Motivos y razones

Las movilizaciones judiciales delatan el descontento de la judicatura, acreditativo del grado de descomposición de esta oligarquía partitocrática de poderes inseparados. Más allá de la justificación de las concretas reivindicaciones materiales, salariales o vacacionales de un servicio público, la insatisfacción judicial ha de servir al despertar de la conciencia de Poder del Estado del Judicial, reclamando la dignidad institucional e independencia que es inherente a su función de controlar a los restantes.

Hoy los jueces se encuentran de nuevo convocados a la huelga en un llamamiento fragmentado y disperso fruto de la exitosa “estrategia Caamaño”, consistente en el ofrecimiento de dádivas materiales y privilegios de clase funcionarial que han calado como la lluvia fina desde la primera huelga en una casta funcionarial por lo general adocenada en la plaza conseguida, esperando pacientemente que corra el escalafón. Desde el Ministerio, Juntas de Jueces y asociaciones que han desistido de las movilizaciones, se subraya que no existen ya motivos para la huelga, dada la actitud dialogante del sucesor de Fernández Bermejo y los acuerdos puntuales alcanzados fruto de la misma. Mientras, en las Juntas rebeldes se denuncia una falsa actitud dialogante que no se termina de concretar negro sobre blanco. Desde esta posición, los motivos que justificaron la primera huelga de jueces de la historia, continúan sin solución. Caamaño consigue así eficazmente reducir el conflicto a sus motivos materiales, excluyendo del debate las razones de la descomposición de la Administración de Justicia, cada día más administración y menos Justicia.

Razones precisamente y no motivos son los que sobran a esta huelga y más aún que en aquella de la que es secuela. La llegada de Caamaño al Ministerio ha impulsado de manera exponencial la burocratización de la Justicia y su reducción a mero departamento gubernamental, alcanzando cotas que el tosco Fernández Bermejo ni siquiera imaginó. La municipalización de los registros civiles sustrayéndolos a la dirección judicial, la desjudicialización de la instrucción de las causas penales, y la intención de recortar el sistema de recursos estableciendo tasas obligatorias para recurrir son hitos ministeriales que no existían el 18 de Febrero y que se materializaron con posterioridad a aquella histórica jornada.

Pedro M. González

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