Uniformidad judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 3.000 euros por una falta grave a la que fuera titular del Juzgado de Violencia de Género nº 1 de Santander, Dña. María Jesús García Pérez, por unas declaraciones en las que ponía en cuestión la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En una entrevista concedida a “El Mundo”, la Magistrado criticaba la eficacia de la norma y se posicionaba de forma clara contra la misma. Las expresiones constitutivas de la infracción apreciada por la Comisión Disciplinaria eran tales como: “Yo soy de los jueces que está en contra de esta Ley”, “la orden de protección no sirve para nada” o “cogí (el Juzgado de Violencia) para tener experiencia y verlo por dentro”.

Tales opiniones vertidas en octubre del año pasado por quien actualmente se encuentra destinada en el Juzgado de lo Penal nº 6 de Bilbao, merecieron el reproche de distintos colectivos feministas y de la Director General de la Mujer, Dña. Chavela Méndez que llegó a pedir expresamente “que la echen”. Fue sin embargo el Observatorio de Violencia Doméstica del CGPJ, a través de su presidente Dña. Montserrat Comas, quien solicitó al Servicio de Inspección de ese Órgano que abriera un expediente para determinar si la juez discrepante había cometido una falta grave de desconsideración a los ciudadanos y las instituciones.

Dicho y hecho. La calificación como falta grave y la sanción impuesta conforme al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se adoptó por unanimidad de la Comisión Disciplinaria, que en su resolución destaca como en tales declaraciones “existe materia suficiente para imponer la multa máxima”. Dicho precepto sanciona como falta grave “el exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, Secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales y funcionarios de la Policía Judicial”.

La graduación de la sanción así impuesta elevaba a los 3.000 euros la sanción inicialmente interesada por el instructor del expediente, que proponía la de 300 euros. Un auténtico aviso para navegantes.

Pedro M. González

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