Algunas resoluciones DGRN sobre sociedades profesionales

Traemos tres resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado emitidas durante los meses de julio-agosto, a vuestra consideración. Son las siguientes:

SOCIEDADES PROFESIONALES Y AUDITORÍA DE CUENTAS: SE CONFIRMA LA DOCTRINA DE LA D.G.R.N. Tres resoluciones de 1 de Abril y otra de 2 de Abril de 2.009. (B.O.E. de 2 de Junio de 2.009). En el mismo sentido Resolución de 28 de Mayo (B.O.E. de 16 de Junio de 2.009).

Ir a la Disposición. Ir a la disposición

Se presenta un nombramiento de auditor de cuentas de una Sociedad Limitada, que, en principio es calificada negativamente por el Registrador, al entender que la sociedad nombrada debe entenderse disuelta al no haberse adaptado a las exigencias de Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, si bien, tras la interposición del recurso, con los mismos argumentos admitidos en anteriores Resoluciones (entre otras 5 y 6 de Marzo de 2.009-ver número 24º de esta misma Revista), inscribe el nombramiento pero con la mención de que mantenía su criterio «en cuanto al hecho de proceder a la disolución prevista en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007».
La Dirección General declara improcedente la interposición del recurso, al haberse ya inscrito el documento presentado, señalando la posibilidad de solicitar la exclusión de esa mención si se hubiera hecho constar en la inscripción.
Recordemos que la obligación de adaptación normativa con la consiguiente sanción de cierre registral y disolución de pleno derecho a que se refiere la disposición transitoria primera de la Ley de Sociedades Profesionales debe ser entendida según el sentido literal de la misma, toda vez que alude exclusivamente a las sociedades a las que sea aplicable “in toto” dicha Ley, a tenor de lo establecido en su artículo 1.1, por estar constituidas para ejercer como tales sociedades aquellas profesiones para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. Y, asimismo, han de prevalecer en dicha labor hermenéutica las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de conservación de la empresa, que imponen una interpretación restrictiva de la referida norma sancionadora, por lo que debe concluirse que no entra en juego la norma del apartado número 2 de la disposición transitoria primera de dicha Ley

Los administradores de fincas no pueden constituir sociedades profesionales

SOCIEDADES PROFESIONALES: LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS NO PUEDEN CONSTITUIRLAS. Resoluciones de 16,18 y 20 de Mayo de 2.009 (B.O.E. de 12 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición.

Se presenta en el Registro Mercantil escritura de adaptación de estatutos a la Ley de Sociedades Profesionales, que es calificada desfavorablemente en base a dos defectos subsanables:
1º).- No es posible que sea objeto de una sociedad profesional la “administración de fincas” pues para el ejercicio de dicha profesión no es necesaria la titulación universitaria.
2º). No se expresa el número y la numeración correlativa que cada socio posee en el capital social.
La D.G.R.N. confirma ambos defectos:
1º).- El primero porque es claro que la Ley 2/2007 queda reservada para las profesiones que exigen una titulación universitaria y dado que según la legislación vigente (Decreto 693/1968 de 1 de Abril), para el ejercicio de la profesión de administradores de fincas no es necesaria la titulación universitaria, es evidente que dicha profesión no puede acogerse a la Ley 2/2007. Para ello no es obstáculo el que el título se expida por algunas universidades, pues dentro de estas deben distinguirse los “títulos oficiales”, y “otros títulos”, siendo sólo los primeros los que se inscriben en el Registro de Universidades creado por la L.O. 6/2001 y que tienen validez en todo el territorio nacional. Además, aunque un administrador de fincas con titulación universitaria figure colegiado, tampoco podrá constituir una sociedad profesional, pues el Colegio de administradores de fincas, no puede considerarse colegio profesional a los efectos de la Ley 2/2.007, no pudiendo crear el pertinente registro de sociedades profesionales.
2º).- El segundo defecto también se confirma, señalándose que se debe exigir no sólo la relación de socios, obviamente con todos sus datos de identificación, el número y la numeración de las participaciones que les pertenecen, sino también, su carácter de profesional o no profesional, y en el primer caso colegio al que pertenecen y número de colegiado.

LA PROVISION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL B.O.R.M.E. REFLEJADO EN LA ESCRITURA CON UN NUMERO DE CUENTA DE CARGO NO ES VÁLIDO PUES SE TRATA DE UNA TASA Y NO CABE SU PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA. Resoluciones de 19 y 21 de Mayo de 2.009. (B.O.E. de 12 y 16 de Junio de 2.009). Ir a la Disposición. Ir a la Disposición.

Se presenta una escritura en el Registro Mercantil en la que el administrador solidario de una Sociedad presentaba la dimisión de su cargo y renunciaba simultáneamente a la condición de apoderado de la misma. En dicha escritura se designa un número de cuenta bancaria para los abonos dimanantes del proceso de inscripción.
El Registrador rechaza la calificación porque «No se realizado la provisión exigida por el artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil, para publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la inscripción que se practique».
Según el artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil, «el coste de la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuno provisión tendrá la consideración de defecto subsanable». Aparte las indicaciones transcritas, la normativa registral no incluye ninguna otra prescripción sobre la forma en que haya de efectuarse la entrega a cuenta de tales fondos.
Señala la Dirección General en este sentido, confirmando la nota de calificación, que el importe que se debe satisfacer a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» por la publicación de actos y anuncios en el Boletín Oficial del Registro Mercantil tiene la consideración legal de tasa. Su régimen viene establecido en el capítulo III (artículos 19 a 25) de la Ley 25 /1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. Conforme a lo dispuesto en los artículos 25 de esta Ley, 44 del Estatuto de la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» (aprobado por el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre) y 17 del Real Decreto 1979/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la edición electrónica del «Boletín Oficial del Registro Mercantil», la gestión y recaudación de la tasa corresponde a la propia Agencia, pero, mientras que la competencia para determinar el procedimiento de cobro de dicha tasa por la publicación de anuncios y avisos legales en la sección segunda se encuentra atribuida a este organismo público, la relativa al mismo extremo en relación con la publicación de actos en la sección primera viene asignada conjuntamente al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía y Hacienda así como a la misma Agencia. Y, a falta de una disposición posterior a estas últimas, el procedimiento de cobro de la tasa por publicación de actos societarios es el recogido en la normativa registral, concretamente en el aludido artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil, complementado por la Orden de 30 de diciembre de 1991, sobre el Registro Mercantil Central, en cuyo artículo 26 se determinan los trámites de liquidación, remisión de fondos y facturación entre los Registros Mercantiles, el Registro Mercantil Central y el Organismo editor, pero no se incluye previsión alguna sobre la forma en que deba efectuarse el ingreso.
Por consiguiente, la disciplina del pago será la establecida con carácter general para la satisfacción de obligaciones tributarias, contenida en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Con arreglo a este texto reglamentario, para que el pago de la tasa pudiera realizarse mediante domiciliación bancaria, como pretende el recurrente, habría de existir una norma tributaria que expresamente lo estableciera (cfr. artículo 34.1 de dicho Real Decreto), circunstancia que, como ha quedado expuesto, no concurre para las exacciones consideradas. Ante este dato de Derecho positivo, las disposiciones especiales citadas vienen a confirmar la necesidad de una previsión singular que admita la fórmula de pago cuestionada.

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