dilatorias encuentran su hábitat natural en el ámbito penal, donde pretenden ralentizar la acción de la justicia para retrasar lo inevitable. Y recordemos que en este ámbito, no se obliga al depósito al imputado, gran beneficiario de cualesquiera retrasos.

En tercer lugar, porque el depósito bien cumple su papel recaudatorio anticipado, pero como instrumento disuasorio es sencillamente ridículo. ¿Meses de apelación a costa de cincuenta euros? Creemos seriamente que a quien no disuade la condena en costas de una apelación, ni los gastos añadidos que arrastra la oposición a una ejecución (y no son pocas las que plagan los juzgados), tampoco va a desmotivarle el obligado ingreso de 50 euros, que se van a convertir en unos suplidos añadidos a la cuenta del procurador, en régimen de igualdad con las fotocopias. La reforma deja algunas lagunas, como la de la oposición a una previa apelación, cuando también abarque impugnación de la Sentencia.

Concluyendo, los recursos van a ser diferentes en una nueva Oficina judicial que aleja a los jueces de los casos. Vamos a abonar una nueva tasa judicial reversible para el sólo caso de que nos estimen la impugnación. Y asistiremos a una relectura constitucional en la que se alejará a los Jueces y Magistrados independientes del dictado de resoluciones con eficacia jurídica trascendente, por mor de los Decretos de nueva implantación y de las nuevas competencias del secretario judicial.

Dicen que traerá la modernidad, pero si también arrastra el fuerte menoscabo de las
garantías y derechos en lo relativo a la tutela judicial, no la queremos. Así no.

Rafael Prieto

[1] Exposición de motivos de la NLEC.
[2] SÁNCHEZ-CRUZAT, B. Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional. Pamplona, 1992. p.600.
[3] Al pago o consignación de las rentas pendientes, como en los supuestos que analizamos.
[4] SSTC 100/1988 de 7 de julio, 102/1984 de 12 de noviembre, 59/1984 de 10 de mayo, 109/1987 de 29 de junio y
5/1988 de 21 de enero.
[5] “A tal efecto debe recordarse que esta Sala tiene declarado en relación con el cumplimiento del requisito que nos ocupa que, en materia de procesos arrendaticios, hay una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que, al examinar sobre la posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y partiendo del presupuesto de que el acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción al ver limitada la eficacia del principio pro actione ( SSTC 236/98 [ RTC 1998, 236] , 184/2000 [ RTC 2000, 184] y 239/00 [ RTC 2000, 239] ), ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación de las rentas vencidas en el momento procesal oportuno y el de su prueba y acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de ésta cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, por ser éste un requisito formal susceptible de tal cosa, que sólo puede fundar una resolución de inadmisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito ( SSTC 344/93 [ RTC 1993, 344], 346/93 [ RTC 1993, 346] y 100/95 [ RTC 1995, 100]), lo que no cabe decir del hecho del pago o consignación en sí mismo, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado (cfr. SSTC 104/84 [ RTC 1984, 104] , 90/86 [ RTC 1986, 90] , 87/92 [RTC 1992, 87] , 214/93 [ RTC 1993, 214] , 344/93, 346/93, 249/94 [ RTC 1994, 249] , 100/95 y 26/96 [RTC 1996, 26] , entre otras). Dicha doctrina constitucional fue reiteradamente aplicada por esta Sala a la hora de exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1706-3º de la LECiv/1881(LEG 1881, 1) , que imponía al arrendatario la obligación de aportar, al momento de la interposición del recurso, el documento acreditativo del pago o consignación de las rentas vencidas en aquellos recursos de casación que interpusieran contra las Sentencias recaídas en los juicios sobre arrendamientos rústicos, urbanos o de cualquier naturaleza, y, en la medida en que lo que hace la nueva LECiv, en su art. 449.1, es anteponer al momento de la preparación del recurso la acreditación de dicho pago, debe aquélla entenderse vigente, más si se atiende a lo dispuesto en el ordinal 6º del referido art. 449 LECiv/2000, que, al remitirse al art. 231 del mismo texto legal, posibilita la subsanación, antes de rechazar o declarar desierto el recurso, en el caso de que la parte recurrente no acreditara documentalmente, a satisfacción del tribunal, el cumplimiento del requisito legal, que viene referido a la totalidad de los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, con independencia de cuál sea la causa a que obedezca el mismo. En el caso examinado, la parte recurrente omitió toda referencia al cumplimiento de este requisito en el escrito preparatorio del recurso, circunstancia que no lleva aparejado su rechazo de plano, en cuanto referida la manifestación exigida por aquel artículo al momento de la preparación del recurso y remitiéndose al apartado 4 de ese precepto al art. 231 LECiv/2000, ha de tenerse en cuenta que el término «manifestar», evidentemente anfibológico, se utiliza en esta norma en la acepción de «poner a la vista o descubrir», y no en la de «dar a conocer o declarar», de manera que subsanable es lo actuado deficientemente, aunque en momento procesal oportuno, patentizando una «voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley», de lo que se deduce que al existir un previo y oportuno cumplimiento de la obligación del pago de la renta, es posible suplir a posteriori la justificación documental, no pudiendo perderse de vista, en todo caso, que el art. 11.3 LOPJ y el principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 12/92 [ RTC 1992, 12] , 87/92, 115/92 [RTC 1992, 115] , 130/93 [RTC 1993, 130] ,214/93, 344/93, 346/93, 249/94, 100/95, 26/96 y 204/98 [RTC 1998,204]) imponen que tal exigencia formal deba examinarse partiendo de la interpretación teleológica de la norma que establece el requisito de recurribilidad, teniendo en cuenta la finalidad perseguida por el legislador, que no es otra que la de asegurar que el sistema de recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, evitando así que el arrendatario pueda valerse del mismo para dejar de satisfacer la renta durante su tramitación ( SSTC 46/89 [ RTC 1989, 46] , 31/92 [ RTC 1992, 31] , 115/92, 344/93 y 249/94). Y puesto que la Audiencia no realizó actuación alguna tendente a subsanar la falta de justificación del cumplimiento de este requisito –ya que rechazó el recurso por su presentación fuera de plazo– la cuestión se ciñe a determinar si por el recurrente se ha cumplido debidamente aprovechando el trámite subsanatorio que esta Sala acordó mediante Providencia de 10 de septiembre de 2003, dictada en este rollo; pues bien, a la vista de los recibos de pago aportados con el escrito presentado ante este Tribunal el 25 de septiembre siguiente –correspondientes a los meses de octubre de 2002 a septiembre de 2003, y un recibo adicional de 8 de abril de 2003 cuyo concepto no consta– y teniendo en cuenta que la parte recurrida en el escrito presentado ante la Audiencia Provincial el 31 de enero de 2003 (alegación tercera) y en el escrito de impugnación del recurso de reposición preparatorio de la queja, presentado ante dicha Audiencia el 29 de abril de 2003 (alegación cuarta) denuncia la falta de acreditación del cumplimiento del requisito, pero no el efectivo incumplimiento de su obligación de pago de la renta o de cualquier otra cantidad que deba satisfacer por adelantado, debe entenderse por cumplido dicho presupuesto”.
[6] voluntad.
(Del lat. voluntas, -?tis).
1. f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta.
2. f. Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola.
3. f. Libre albedrío o libre determinación.
4. f. Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue.
5. f. Intención, ánimo o resolución de hacer algo.
6. f. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto.
7. f. Gana o deseo de hacer algo.
8. f. Disposición, precepto o mandato de alguien.
9. f. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo. Propia voluntad
10. f. Consentimiento, asentimiento, aquiescencia.
11. f. U. como fórmula para pedir un precio o un donativo cuyo importe queda a discreción del prestatario. LA voluntad
12. f. coloq. propina (? gratificación). LA voluntad

[7] SAP La Rioja de 31 de octubre de 2.002.
[8] SAP de Asturias, de 18 de marzo de 2.002, SAP de Granada, de 18 de julio de 2.002, SAP de Toledo de 18 de enero de 2.002.
[9] AAP de Toledo de 24 de mayo de 2.001.
[10] La STC nº 79/2.001, de 26 de marzo, dispone que “este Tribunal ha declarado que los órganos judiciales deben ponderar la entidad real de los defectos que advierten en los actos procesales de las partes en relación con el cierre del proceso y el acceso a la jurisdicción, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto cometido y la sanción que deben acarrear, y procurar siempre que sea posible su subsanación, al objeto de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. En dicha ponderación deben de atenerse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida y su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, así como a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal incumplido o irregularmente observado ( SSTC 87/1986, de 27 de junio [ RTC 1986, 87] , F. 3; 117/1986, de 13 de octubre [ RTC 1986, 117] , F. 2; 33/1990, de 26 de febrero [ RTC 1990, 33] , F. 3; 331/1994, de 19 de diciembre [ RTC 1994, 331] , F. 2; 145/1998, de 30 de junio [ RTC 1998, 145] , F. 2; 35/1999, de 22 de marzo [ RTC 1999, 35] , F. 4; 108/2000, de 5 de mayo [ RTC 2000, 108], F. 2; 193/2000, de 18 de julio [ RTC 2000, 193] , F. 3)”.
[11] ATSJ de Granada de 4 de marzo de 2.003.
[12] AAP de La Rioja de 8 de noviembre de 2.001.
[13] STS de 23 de diciembre de 2.005 y AAP de Cáceres de 18 de julio de 2.005.
[14] SAP de Asturias, de 18 de marzo de 2.002: “La redacción del mencionado párrafo conlleva a preguntarnos sí lo que ha querido significar el legislador ha sido que a pesar de la falta de cumplimiento de la obligación de pago, consignación, depósito o aval al tiempo de formular la preparación de la apelación la mera declaración de voluntad manifestada en dicho escrito de preparación por parte del recurrente de cumplir dicho presupuesto sería suficiente para que el órgano judicial se viera obligado a otorgarle la posibilidad de subsanar dicha falta, no pudiendo declarar de plano la inadmisión del recurso con la consiguiente firmeza de la resolución apelada. A juicio de esta Sala (que ya se pronunció al respecto como luego se verá) no parece muy convincente entenderlo así, si tenemos en cuenta que el propio párrafo que estamos comentando alude en su inciso final expresamente a que el recurrente “no acreditara documentalmente, a satisfacción del Tribunal, el cumplimiento de tales requisitos” (esto es, el pago, consignación, depósito o aval), lo que parece indicar que tenían que haberse cumplido al tiempo de la presentación del escrito de preparación del recurso, siendo su justificación lo que podría quedar pendiente para acreditar “a posteriori”, debiendo en tal caso el órgano judicial otorgarle tal posibilidad; en suma, que una cosa sería el hecho del pago, consignación o aval, y otra distinta su justificación documental, siendo pues la carencia de esta última la que daría lugar a su posible subsanación, de manera que el hecho de instar el recurso sin que el recurrente hubiere efectuado el previo pago, consignación, depósito o aval daría lugar a proveer su inadmisión, sin que a ello pudiere obstar la mera manifestación del recurrente de verificarlo más tarde. Entiende, pues, esta Sala que la expresión “hubiere manifestado su voluntad” utilizada por el legislador en el art. 449-6° de la LEC no se compadece con el carácter esencial y necesario del requisito de pagar, depositar, consignar o avalar, pues los mismos han debido haberse cumplido de manera efectiva y real en el momento de la presentación del escrito de preparación de la apelación, siendo tan sólo la cuestión relativa a la justificación efectiva del cumplimiento de tal requisito lo que puede dar lugar a que el órgano judicial conceda al recurrente un plazo para subsanar tal carencia de prueba a fin de que, acreditado por el recurrente que efectivamente había cumplido dicho presupuesto, se tuviera por preparado el recurso de apelación. Concluyendo, lo subsanable es la acreditación de la consignación, pero no la consignación en sí misma. Esta Sala, como se dijo, se ha pronunciado al respecto en su reciente auto de 14-12-01, en el que se afirmó que la posibilidad de subsanación prevista en el numero 6 del artículo 449 lo es, como muy bien se recoge en la resolución recurrida, para que la parte recurrente pueda acreditar que a la fecha en que debió consignar, lo había efectivamente llevado a efecto. Puestos en relación los artículos 231 y 449, ambos de la LEC, debe entenderse que lo que la Ley permite subsanar es el “olvido” de la parte de acreditar documentalmente que el pago se ha efectuado dentro del plazo legalmente previsto en el numero 3 del artículo últimamente citado, sin que baste la mera manifestación de cumplir, en un tiempo indeterminado, un requisito de sobra conocido por la propia parte recurrente”.
[15] AAP de Burgos, de 22 de marzo de 2.002.
[16] STC de 7 de noviembre de 2.005.
[17] ATS de 19 de noviembre de 2.002.
[18] AAP de Córdoba de 12 de abril de 2.002.
[19] SAP de Barcelona de 21 de septiembre de 2.004.
[20] SAP de Cádiz, de 22 de febrero de 2.002: “No es la que adoptamos una decisión caprichosa y carente de fundamento alguno, pues se asienta en la posición adoptada por el Tribunal Constitucional en su Auto 34/91, de 25 de Noviembre, en el que ante la polémica suscitada sobre si en los casos de consignación la falta de abono de las rentas puede ser o no subsanada, llegó a la conclusión de que debía procederse a su inadmisión, y ello en atención a que el recurrente no podía ignorar la exigencia de consignar las rentas debidas, siéndole por ello exigible una diligencia en grado máximo” añadiendo que “esa falta de consignación justifica la inadmisión del recurso de apelación sin que sea doble apreciar un formalismo excesivo o desproporcionado”. En el presente caso el recurrente conocía dicha obligación, pues no cabe olvidar que estaba debidamente asistido por su letrado. Pero es que a mayor abundamiento, y sin bien ha de reconocerse que existe en las Audiencia Provinciales una jurisprudencia contradictoria acerca de la posibilidad o no de subsanar los errores padecidos por los recurrentes en apelación a la hora consignar, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de finalidad de la exigencia de dicho depósito es la de salvaguardar los derecho de quien ha obtenido una sentencia favorable, garantizando al perjudicado el cobro de la cantidades que se le han reconocido y evitando maniobras dilatorias del apelante, esto es, el uso abusivo de la facultad de recurrir con fines dilatorios (S.S.T.C. de 2-7-90, 84/92 y de 25-4-94), por lo que ha de concluirse que la omisión como la de los ahora recurrentes no es subsanable”.
[21] anfibología.
(Del lat. amphibolog?a, y este del gr. ?????????, ambiguo, equívoco).
1. f. Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación.
2. f. Ret. Figura que consiste en emplear adrede voces o cláusulas de doble sentido.
RAE, op. cit.
[22] ATS de 11 de noviembre de 2.008: “A tal efecto debe recordarse que esta Sala tiene declarado en relación con el cumplimiento del requisito que nos ocupa que, en materia de procesos arrendaticios, hay una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que, al examinar sobre la posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y partiendo del presupuesto de que el acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción al ver limitada la eficacia del principio pro actione ( SSTC 236/98 [RTC 1998,236] , 184/2000 [RTC 2000, 184] y 239/00 [RTC 2000, 239]), ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación de las rentas vencidas en el momento procesal oportuno y el de su prueba y acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de ésta cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, por ser éste un requisito formal susceptible de tal cosa, que sólo puede fundar una resolución de inadmisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito ( SSTC 344/93 [ RTC 1993, 344] , 346/93 [ RTC 1993, 346] y 100/95 [ RTC 1995, 100] ), lo que no cabe decir del hecho del pago o consignación en sí mismo, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado (cfr. SSTC 104/84 [ RTC 1984, 104] , 90/86 [ RTC 1986, 90] , 87/92 [ RTC 1992, 87] , 214/93 [ RTC 1993, 214] , 344/93, 346/93, 249/94 [ RTC 1994, 249] , 100/95 y 26/96 [ RTC 1996, 26] , entre otras). Dicha doctrina constitucional fue reiteradamente aplicada por esta Sala a la hora de exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1706-3º de la LECiv/1881 ( LEG 1881, 1) , que imponía al arrendatario la obligación de aportar, al momento de la interposición del recurso, el documento acreditativo del pago o consignación de las rentas vencidas en aquellos recursos de casación que interpusieran contra las Sentencias recaídas en los juicios sobre arrendamientos rústicos, urbanos o de cualquier naturaleza, y, en la medida en que lo que hace la nueva LECiv, en su art. 449.1, es anteponer al momento de la preparación del recurso la acreditación de dicho pago, debe aquélla entenderse vigente, más si se atiende a lo dispuesto en el ordinal 6º del referido art. 449 LECiv/2000, que, al remitirse al art. 231 del mismo texto legal, posibilita la subsanación, antes de rechazar o declarar desierto el recurso, en el caso de que la parte recurrente no acreditara documentalmente, a satisfacción del tribunal, el cumplimiento del requisito legal, que viene referido a la totalidad de los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, con independencia de cuál sea la causa a que obedezca el mismo. En el caso examinado, la parte recurrente omitió toda referencia al cumplimiento de este requisito en el escrito preparatorio del recurso, circunstancia que no lleva aparejado su rechazo de plano, en cuanto referida la manifestación exigida por aquel artículo al momento de la preparación del recurso y remitiéndose al apartado 4 de ese precepto al art. 231 LECiv/2000, ha de tenerse en cuenta que el término «manifestar», evidentemente anfibológico, se utiliza en esta norma en la acepción de «poner a la vista o descubrir», y no en la de «dar a conocer o declarar», de manera que subsanable es lo actuado deficientemente, aunque en momento procesal oportuno, patentizando una «voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley», de lo que se deduce que al existir un previo y oportuno cumplimiento de la obligación del pago de la renta, es posible suplir a posteriori la justificación documental, no pudiendo perderse de vista, en todo caso, que el art. 11.3 LOPJ y el principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 12/92 [ RTC 1992, 12] , 87/92, 115/92 [ RTC 1992, 115] , 130/93 [ RTC 1993, 130] , 214/93, 344/93, 346/93, 249/94, 100/95, 26/96 y 204/98 [ RTC 1998, 204] ) imponen que tal exigencia formal deba examinarse partiendo de la interpretación teleológica de la norma que establece el requisito de recurribilidad, teniendo en cuenta la finalidad perseguida por el legislador, que no es otra que la de asegurar que el sistema de recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, evitando así que el arrendatario pueda valerse del mismo para dejar de satisfacer la renta durante su tramitación ( SSTC 46/89 [ RTC 1989, 46] , 31/92 [ RTC 1992, 31] , 115/92, 344/93 y 249/94). Y puesto que la Audiencia no realizó actuación alguna tendente a subsanar la falta de justificación del cumplimiento de este requisito –ya que rechazó el recurso por su presentación fuera de plazo– la cuestión se ciñe a determinar si por el recurrente se ha cumplido debidamente aprovechando el trámite subsanatorio que esta Sala acordó mediante Providencia de 10 de septiembre de 2003, dictada en este rollo; pues bien, a la vista de los recibos de pago aportados con el escrito presentado ante este Tribunal el 25 de septiembre siguiente –correspondientes a los meses de octubre de 2002 a septiembre de 2003, y un recibo adicional de 8 de abril de 2003 cuyo concepto no consta– y teniendo en cuenta que la parte recurrida en el escrito presentado ante la Audiencia Provincial el 31 de enero de 2003 (alegación tercera) y en el escrito de impugnación del recurso de reposición preparatorio de la queja, presentado ante dicha Audiencia el 29 de abril de 2003 (alegación cuarta) denuncia la falta de acreditación del cumplimiento del requisito, pero no el efectivo incumplimiento de su obligación de pago de la renta o de cualquier otra cantidad que deba satisfacer por adelantado, debe entenderse por cumplido dicho presupuesto”.
[23] AAP de Castellón, de 30 de junio de 2.006: “Partiendo de las consideraciones que anteceden es evidente que el recurso no debe prosperar, pues el apelante interpuso en su día el recurso de apelación sin que nada manifestase en el escrito de preparación sobre su voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades correspondientes ni, por supuesto, hiciera abono de ninguna de ellas. De donde se infiere, con toda claridad, que no ha existido voluntad de cumplir el expresado deber legal, cuyo incumplimiento únicamente cuando pueda entenderse justificado o excusable no dará lugar a la inadmisión del recurso, sin que pueda servir de pretexto en ese sentido que no tuvo tiempo el recurrente de consignar las cantidades correspondientes, cuando ninguna mención hizo siquiera a la posible subsanación de defectos procesales prevista en el art. 231 LEC , cuyo régimen de subsanabilidad debe entenderse también recogido en el apartado nº 6 del art. 449 LEC , referente a situaciones en las que el recurrente hubiese manifestado su voluntad de abonar o depositar pero no lo acredite documentalmente, de tal manera que lo que es subsanable es la acreditación del cumplimiento del requisito previsto en el citado apartado, pero no lo es el cumplimiento de la obligación de consignar el importe de las rentas vencidas y debidas”.
[24] A propósito de lo establecido por la Disposición Adicional Primera, apartado 4, de la LO 3/1989, de 21 junio ( RCL 1989, 1352).
[25] .SAP de A Coruña, nº 21/2002, de 16 de enero: “Como dice la SAP Granada de 4-04-2000, esta motivación no permite desconocer el principio de favorecimiento de recursos que mantienen el Tribunal Constitucional, al señalar que han de interpretarse las causas de inadmisión previstas por las Leyes procesales de forma restrictiva, por considerar que el acceso a los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente establecidos forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC. 60/1985, 110/1985, 81/1986 y 57/1988, entre otras), y el mismo Tribunal Constitucional S. 119/1994, de 25 de Abril, afirma que es preciso interpretar el requisito de la consignación ponderando en cada caso las circunstancias concurrentes y declara injustificada la inadmisión de la apelación por entender que “del examen de las actuaciones resulta la voluntad real de los recurrentes de cumplir con el requisito exigido por la L.O. 3/1989 para recurrir en apelación, al efectuar el depósito legalmente establecido, si bien en cuantía equivocada. Esta equivocación, de escasa cuantía respecto al importe exacto que debió depositarse, no puede justificar la inadmisión de la apelación, por ser absolutamente desproporcionada con la entidad real del defecto, la finalidad perseguida por la ley, que no es otra, -tal y como se señaló- de evitar recursos meramente dilatorios, lo que no acontece en el presente caso”.
[26] ATS de 29 de enero de 2.002: “A tales efectos debemos tener en cuenta que, ciertamente, la acreditación de las rentas vencidas era un requisito que se venía exigiendo en fase de interposición del recurso, lo que tenía su apoyo inicial en el art. 148.2 de la Ley 4104/1964, de 24 de diciembre ( RCL 1964, 2885; RCL 1965, 86 y NDL 1844) , Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y posteriormente en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 29/1994 de 25 de noviembre ( RCL 1994, 3272 y RCL 1995, 1141) , de Arrendamientos Urbanos, e igualmente en los arts. 1566 y 1706 de la LECiv de 1881. No obstante, en lo que a esta cuestión se refiere, la LECiv/2000 ha supuesto un cambio en la materia, pues si bien la legislación precedente remitía el presupuesto de hallarse al corriente de pago de rentas al momento de la interposición del recurso, el art. 449.1 de la LECiv 2000 exige que sea en fase de preparación de los recursos cuando se cumpla dicho presupuesto, lo que es absolutamente razonable y acorde con la finalidad a que el requisito tiende, pues la generalización de la fase de preparación en todos los recursos devolutivos (apelación, casación e infracción procesal), determina que el presupuesto que exige al arrendatario estar cumpliendo la obligación del pago, se anticipe siempre a la fase inicial que comporta la apertura del recurso, para evitar dilaciones en la firmeza de las sentencias que llevan aparejado el lanzamiento cuando no se encuentre al corriente de abono de la renta. La anticipación al momento procesal de la preparación determina que el control del presupuesto se produzca también en ese momento inicial, procediendo la denegación de la tramitación del recurso en caso de incumplimiento, sin que la utilización del término «admitirán», que emplea el art. 449.1 LECiv/2000, deba entenderse referida a la fase específica de la admisión de los recursos extraordinarios (arts. 473 y 483 LECiv/2000), pues evidentemente el mencionado art. 449.1 está referido a todos los recursos devolutivos y utiliza dicho término de forma genérica, equiparable en su formulación negativa a que se «denegará» la preparación, de manera que la Audiencia en el trámite que prevé el art. 480.1 LECiv/2000, no sólo debe analizar los requisitos del art. 479, sino también los presupuestos especiales.
[27] Llamas Pombo, Eugenio. Ley de Arrendamientos Urbanos: Comentarios y jurisprudencia doce años después. Ed. La Ley. p.1182. VV.AA.
[28] BOCG, nº 17-1, de 19 de diciembre de 2.008.
[29] “el citado Proyecto adolece, en su conjunto, de graves errores, de los que se derivarían daños irreparables para nuestra Justicia. De entre esos errores destaca la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal. Derivan de ahí disposiciones muy
negativas y carentes, algunas, de toda racionalidad jurídica”.
Por la unidad y la independencia en la Administración de la Justicia y por las garantías procesales de los ciudadanos. Sobre el “Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial”. Declaración de profesores universitarios de Derecho Procesal.
[30] Nueva redacción prevista del párrafo primero del apartado cuarto del artículo 22 LEC: «4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposición en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Para que pueda tener lugar esta forma de terminación del proceso será necesaria la plena conformidad del demandante. En el caso de que no existiera dicha conformidad se celebrará ante el tribunal la vista prevenida en el artículo 443 de esta ley.»
[31] BOCG, nº 17-7, de 5 de junio de 2.009.
[32] «Disposición adicional. Depósito para recurrir.
1. La interposición de recursos, ordinarios y extraordinarios, la revisión y rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisará de la constitución de un depósito a tal efecto.
En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular.
2. De esta regla general, quedará excluido en todo caso el derecho a la segunda instancia en el orden penal.
3. Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito:
a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación, y rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.
c) 50 euros, si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal.
d) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.
e) 50 euros, si fuera revisión.
4. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros.
5. El depósito para recurrir no será exigible a quienes tengan reconocida la condición de beneficiario de asistencia jurídica gratuita.
El Ministerio fiscal también quedará exento de constituir el depósito que para recurrir viene exigido en esta Ley. El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los organismos autónomos dependientes de todos ellos quedarán exentos de constituir el depósito referido.
6. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo. La admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo, si se trata de resoluciones interlocutorias ,a la presentación del recurso de queja, al presentar la demanda de rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, o al anunciarse o prepararse el mismo, en lo demás casos, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre del juzgado o del tribunal,la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado. El secretario verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos.
7. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.
Si el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación acreditativa. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada.
8. En todos los supuestos de estimación total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito, una vez firme la resolución. Si el tribunal estimare total o parcialmente la revisión o rescisión de sentencia, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.
9. Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición.
10. Los ingresos que se generen por los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta se destinarán exclusivamente a la modernización de la Administración de Justicia y a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita.
11. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia recibirán, para los fines anteriormente indicados, el 40% de lo ingresado en su territorio por este concepto. Asimismo, se destinará un 20% de la cuantía global para la financiación del ente instrumental participado por el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, encargado de elaborar una plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los juzgados y tribunales de España.
12. La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente mediante Real Decreto.
13. La introducción del depósito para recurrir no afectará el régimen actualmente vigente en relación con la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, el depósito para recurrir en suplicación y casación en el orden jurisdiccional social, ni el depósito para recurrir en revisión en el orden jurisdiccional civil.»
[33] Alonso-Cuevillas y Sayrol, J. Maniobras dilatorias: una mala práctica procesal. Economist & Jurist. Mayo 2.008. p. 108.

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