Politica y Justicia

En recientes declaraciones a la agencia EFE, el Presidente de la Audiencia Nacional D. Ángel Juanes, ha lamentado que se esté utilizando el Derecho Penal “quizás demasiado”, en sus propias palabras, como instrumento de resolución de problemas políticos, “cuando éste no es el camino adecuado”. Juanes hizo estas declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en la mesa redonda titulada “¿Renacimiento de un nuevo Derecho Penal Político?” celebrada el día 4 de Junio último en Mérida en el marco de las Jornadas “Derecho Penal y Constitución: 30 años después”, organizadas por la Universidad de Extremadura.

Partiendo de un diagnóstico certero, el encuentro no llegó finalmente a otra conclusión sobre las causas de la preocupante judicialización de la política que la propia responsabilidad de los partidos a la hora de acudir a la vía jurisdiccional para solventar sus disputas políticas. La cortedad de ese juicio valorativo se encuentra en el mismo marco dogmático en que se desarrollaba la jornada, destinado simplemente a loar un texto constitucional que no recoge la separación de poderes, sino su mera división formal, ni instituye un auténtico Poder Judical.

La judicialización de la política es la foto en negativo de la politización de la justicia, consecuencias irremisibles ambas de la inseparación de poderes en origen. Ajeno a ello, el Presidente de la Audiencia Nacional lamentaba que últimamente “en la mayor parte de los países” se esté utilizando el derecho penal como instrumento para resolver los problemas políticos y sociales. “Se acude quizás demasiado prematuramente para resolver esos problemas al Código Penal, como texto que priva de bienes esenciales de la persona como es la libertad”, subrayó en su intervención.

Sin preguntarse el porqué de la judicialización de la política, los intervinientes, y entre ellos el propio Juanes, llegaron a la conclusión de que la deriva a procesos penales de las cuestiones políticas es característica descriptiva de los regímenes no democráticos concluyendo que tal situación “no se produce en los sistemas democráticos pero sí donde no existe este régimen”.

Hemos de congratularnos de que el propio Presidente de la Audiencia Nacional reconozca así la sustancia antidemocrática de esta oligarquía de partidos en la que la judicialización de la política es el pan nuestro de cada día. La personación como acusación particular del PSOE y PP imputándose delitos recíprocamente en numerosas diligencias judiciales, las querellas ideológicas contra Estados o la prohibición vía judicial de partidos políticos lo demuestran. Es más, la residencia misma del Juez Garzón en el órgano Judicial que Juanes preside evidencia la politización de la justicia, y según se desprende de la acertada conclusión del congreso extremeño, aunque esto lo callen, la ausencia de democracia en España.
Pedro M. González

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